Los trabajadores no podíamos seguir a la defensiva (…) debíamos pasar de manera inmediata a la ofensiva en una lucha clara no contra cualquier elemento o contra uno o dos administradores de la burguesía, o contra uno o dos patrones, sino pasar a la lucha inmediata y golpear contundentemente a la burguesía como clase. Luis Jiménez, secretario general de la CST.
La fuerza numérica de la clase obrera
Uno de los argumentos preferidos de los sectores reformistas y estalinistas que justifican la economía mixta y la política de alianzas con la burguesía seguida por los dirigentes del FSLN como la única posible en Nicaragua en aquel momento, es el de que la clase obrera nicaragüense tenía un peso numérico muy escaso y carecía del nivel de conciencia y madurez suficientes para poder ponerse al frente de la revolución. Lo cierto es que si sometemos este postulado a un análisis serio, llegamos precisamente a la conclusión opuesta. Los trabajadores nicaragüenses demostraron una y otra vez su firme decisión de luchar por el socialismo y el control obrero. Solo la ausencia de una dirección al frente de los sindicatos y organizaciones campesinas sandinistas con un programa genuinamente socialista, marxista, que les permitiese desplegar todo su potencial revolucionario y agrupar a todos los explotados, les impidió cumplir su tarea histórica.
En primer lugar, si comparamos el peso numérico de la clase obrera en Nicaragua en el momento de la revolución con el de la clase obrera en Rusia en 1917 vemos que el porcentaje de trabajadores asalariados dentro de la sociedad nicaragüense era muy superior.
El proletariado industrial representaba en Nicaragua en 1970 unos 113.000 trabajadores, un 20% de la Población Económicamente Activa (PEA) no agrícola. El 75% de los trabajadores industriales se concentraba en empresas de más de 170 puestos de trabajo. Pero, además de este proletariado industrial, otro 30% de la PEA no agropecuaria, unas 150.000 personas, estaba formado por trabajadores asalariados, fundamentalmente empleados administrativos —públicos y privados— y trabajadores del sector servicios. Por si fuera poco, el 40% restante de la PEA no agrícola estaba compuesto por artesanos, vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. Una buena parte de ellos estaban proletarizándose, arruinados por el mercado capitalista; otra, compaginaba los ingresos irregulares que les generaba la economía informal con el trabajo asalariado temporal en sectores como la construcción y otras labores estacionales. El resultado era la existencia de un semiproletariado urbano muy numeroso que junto a la clase obrera representaba la gran mayoría de la sociedad.
Al lado de este proletariado y semiproletariado urbanos existía un numeroso proletariado agrícola, que representaba el 41% de la PEA del sector agrario, sumando entre 120.000 y 130.000 personas. Las condiciones de vida y de trabajo de este sector de la clase obrera eran además intolerables, obligados a trasladarse constantemente de un trabajo a otro siguiendo el ritmo de las cosechas y los vaivenes del mercado. Si al semiproletariado de origen campesino le sumásemos los obreros agrícolas itinerantes tendríamos entre 230.000 y 240.000 trabajadores en estas condiciones.
En resumen, sobre una población total de menos de 3 millones de personas y una población activa de menos de un millón, los trabajadores asalariados representan entre 400.000 y 500.000. Además muchos campesinos medios y pobres estaban en proceso de proletarización. El 71% de los cortadores de algodón eran trabajadores asalariados, el 62% del tiempo de trabajo de las familias de cortadores de algodón y el 48% de la de los cortadores de café era absorbido por alguna actividad asalariada.
De la lucha sindical a la lucha política
Según las cifras del Ministerio de Trabajo, en 1979 solo había 138 sindicatos registrados en Nicaragua y agrupaban un total de 27.000 trabajadores. Este reducido número de trabajadores afiliados se reparte, en ese momento entre al menos seis centrales sindicales. La mayoría de los 138 sindicatos registrados son sindicatos de empresa con un número de afiliados bastante reducido. La extraordinaria fragmentación y reducido tamaño de las organizaciones sindicales, unido a las tendencias caudillistas que existían dentro del movimiento sindical, dificultarán al movimiento obrero aglutinar al conjunto de la población en la lucha contra Somoza y ponerse al frente de la lucha con sus propias consignas.
Este reducido número de afiliados a los sindicatos contrasta, sin embargo, con la participación masiva de los trabajadores en la insurrección. Según un estudio realizado en 1980 y citado por Carlos M. Vilas en su libro Perfiles de la revolución sandinista, el porcentaje de obreros entre los caídos en la insurrección contra Somoza representa el doble del porcentaje de obreros en relación a la población activa.
La clase obrera no dirige la insurrección pero participa en ella masivamente y en primera línea. La causa fundamental de que el proletariado industrial, y en particular los trabajadores sindicalizados, no dirigiesen la insurrección hay que buscarla en la falta de una dirección revolucionaria al frente de los sindicatos. Varias de las centrales sindicales más importantes permanecían bajo la influencia de partidos burgueses, lo que representaba un obstáculo gigantesco para que la clase obrera pudiese dotarse de sus propias consignas y programa de clase. Centrales como la CTN, la CUS o el MOSAN estaban dirigidas por miembros del partido socialcristiano o conservador. La propia CGT se rompe en 1960 porque un sector de la burocracia sindical permanecía bajo el control del régimen somocista. El ala izquierda, encabezada por los estalinistas del PSN, se escinde y forma la CGT (i).
La ausencia de una dirección que respondiese a la represión estatal planteando la unificación de las luchas y un plan de movilizaciones y programa capaces de aglutinar a todo el movimiento impedía al proletariado desplegar toda su fuerza, ser plenamente consciente de ella y ofrecerle un cauce revolucionario a las energías del conjunto de los explotados. Esto se veía reforzado por la tendencia a separar la lucha reivindicativa de la lucha política revolucionaria que mostraba la mayoría de dirigentes sindicales. Ninguna central sindical plantea en ese momento un programa que partiendo de las necesidades y reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores vincule éstas a la lucha por acabar con el capitalismo y transformar la sociedad. Esta ausencia de un programa que vincule las necesidades inmediatas de las masas con la lucha por el socialismo será un problema, incluso, una vez tomado el poder.
Por otra parte, los dirigentes del FSLN a causa de sus métodos guerrilleros desconfiaba de la capacidad de lucha de la clase obrera y tendían a basarse preferentemente en los campesinos y, sobre todo, en los estudiantes. Ni siquiera la llamada tendencia proletaria del FSLN realizará un trabajo sindical sistemático. Los primeros intentos de construir una fuerza en el movimiento sindical vinculada al FSLN partirán de sectores de los propios trabajadores que empiezan a identificarse públicamente como sandinistas. En 1977 un grupo amplio de militantes del PSN, prosoviético, rompe con el partido a causa de su política seguidista respecto a los burgueses de la UDEL y decide orientarse hacia el FSLN. Entre ellos destaca un contingente significativo de sindicalistas que ayudará a construir los primeros sindicatos sandinistas.
Afiliación masiva a la CST y la ATC
La insurrección de masas que derrocó a Somoza supuso un punto de inflexión para el movimiento obrero en todos los sentidos. Los trabajadores aumentaron enormemente la confianza en sus fuerzas y se lanzaron a la creación de sindicatos, comités y consejos de fábrica. Entre agosto de 1979 y diciembre de 1982 se registrarán en el Ministerio de Trabajo 1.200 nuevos sindicatos, lo que significa multiplicar por diez el número total de organizaciones sindicales de base existentes en el país. El 90% de estos nuevos sindicatos creados se afilia a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) o, en el caso de los sindicatos de trabajadores agrícolas, a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), nacida en 1977 y también de filiación sandinista. Ambas organizaciones se convertirán rápidamente en las fuerzas hegemónicas del proletariado nicaragüense. En julio de 1980, de un total de 457 sindicatos urbanos registrados, 369 estaban afiliados a la CST. Esto significaba más de 200.000 trabajadores urbanos, y si sumamos los trabajadores rurales de la ATC, alrededor de 300.000 trabajadores pertenecían a sindicatos sandinistas.
Esta explosión de la organización obrera era producto de la revolución y a la vez tenía como objetivo apoyar y completar la misma. Los trabajadores se organizan sindicalmente para luchar por sus reivindicaciones inmediatas, pero también, y sobre todo, con el objetivo de defender la revolución frente al cierre de empresas, la descapitalización y el sabotaje organizados por los capitalistas. Los sectores más avanzados de la CST y la ATC lucharán por el control obrero y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas y del Estado.
El nivel de conciencia de la clase obrera
En un primer momento, especialmente durante los primeros meses de revolución, sectores importantes —por no decir mayoritarios— de los trabajadores aceptan trabajar días gratis o rebajarse los salarios como un modo de apoyar la revolución y contribuir a la reconstrucción nacional planteada por los comandantes del FSLN. “En general los trabajadores aceptaron las restricciones iniciales que emergían de la precaria situación de la economía. El caso del sindicato “Armando Jiménez” del complejo lácteo La Perfecta es ilustrativo de una realidad más amplia. Para contribuir a la recuperación de la empresa los trabajadores decidieron percibir durante cierto tiempo medio salario” (Carlos M. Vilas, Op. Cit.).
Algunos sectarios y ultraizquierdistas identificaban esta disposición de los trabajadores a hacer sacrificios como un síntoma de su atraso o falta de madurez. Sin embargo, para los trabajadores que aceptan estos sacrificios los mismos van unidos al sentimiento de defender una revolución y considerarse gobierno; un Estado y un Gobierno que, pese a todas las contradicciones internas, consideran suyos. De hecho, cuando el cumplimiento de estas expectativas empieza a retrasarse, y los trabajadores ven cómo muchas empresas siguen en manos capitalistas, o muchos administradores de las empresas estatales actúan como tales, su actitud cambiará drásticamente.
Al mismo tiempo que una mayoría de trabajadores se muestra dispuesta a hacer sacrificios en aras de la reconstrucción nacional y muchos sindicatos de la CST apoyan y proponen estos sacrificios, asistimos a movilizaciones dirigidas por la misma CST y la ATC, muy masivas y combativas, demandando al gobierno la confiscación de las fábricas cerradas o descapitalizadas por los empresarios, así como a la organización de numerosas tomas y ocupaciones de empresas.
El plan de lucha impulsado por la CST en febrero de 1980 da una idea del debate que existía en su seno y las posibilidades que había, para una organización de cuadros marxista, de poder fermentar con una política revolucionaria consecuente los sindicatos sandinistas. El plan proponía la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas a través de los Consejos de Producción, la mejora del salario social, el incremento del salario mínimo, una revisión general de las tablas salariales y la reforma del Código de Trabajo, que procedía de la época de Somoza García (anterior a 1956).
Además, la CST llama a denunciar a todos los empresarios que incurran en prácticas de descapitalización, especulación o sabotaje y a los trabajadores a mantenerse vigilantes en la lucha contra estas prácticas.
En una declaración conjunta la CST y la ATC plantean que la disyuntiva real es “descapitalización o control obrero”, y en la II Asamblea por la Unidad de los Trabajadores, celebrada en 1981, la CST vuelve a llamar al Gobierno a emprender la vía de la confiscación y el control obrero. En una asamblea de trabajadores convocada con el significativo lema “Contra la descapitalización exigimos confiscación”, el entonces Secretario General de la CST, Luis Jiménez, declaraba: “Los trabajadores no podíamos seguir a la defensiva (…) debíamos pasar de manera inmediata a la ofensiva en una lucha clara no contra cualquier elemento o contra uno o dos administradores de la burguesía, o contra uno o dos patrones, sino pasar a la lucha inmediata y golpear contundentemente a la burguesía como clase” (Carlos M. Vilas, Op. cit.).
La lucha por el control obrero
La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas en un primer momento es concebida por el FSLN, e incluso por sectores de los propios dirigentes sindicales y trabajadores, como una tarea de vigilancia contra el sabotaje económico de los empresarios y para “la elección de representantes capaces de transmitir a los organismos estatales las necesidades reales y opiniones de los trabajadores” para que aquellos actuasen. Sin embargo, a medida que esta lucha toma impulso y los trabajadores sienten tanto la ofensiva de los capitalistas como la respuesta a medias de los dirigentes sandinistas, los objetivos y el alcance de la participación tienden a ampliarse: lucha contra el burocratismo en las empresas estatizadas, eliminación de los criterios patronales de disciplina laboral en las privadas, y también en muchas públicas, etc.
La I Asamblea por la Unidad de los Trabajadores, que tuvo lugar en abril de 1980, considera la participación como “participación en la producción”, en las tareas de la reconstrucción nacional y en las transformaciones del Estado. La II Asamblea por la Unidad de los Trabajadores, celebrada en julio de 1981, representa ya un avance en las conclusiones al plantear que la participación de los trabajadores debe incluir “tanto la gestión directa de las empresas como la planificación global de la economía nacional”.
Este planteamiento es también una respuesta al intento de algunas centrales sindicales vinculadas a la oposición burguesa, y de los propios empresarios, de descafeinar el control obrero planteando lo que ellos denominan cogestión. Estos sectores contrarrevolucionarios incluso hablan de coparticipación en los beneficios.
Coincidiendo con el primer aniversario de la victoria revolucionaria, varios empresarios de la ciudad de Granada vinculados al Partido Conservador implantan en sus empresas un sistema mediante el cual los trabajadores recibirían una parte de las ganancias.
Los sindicatos sandinistas denuncian el carácter contrarrevolucionario de estas maniobras y el asesoramiento de que son objeto dichos empresarios por parte de la Embajada de Estados Unidos. Mientras, la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), de orientación socialcristiana, intenta oponer a las consignas de control obrero o gestión de los trabajadores la de “propiedad social de los trabajadores”, refiriéndose a la participación de estos en las acciones de las empresas. Con todas estas maniobras la burguesía intenta establecer una cuña entre los trabajadores más avanzados y las capas más atrasadas y erosionar la base social del FSLN entre la clase obrera. Pero la ola revolucionaria sigue en ascenso y no tienen éxito en sus planes.
La tendencia de los trabajadores a exigir la participación en la gestión de las empresas y desarrollar distintas formas de control obrero será una constante a lo largo de estos primeros años de revolución. “De un total de 718 convenios colectivos en otras tantas empresas, 422 (59%) incorporan cláusulas relativas a la participación sindical en la gestión administrativa. En el APP (sector estatal de la economía) la proporción de convenios con este tipo de cláusulas es ligeramente mayor que en el área privada: 61% (122 sobre 199) y 58% (300 sobre 519) respectivamente. La central sindical más activa en esto es la CST, con casi 75% de los convenios” (Carlos M. Vilas, Op. cit.).
Asambleas de Reactivación Económica y Consejos de Producción
Los mecanismos de participación obrera en la gestión de las empresas serán dos: las Asambleas de Reactivación Económica (ARE), que se dan sobre todo a lo largo de 1980, y los Consejos de Producción, desarrollados posteriormente.
Las ARE nacieron vinculadas al Programa de Reactivación Económica presentado por el FSLN y su objetivo era organizar la discusión y difusión de los objetivos del mismo por parte de los trabajadores: cómo desarrollarlos en cada centro de trabajo, cómo incrementar la productividad y mejorar los niveles de vida, etc. “Los resultados de las asambleas dependieron del modo y la concepción con que fueron impulsadas. Las mejores ARE en términos de participación obrera, niveles de discusión y similares, fueron las que surgieron a partir del trabajo político del sindicato con sus bases (…) Las bases plantearon a veces con beligerancia la necesidad de conocer y avanzar hacia cuestiones hasta entonces vedadas a ellas. La existencia de un sindicato fuerte, sólidamente implantado en sus bases, demostró ser la condición para el desarrollo de un proceso realmente participativo. Al contrario, cuando las ARE fueron organizadas verticalmente desde la administración hacia las bases, los resultados fueron deficientes y no dejaron a los trabajadores interés por continuar el proceso hacia formas superiores”.
“La práctica de las ARE dio lugar a enfrentamientos intensos entre los trabajadores y la administración de las empresas por la resistencia de muchos directivos a posibilitar el acceso del sindicato a la información sobre el funcionamiento de la empresa, a la reproducción en el APP de los criterios de relación obrero-patronal del área privada, la mala administración de los recursos, etcétera” (Carlos M. Vilas, Op. cit.).
La clase obrera intentó hacer de las ARE un instrumento para participar en la dirección de las empresas y de la economía, pero este intento chocaba con los administradores designados a dedo por el Estado. Como respuesta a estas tensiones, en muchos casos lo que se hizo fue incorporar a dirigentes del sindicato a título individual a la Junta Directiva de la empresa. Pero esto en la mayoría de casos tuvo el efecto de burocratizar a una parte de esos dirigentes.
El relevo de las ARE fue tomado por los Consejos de Producción. “Luego de prolongadas discusiones, cada sección de la empresa elige un representante no ya basado forzosamente en criterios de nivel político sino en ser el más representativo como trabajador productivo (…) Este conjunto de trabajadores de todos los sectores o departamentos del centro, más los representantes de la administración por sección, se integra constituyendo el Consejo de Producción de la empresa. Los Consejos de Producción discuten las metas productivas de la empresa, las dificultades para su cumplimiento (…) la manera de hacerles frente, se elabora el reglamento interno de la empresa, se definen medidas para mejorar las condiciones generales de trabajo y seguridad ocupacional”.
Todas estas formas organizativas reflejan el intento de los trabajadores no sólo de tomar el control de sus vidas y sus fábricas sino de ponerse al frente de la revolución. Pero la limitación común a todas ellas sería la misma: los trabajadores obtenían, no sin lucha contra los administradores y burócratas estatales, una cuota de participación en la administración de cada empresa pero esto, si no se extiende al conjunto de la economía y de la sociedad, acaba finalmente generando más frustración que otra cosa.
El control obrero expresa el intento (y la necesidad) de los trabajadores como clase de gestionar no sólo su empresa sino la sociedad y el Estado en su conjunto. Esta tarea en Nicaragua estaba al alcance de la mano. Si las ARE o los Consejos de Producción hubiesen elegido delegados de cada rama de la producción y de cada sector y al mismo tiempo, junto a los CDS, hubiesen podido designar voceros para conformar Asambleas del poder obrero y popular local, regional y nacionalmente —y si estas asambleas hubiesen tenido capacidad para decidir sobre los presupuestos, las leyes, la política gubernamental, etc.—, el Estado de los trabajadores y el pueblo que necesitaba la revolución habría sido una realidad.
Pero, como en todo lo demás, este proceso se truncó a mitad de camino. “La participación en la gestión de las empresas, que comenzó como un conjunto de acciones inicialmente espontáneas de los trabajadores en las postrimerías de la etapa insurreccional fue institucionalizada paulatinamente. Las orientaciones del Estado a través de las normas reglamentarias y la presencia de sus técnicos y administradores fueron acotando poco a poco la diversidad de formas, criterios y métodos nacidos del entusiasmo —y el desorden— inicial” (Carlos M. Vilas, Op. cit.).
Balance
Entre 1979 y 1982-83 la clase obrera sandinista se movilizó una y otra vez intentando de un modo intuitivo, sin una dirección revolucionaria unificada y consciente y un programa acabado, completar la revolución mediante la confiscación y estatización de la empresas e intentando convertir instrumentos como las ARE y los Consejos de Producción en organismos que permitiesen desarrollar un genuino control obrero. No obstante, bajo la presión de la burguesía y de sus concepciones basadas en la alianza con los sectores democráticos de ésta y la construcción de la economía mixta, el gobierno sandinista renunció a apoyarse en el proletariado para asestar el golpe definitivo al capitalismo.
Las marchas y ocupaciones de fábricas y tierras organizadas por la ATC y la CST consiguieron, en determinados momentos, empujar hacia la izquierda la política gubernamental y acabarán siendo determinantes para provocar la salida de la burguesía de la Junta de Gobierno. Pero la presión desde abajo, por sí sola, no será suficiente para provocar el salto cualitativo que necesitaba la revolución.
Hacia finales de 1980 la dirección sandinista ya había empezado a poner énfasis en que “los conflictos laborales deben resolverse sin paralizar la producción, porque es evidente que ahora las huelgas no sólo dañan a la economía en general sino también a los trabajadores en particular” (Discurso del comandante Víctor Tirado en la I Asamblea por la Unidad de los Trabajadores celebrada en Managua, en noviembre de 1980).
A finales de julio de 1981 el Ministerio de Trabajo emite una orden prohibiendo los paros, huelgas, tomas de tierras y ocupaciones de empresas con motivo de denuncias de descapitalización. Reflejando las distintas presiones de clase a que sigue sometido el gobierno, el comunicado no contempla ninguna sanción para los infractores. Sin embargo, poco tiempo después esta ley sí será aplicada contra grupos de trabajadores huelguistas y algunos activistas, incluso, darán con sus huesos en la cárcel. La CST muestra su rechazo categórico a la decisión de limitar o prohibir las huelgas y tomas. La JGRN la ratifica y apoya de manera decidida.
A partir de 1982, la presión de la guerra y el colapso económico que esta provoca presionarán en el sentido de justificar las restricciones a las huelgas y la imposibilidad de ceder a las mismas. Al mismo tiempo, parece consolidarse la apuesta del FSLN por la economía mixta; al menos hasta que nuevos acontecimientos puedan desequilibrar la situación hacia derecha o izquierda. De este modo los comandantes del FSLN intentan responder a la presión de los trabajadores sin romper definitivamente con la burguesía. Finalmente, como hemos visto en el capítulo anterior, lo que ocurrirá es que no lograrán contentar a nadie.
El movimiento obrero sandinista, tras varios años de lucha por intentar convencer a los dirigentes del FSLN de que confiscasen y estatizasen las empresas, parece haber llegado al límite de lo que se puede conseguir mediante la presión espontánea desde abajo. El único modo de seguir avanzando y llevar la revolución hasta el final era que al frente de la CST hubiese una dirección marxista, o una corriente marxista de masas en su seno, que llamase a organizar una corriente de izquierdas dentro del propio FSLN para dar la batalla política por completar la revolución expropiando a la burguesía y construyendo un Estado de los trabajadores.
