El pasado 17 de junio Mohammed VI presentó en una alocución televisiva el resultado de los trabajos de la Comisión de Reforma Constitucional que él mismo había nombrado, y anunció la celebración de un inmediato referéndum el 1 de julio para ratificar las reformas propuestas. Con esta acción el rey y su camarilla intentan conjurar el peligro de que los levantamientos populares que están sacudiendo el mundo árabe, y que ya han derribado los regímenes dictatoriales de Túnez y Egipto, se extiendan a Marruecos. Preocupados por la creciente influencia del Movimiento 20 de Febrero, y temerosos de que las manifestaciones por la democracia acaben desencadenando un movimiento popular que no puedan controlar, la clase dominante marroquí ha decidido que es más prudente ceder en algunos aspectos secundarios, limando los rasgos más antidemocráticos del actual régimen, antes de afrontar el peligro de un levantamiento generalizado que haga peligrar sus intereses fundamentales.
Porque, pese a la solemnidad de la intervención de Mohammed VI, las reformas anunciadas son cambios superficiales que dejan intacto el aparato del Estado creado por Hassan II y mantienen los resortes básicos del poder real. Aunque se aumentan las competencias del primer ministro y del parlamento, el rey conserva sus prerrogativas básicas: el primer ministro seguirá necesitando el aval del rey para el nombramiento de numerosos altos cargos, el rey sigue siendo el líder religioso, el “comendador de los creyentes”, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, mantiene a su cargo la dirección de la política exterior, y sigue presidiendo el Consejo de Ministros y el Consejo Superior del Poder Judicial.
Además, se crea un nuevo órgano estatal, el Consejo Nacional de Seguridad, que será presidido por el rey. Con este nuevo órgano, que se convierte en el mando supremo de todos los cuerpos armados del Estado marroquí, se trata de asegurar que las concesiones democráticas podrían revertirse fácilmente si fuese necesario. En caso de que las reformas no resultasen útiles para desactivar las protestas populares, la opción de la represión masiva estaría perfectamente preparada y operativa. De hecho, la represión a pequeña escala no ha disminuido un ápice en las últimas semanas, como pudieron comprobar los jóvenes que intentaron celebrar un picnic el pasado 15 de mayo ante la sede de la policía política, protestando por el mantenimiento de las detenciones ilegales y de la tortura, y que fueron duramente reprimidos. También la suerte del joven Kamal Amari, detenido por la policía tras una manifestación en la ciudad de Asafi el 29 de mayo y golpeado hasta la muerte, es una señal de que el régimen de Mohammed VI no está dispuesto a bajar la guardia, y que se reservará la potestad de aplastar a sangre y fuego cualquier movimiento popular que se salga de los estrechos límites de su “reforma democrática”.
La respuesta del Movimiento 20 de Febrero y del sindicalismo de clase
En abierto contraste con las direcciones reformistas políticas (USPF y PPS) y sindicales (UMT y UGTM), a las que les faltó tiempo para alabar la bondad y el “espíritu democrático” del monarca, el Movimiento 20 de Febrero y el sindicato Confederación Democrática del Trabajo (CDT) han dado a la propuesta del rey la respuesta que se merece. El Movimiento 20-F y la CDT se niegan a aceptar como válida cualquier reforma concedida desde arriba, rehúsan tajantemente discutir las propuestas del rey, y llaman a la población a boicotear el referéndum del 1 de julio, denunciándolo como una maniobra para intentar ganar un margen de legitimidad para un régimen que conserva en lo fundamental su naturaleza autoritaria y represiva.
La firmeza de los jóvenes del Movimiento 20-F y de los trabajadores de la CDT, atreviéndose a romper la aparente unanimidad del apoyo popular al rey, ha supuesto un duro golpe para la operación de maquillaje lanzada por la monarquía. Por ello, la respuesta del régimen ha sido muy dura, aún a riesgo de desmentir la sinceridad de la voluntad “reformista” de Mohammed VI. Las manifestaciones de los domingos 19 y 26 de junio, las primeras que se celebraban tras el anuncio de la reforma política, no sólo fueron reprimidas por la policía, como ya había ocurrido en numerosas ocasiones, sino que además fueron atacadas por hordas de secuaces del régimen, elementos lumpenizados reclutados y pagados por la policía, que agredieron impunemente a los manifestantes, al mismo tiempo que entonaban cánticos de apoyo al rey.
Con estas acciones, la monarquía pone de manifiesto cuál es, en estos momentos, su principal temor: que el pueblo marroquí de la espalda a la reforma política. Si el régimen marroquí ha conseguido hasta el momento esquivar un gran movimiento de protesta popular, similar al desarrollado en otros muchos países árabes, ha sido, en gran medida, gracias al apoyo incondicional que le han dado los dirigentes de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, el Partido del Progreso y el Socialismo y el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD, islamista moderado). Desprovistos de una alternativa estratégica ante la crisis mundial del capitalismo, las direcciones de estos partidos se aferran como desesperados a la monarquía de Mohammed VI, a la que perciben como única garantía de que el orden social de Marruecos y sus vínculos con las potencias occidentales no se verán en peligro.
La iniciativa de boicot al referéndum del Movimiento 20-F y la CDT apunta al corazón de la realidad política de Marruecos. La naturaleza del régimen marroquí no es sustancialmente distinta de la de los regímenes tunecino o egipcio. También en Túnez y Egipto funcionaban legalmente partidos de oposición y sindicatos de trabajadores, y la represión se administraba cuidadosamente para evitar un estallido social. Pero bajo la falsa apariencia de tranquilidad las masas populares ardían de indignación por la profunda miseria de sus condiciones de vida y la certeza de que el futuro sólo traería más opresión y pobreza. Esta es también la situación real en Marruecos, por más que el régimen exhiba el apoyo de unos dirigentes sindicales y políticos supuestamente de “izquierda” para intentar demostrar que no tiene nada que ver con el resto de regímenes árabes. La postura firme e insobornable del Movimiento 20-F y la CDT, desvelando la auténtica naturaleza del régimen y la falacia de sus “reformas”, les convierte en el catalizador capaz de agrupar a los trabajadores marroquíes de la industria y del campo, a los jóvenes estudiantes, a los parados, a las mujeres de las clases populares, para dar la batalla contra un régimen que durante décadas sólo les ha ofrecido pobreza y represión, y que únicamente intenta maquillarse para mantener indefinidamente sus privilegios.
Necesidad de un programa revolucionario y socialista
Para hacer real esta posibilidad de unir al pueblo marroquí contra la tiranía, al Movimiento 20-F y a la CDT le hace falta, además de firmeza y voluntad de lucha, un programa que una las reivindicaciones democráticas con una respuesta clara y convincente a las reivindicaciones básicas, sociales y económicas, de los trabajadores y jóvenes marroquíes. Después del referéndum del día 1, que Mohammed VI conseguirá ganar sin mayores dificultades poniendo en juego todos los recursos (legales e ilegales) del aparato de Estado marroquí, la lucha va a continuar, porque ni la oligarquía va a ceder ni una mínima parte de su poder y sus privilegios, ni los trabajadores y el pueblo marroquí van a ver mejora alguna en sus condiciones de vida. En estas condiciones hace falta un programa que explique al pueblo marroquí que las libertades democráticas sólo se consolidan cuando han sido una conquista de las masas trabajadoras. La experiencia histórica demuestra que las libertades y derechos recibidos como concesión de los poderosos cuando se sienten atemorizados por la amenaza de un levantamiento popular no duran mucho tiempo. Una vez que la amenaza revolucionaria ha pasado, la represión más cruel se abate sobre los pueblos para castigarlos por su atrevimiento. Y es indiferente que esas concesiones hayan sido resultado de una decisión del rey, o que hubieran sido propuestas por una Asamblea Constituyente. Ninguna reforma democrática puede surgir desde el seno de las instituciones de un Estado nacido para garantizar los privilegios de la burguesía y los latifundistas, y su capacidad para explotar y oprimir a la inmensa mayoría de la población. Sólo sobre la base del poder revolucionario, sobre la base de las asambleas populares y los comités elegidos democráticamente en fábricas, centros de trabajo, barrios populares y pueblos, será posible conquistar irreversiblemente las libertades políticas usurpadas durante décadas por la monarquía.
Y las libertades se consolidan cuando se demuestran útiles para mejorar la situación material de las masas populares, para librarlas del azote de la pobreza, el paro, el analfabetismo, cuando sirven para emancipar a las mujeres marroquíes de su doble condición de oprimidas, en tanto que trabajadoras y en tanto que mujeres. Pero ningún avance será posible en este sentido en tanto perviva el capitalismo en Marruecos. En el artículo publicado en El Militante del pasado mayo (‘Capitalismo marroquí y reforma democrática’) se explicaban los lazos que fusionan de forma inseparable los intereses del gran capitalismo internacional con el patrimonio personal de Mohammed VI, a través del grupo SNI-ONA. El Estado marroquí ha unido su suerte a la de los capitalistas que desde la época colonial han explotado sin misericordia los inmensos recursos de Marruecos y el trabajo de sus gentes. Sólo un programa socialista, que expropie sin indemnización y bajo control obrero la propiedad capitalista, que lleva a cabo una profunda reforma agraria, y que ponga los recursos del país al servicio de las necesidades de su pueblo, puede dirigir al movimiento popular a la victoria.
