El pasado uno de septiembre la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un atentado fallido en la puerta de su casa perpetrado por un elemento ultraderechista.

El intento de asesinato se produjo después de varios días de concentraciones de detractores y seguidores de la vicepresidenta, y de una campaña furiosa del macrismo y la ultraderecha para dejar a Cristina fuera de la próxima contienda electoral de 2023, sin renunciar a que sea encarcelada e inhabilitada de por vida para poder ejercer cargos públicos.

Este episodio es una muestra descarnada de que la polarización política en Argentina ha alcanzado un punto crítico en el contexto de una profunda crisis económica, con los ricos cada vez más ricos mientras las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos se desploman.

Pobreza y miseria para la mayoría y abundancia y despilfarro para la minoría privilegiada

El telón de fondo del continuo terremoto político que vive Argentina es la terrible situación económica que soporta la clase obrera. Aunque el crecimiento interanual del PIB del país austral registrado en el primer trimestre de este año fue del 6%, millones de argentinos tienen que librar una dramática lucha cotidiana para sobrevivir.

Según los últimos datos oficiales, la pobreza afecta al 37,3 % de los argentinos, una cifra que alcanza el 43,8% de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Esta realidad se ceba especialmente con los niños y mayores: el 51,4% de los menores de 14 años son pobres y el 70% de los nueve millones de los jubilados y jubiladas del país cobran pensiones mínimas que no les llegan para cubrir la cesta básica (en contraste con las jubilaciones que recibe una pequeña élite, sobre todo exaltos cargos del Estado que, según el exministro de Economía, Martín Cousteau, ascienden al 1% del PIB).

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La pobreza afecta al 37,3 % de los argentinos, una cifra que alcanza el 43,8% de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. 


Atendiendo a las poco fiables estadísticas oficiales, la tasa de paro es del 7%, pero este dato no puede ocultar el hundimiento del nivel de vida: con un salario medio mensual de 45.540 pesos (334 dólares al cambio oficial y 135 en el mercado paralelo, el llamado dólar blue, el más usado), un tercio de todos los ocupados son pobres. Un estudio de la consultora LCG indica que la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cinco años ha sido del 23% de media.

Según el Ministerio de Economía, de julio 2021 a julio 2022 el peso argentino se devaluó un 39% respecto al dólar, aunque el desplome en el mercado “informal”  ha sido mucho mayor. En el mes de julio el billete verde registró una subida de casi 100 pesos, colocándose en un cambio de 337 pesos por dólar. Esto ha beneficiado directamente a ese 20% de la población que tiene ingresos altos y dispone de la capacidad de hacerse con dólares dentro y fuera del país, y que ha sostenido parte fundamental del consumo interno. 

Golpeados por altos niveles de pobreza y con la inflación desbocada, la inmensa mayoría de los argentinos está padeciendo una situación límite. En el mes de agosto la inflación interanual alcanzó el 78,5%, y según las previsiones del Banco Central el alza de precios podría llegar al 90% a finales de este año.

La fuga masiva de capitales, y la incesante sangría por el pago de una deuda ilegítima y cuyo cumplimiento es un objetivo prioritario para el Gobierno peronista de Alberto Fernández, han empujado a la economía argentina contra las cuerdas. El “stock” de deuda externa bruta total de Argentina, medido a valor de mercado, ascendía a 228.356 millones de dólares al acabar el primer trimestre de 2022[1]. Parte de esta deuda insostenible es el préstamo de 44.000 millones de dólares que el anterior Gobierno de Macri (2015-2019) firmó con el FMI.

Alberto Fernández, empeñado en aceptar la lógica implacable del capitalismo, se ha arrastrado ante las exigencias del FMI: en marzo de este año, ante la imposibilidad de hacer frente a un pago de 19.000 millones de dólares, tuvo que renegociar las condiciones del mismo y se comprometió a reducir el déficit fiscal del 3% al 0,9% en 2025. En el punto de mira se encuentran partidas como ayudas para costear la factura energética, desempleo, sanidad, educación… a las que se pretende dar un gran tajo.

Con 21 millones de argentinos recibiendo subsidios estatales de algún tipo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ha señalado que sin ellas el índice de pobreza podría llegar al 50% de la población y el de indigencia al 20%.

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Alberto Fernández, empeñado en aceptar la lógica implacable del capitalismo, se ha arrastrado ante las exigencias del FMI. 


Divisiones en el Gobierno y diferenciación interna en el movimiento peronista

Con una economía al borde del abismo, presionado por el FMI y una insostenible y dramática situación social que no deja de deteriorarse, las divisiones se profundizan en el seno del Gobierno.

Entre junio y julio se han sucedido tres ministros en la cartera de Economía. Martín Guzmán, que negoció en marzo con el FMI las nuevas condiciones del pago de la deuda, dimitió en junio, ante las trabas presentadas por los kirchneristas. Le sucedió Silvina Batakis, más cercana a Cristina de Kirchner, que apenas se mantuvo un mes en el cargo. Finalmente, en el mes de agosto asumió el cargo Sergio Massa, elemento del sector más de derechas del peronismo, que se ha comprometido a cumplir con todas las exigencias del FMI y mantener con fuerza un rumbo neoliberal en la gestión económica del Ejecutivo.

Cristina Fernández también ha desvelado lo que realmente le interesa: acosada en el frente judicial ha aceptado el nombramiento de Massa a cambio de poder contar con el apoyo unánime del Gobierno en la batalla que está librando en los tribunales.

Pero el problema de fondo del kirchnerismo es que, mientras dice oponerse a los recortes sociales, no propone ninguna alternativa consecuente. Los políticos que rodean a Cristina, y ella misma, han renunciado a exigir el no pago de la deuda y abalado a un ministro como Sergio Massa con credenciales antiobreras probadas. Esta actitud filibustera y contemporizadora con la derecha peronista y el gran capital nacional e imperialista, dan una cobertura fundamental para que la cúpula de la CGT y de otros sindicatos sigan con una estrategia de desmovilización y paz social que envalentona a la derecha macrista y a la patronal.

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El kirchnerismo dice oponerse a los recortes sociales pero ha renunciado a exigir el no pago de la deuda y mantiene una actitud filibustera y contemporizadora con la derecha peronista y el gran capital nacional e imperialista. 


Sin embargo, el descontento es tan amplio que las divisiones dentro del peronismo han ido mucho más allá de la polémica de gestos y amenazas retóricas que han estallado dentro del Ejecutivo. Inmediatamente después del nombramiento de Massa, el dirigente del Frente Patria Grande (FPG), Juan Grabois, anunció el pasado 31 de agosto que su grupo de diputados abandonaba el Frente de Todos (peronista) para formar grupo propio[2].

La crítica y el distanciamiento venían de hace tiempo. El FPG fue uno de los organizadores de las marchas convocadas en todo el país el pasado 20 de julio, junto a numerosos colectivos peronistas de base, y organizaciones de la izquierda combativa, en las que se exigía un salario básico universal.

La acción del 20 de julio fue una continuación del masivo Primero de mayo, en el que se congregaron 200.000 trabajadores peronistas en Buenos Aires, que marcharon en protesta contra las medidas de ajuste del Ejecutivo. Inmediatamente después, el 10 de mayo, comenzó una marcha a Buenos Aires organizada por organizaciones sociales a la izquierda del Gobierno de Alberto Fernández, “contra el ajuste y el Fondo monetaria internacional”, que congregó a miles de trabajadores, piqueteros y sus familias de todo el país.

Las movilizaciones en numerosos sectores no han dejado de sucederse en estos meses, y la lucha se recrudecerá a medida que la situación se haga más insostenible.

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Las movilizaciones en numerosos sectores no han dejado de sucederse en estos meses, y la lucha se recrudecerá a medida que la situación se haga más insostenible.


Existe una oportunidad real para que la izquierda revolucionaria argentina, y especialmente para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), establezca un puente con cientos de miles de trabajadores, sindicalistas y activistas peronistas que se encuentran en abierto desafío a su Gobierno. Una política de frente único audaz con estos sectores y sus organizaciones no puede perjudicar a la izquierda militante, todo lo contrario. Permitirá que su mensaje clasista y revolucionario penetre de forma mucho más efectiva y gane a un sector imprescindible y vital del movimiento obrero. Este es el camino para coronar con éxito los próximos combates revolucionarios que se avecinan.

 

Notas:

[1] Argentina incrementa su deuda externa y preocupa su endeudamiento doméstico  

[2]  “Nos mintieron... Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, afirmó Grabois, implicando en ese plural al presidente Alberto Fernández. Y sobre las reuniones de Massa con empresarios estadounidenses, sentenció: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”. “En mi visión este Gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. Argentina: crisis económica y confrontación política


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