Seguimos encadenando catástrofes ambientales en todo el planeta. La ola de calor que recorre Europa y todo el hemisferio norte en las últimas semanas es muestra de ello. Los meses de junio y julio han registrado temperaturas récords en países como Francia, Alemania, Suiza o Rusia —incluidas ciudades situadas en el círculo polar ártico—, por primera vez en su historia Gran Bretaña ha superado los 40 grados, y la Península Ibérica, Grecia y Francia están siendo asoladas por graves y numerosos incendios. Según un reciente estudio de la Universidad Estatal de Washington, estas olas simultáneas y cada vez más tempranas “se han multiplicado por siete” desde la década de 1980, pasando de tener una duración “de 20 a 143 días”.
En el momento de escribir este artículo, en el Estado español se encuentran activos 39 incendios en 23 provincias, 24 de ellos sin controlar. Decenas de localidades y miles de vecinos han tenido que ser desalojados de sus viviendas ante la proximidad de las llamas. La superficie quemada casi duplica la media de la última década: más de 80.000 hectáreas han sido arrasadas este verano y hasta 150.000 en lo que llevamos de año, más que en todo 2021, afectando también a entornos protegidos, como el Parque Nacional de Monfragüe.
Prevenir es “despilfarrar”, para la derecha y los capitalistas
El fuego en la Sierra de la Culebra de Zamora, con 30.000 hectáreas devastadas, ha sido sin duda uno de los máximos exponentes de esta brutal destrucción, y ha puesto encima de la mesa que detrás no solo están las “ciegas fuerzas de la naturaleza”, sino que las políticas capitalistas de recortes y privatizaciones de servicios públicos, y quienes las aplican, son responsables directos de los estragos en el medio ambiente y de poner en riesgo la vida de miles de personas, muy especialmente la de los trabajadores y bomberos. Hace pocos días se conocía la muerte de un brigadista forestal durante las labores de contención del fuego.
Tras este incendio, el Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León se ha negado a ampliar el operativo de incendios a todo el año —como reclaman los trabajadores del sector— lo que permitiría comenzar a limpiar el monte y otras labores preventivas en invierno para facilitar la extinción del fuego en verano, e incluso evitarlos en algunos casos. Es más, el actual consejero de Medio Ambiente del Partido Popular, Juan Carlos Suárez-Quiñones —quien acaba de culpar sin ningún complejo a los “ecologistas extremos” de los incendios—, es el mismo que ya en 2018 declaraba que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”.
Mientras, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciaba su gran remedio contra los incendios, a lo que el PP se ha sumado. En primer lugar, poner a los desempleados de la comunidad a limpiar el monte, al más puro estilo trumpista. Esto lo hizo el expresidente de los Estados Unidos cuando los incendios azotaron California en 2015, utilizando a los presidiarios como mano de obra semiesclava. Y en segundo lugar, un “concierto benéfico”: la oportunidad perfecta para lucrar a sus amiguetes empresarios del mundo del espectáculo a costa del sufrimiento de miles de personas y la destrucción del medio natural. La extrema derecha no se corta un pelo.
Precisamente en esta comunidad el protocolo de actuación ante incendios forestales no se ha renovado desde 1999, y obvia las consecuencias del cambio climático y sus efectos en la propagación de los incendios. Como resultado, mientras las llamas se extendían en la Sierra de la Culebra tan solo entre un 25% y un 30% de los operativos de extinción se encontraban activos, algo que las asociaciones de agentes forestales han denunciado duramente[1].
“Te contratan tres meses, te pagan 1.000 euros y a la calle”
Pero el problema no es únicamente la no activación de los operativos, sino las condiciones que soportan estos profesionales. Llevan días denunciando en redes sociales las miserables condiciones en las que trabajan, que dependen de los vecinos de las localidades cercanas, quienes han arriesgado su propia seguridad acercándose a los incendios para poder apoyar con solidaridad de clase a bomberos y forestales, brindándoles comida y agua. Esto ocurre porque la Junta les da un escaso bocadillo, una pieza de fruta y una botella de agua. Este es el trato que reciben personas que se la juegan batallando con el fuego durante más de quince horas seguidas, y que necesitan beber al menos un litro cada hora para combatir la deshidratación[2]. Quienes nutren las filas de los agentes forestales son principalmente trabajadores temporales en condiciones absolutamente precarias, con contratos de pocos meses que impiden desarrollar una experiencia y formación firmes.
Manuel Garray, portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León lo dice alto y claro: “Te contratan tres meses, te pagan 1.000 euros y a la calle”. “En vez de tener un operativo público, serio, formado, bien dotado y con un protocolo de seguridad que trabaje durante todo el año, contratan a chavales en verano y luego rezan para que llueva. Eso es lo que hace la Junta”.[3] Los resultados están ahí: el 6% de la provincia de Zamora se ha quemado, a la vez que el 90% del servicio de bomberos está privatizado. El 59% en toda la comunidad. Mientras sean empresas privadas las responsables de la gestión del medio natural, el abaratamiento de los costes y el máximo beneficio empresarial primarán sobre la prevención de riesgos, la protección forestal y el empleo digno.
Ante esta realidad, no basta con que Pedro Sánchez se limite a hacerse una foto en algunos de los lugares afectados, a señalar que “el cambio climático mata (…) personas (...) nuestro ecosistema” y a reivindicar el papel clave de los trabajadores “por salvaguardar lo más importante, nuestra biodiversidad”. Tampoco es suficiente que la ministra de Trabajo reconozca que los bomberos sufren relaciones laborales “precarias” y externalizaciones “indeseables y no recomendadas” para servicios estratégicos como el que desarrollan. Ni que diga que “lo público debe hacerse valer”. No bastan las palabras. ¿Acaso no están en el Gobierno central? Sin embargo, y desgraciadamente, este no ha tomado ninguna medida —ni antes ni ahora— para garantizar la inversión pública que sea necesaria en este terreno ni para frenar las políticas de recortes, privatización y precariedad que están detrás de esta situación.
El capitalismo mata el planeta
El promedio del índice que mide el riesgo meteorológico de fuego general en el Estado español ha crecido un 23% entre 1980 y 2020. En términos de peligro extremo asociado a olas de calor, el empeoramiento en la cuenca del mar Mediterráneo supera el 130%, es decir, hay 29 días más cada año con condiciones de riesgo extremo. El aumento de las temperaturas, los niveles de gases de efecto invernadero disparados, la subida del nivel del mar, pero también la incidencia en las enfermedades e infecciones transmitidas por el agua, o la migración forzada de 30 millones de personas durante 2020 debido a desastres naturales… son la consecuencia de la vorágine capitalista que nos arrastra hacia un futuro donde lo que está aconteciendo este verano puede quedar en un “buen” recuerdo. Pero esta realidad no es un mantra para repetir como si nada se pudiera hacer al respecto y evitar enfrentar a los grandes poderes económicos que nos condenan a ella.
Sí, el cambio climático es una realidad que amenaza el futuro del planeta. Pero no se trata de un castigo divino ni algo de lo que “todos” seamos culpables por igual. Es el resultado de la acción destructiva del modo de producción capitalista sobre el ecosistema, y de la complicidad de los Gobiernos que sostienen la llamada economía de mercado. La barbarie que contemplamos y sufrimos es completamente innecesaria. Bajo la lógica del sistema capitalista, más vale un jugoso contrato en el que desviar dinero público a las grandes empresas, que asegurar empleos fijos para los trabajadores forestales. Sin embargo, es más que posible gestionar el medio natural con el enfoque de preservarlo y protegerlo, los propios trabajadores forestales llevan semanas explicando qué pasos seguir a lo largo del año para prevenir los incendios y no solo actuar a medias cuando se producen. Sin embargo, un servicio tan necesario y vital se encuentra secuestrado por empresas privadas, como ocurre en Castilla y León. ¿Cómo cambiaría la situación si los trabajadores y profesionales, conocedores de primera mano de las necesidades de esta crucial tarea, dirigieran las actuaciones a llevar a cabo enfocadas al bien común, en lugar de al beneficio económico privado?
Existen los medios, la tecnología y el conocimiento para acabar con la barbarie ecológica, pero su aplicación requiere de un nuevo tipo de organización social, una sociedad socialista libre de cualquier tipo de opresión, que no se rija por la ley del beneficio capitalista sino el beneficio de los intereses de la inmensa mayoría de la población. Necesitamos levantar una alternativa ecologista anticapitalista y revolucionaria.
[1] Carta abierta de un bombero forestal: ¡Nuestros bosques se queman! Continuidad de los bomberos forestales todo el año YA
[2] Esta es la 'comida' que reciben los bomberos que combaten los incendios en Castilla y León y su mensaje desesperado al chef José Andrés
[3] "Los incendios se apagan en invierno": la crítica de los bomberos forestales a la falta de prevención de la Junta de Castilla y León
