La extraordinaria movilización del pasado 8 de Marzo ha puesto de relieve un debate que recorre el movimiento feminista. Las declaraciones de Albert Rivera arrogándose el papel de portavoz del “feminismo transversal” provocaron una lógica indignación entre miles de mujeres que hemos batallado duramente para que la Huelga Feminista fuera un éxito a pesar los ataques insidiosos del PP y Ciudadanos. Pero esta arrogancia de Albert Rvera no es causal. Dentro del feminismo no son pocas las voces que abogan por un movimiento transversal que omite la opresión de clase de la mujer trabajadora. Colocando a la mujer en abstracto por encima de clase e ideología, este sector abre de par en par las puertas a que la derecha, los empresarios y la clase dominante, intente asimilar la lucha feminista y hacerla inofensiva para el sistema. Con este artículo queremos aportar nuestra opinión, defendiendo un feminismo de clase, anticapitalista y revolucionario.
Mujer y poder político bajo el capitalismo: la Comunidad de Madrid
En el Estado español las mujeres, a pesar de constituir el 51% de la población, ocupan el 28% de los cargos de la administración, el 19% de las alcaldías o el 13% de los rectorados universitarios. El Consejo de Ministros del actual gobierno está compuesto por 9 hombres y 5 mujeres. En evidente contraste, en el sector doméstico las trabajadoras suponen el 98%.
Partiendo de esta desigualdad, hay quienes consideran un elemento fundamental para nuestra liberación que haya más mujeres con poder político o, lo que es lo mismo, que a más mujeres en los gobiernos (estatal, autonómico, municipal…) más derechos para las mujeres. Según esta lógica, que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona es tan buena noticia como que Cristina Cifuentes sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Por nuestra parte, estamos convencidas de que si el actual Consejo de Ministros contara con una proporción de género diferente, por ejemplo 9 mujeres y 5 hombres, las políticas de este gobierno corrupto y reaccionario respecto al aborto, al maltrato, a la justicia machista, a la educación y la sanidad públicas, a los desahucios… no variarían. ¿Estamos en contra de que existan más mujeres alcaldesas, diputadas, ministras…? Claro que no. Pero queremos que sean luchadoras, comprometidas realmente con las y los oprimidos, y que desafíen la lógica del capitalismo, porque si esas mujeres se identifican con la defensa del sistema se convertirán en colaboradoras del patriarcado. A las pruebas nos remitimos.
A excepción del período comprendido entre septiembre de 2012 y junio de 2015, en los últimos 15 años hemos tenido al frente del Gobierno regional de Madrid a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Las mujeres trabajadoras de esta comunidad, no solo no han avanzado en sus condiciones de vida y en sus derechos, sino que los han visto retroceder.
Empecemos por su política respecto al empleo y la maternidad, dos asuntos íntimamente relacionados que provocan una brutal discriminación.
La realidad bajo los gobiernos del PP es tan lacerante que ya hay incluso un nuevo término para describir el acoso laboral contra quienes ejercemos nuestro derecho a ser madres: mobbing maternal, pues la brecha que existe entre la tasa de paro masculina y femenina se hace aún más desfavorable para las mujeres en la franja comprendida entre los 25 y 54 años, que es la edad en que muchas afrontamos nuestra maternidad.
Los datos son claros: si el 72% de los trabajos a tiempo parcial son ocupados por mujeres, y el 87% de los permisos no retribuidos de la Administración General del Estado también son solicitados por mujeres, el 45% de las trabajadoras que han tenido un hijo no vuelven a su horario laboral anterior. Todo ello lleva inevitablemente aparejado una drástica reducción del salario. La aportación económica contante y sonante de la trabajadora al sostenimiento de la familia, de por si inferior a la del trabajador por la brecha salarial, sufre una nueva reducción tras la maternidad, favoreciendo la vuelta a la prisión de las cuatro paredes del hogar .
Penalizando la maternidad
Contar con suficientes plazas en escuelas infantiles públicas, gratuitas y de calidad, en las que nuestras hijas e hijos se puedan educar en condiciones de igualdad y libertad, se socialicen con otros niños, mientras nosotras nos reincorporamos a la vida laboral no sólo debería ser un derecho fundamental, sino también una herramienta indispensable en la lucha contra el patriarcado y la opresión machista que sufren millones de trabajadoras.
Pues bien, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre se inició un ataque contra la red pública de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años: se paralizaron la construcción de nuevas escuelas para asumir la demanda creciente, y se incrementó brutalmente las tasas para acceder a ellas, llegando a oscilar entre los 176 y 416 euros al mes.
¿Hay mujeres que perpetúan el patriarcado? Sí, especialmente las defensoras del capitalismo, ya que el componente machista de muchas de estas medidas viene indisolublemente acompañado de la obtención de suculentos beneficios para los empresarios y las empresarias. El empeño del PP en destruir la red pública educativa persigue convertir la maternidad y la atención a la infancia en un rentable negocio: “‘En la Comunidad de Madrid hay medidas que parecen del mundo al revés, como los cheques-guardería. En qué cabeza cabe que un apoyo económico para la escolarización infantil solo se pueda solicitar por los padres que llevan a sus hijos a escuelas privadas (…) Algunas de las guarderías privadas que proliferan en la Comunidad de Madrid son propiedad de empresas que nada tienen que ver con el sector de la educación.”
Maltrato, desahucios y homofobia
Al igual que en el caso de la maternidad y la discriminación laboral, el capitalismo convierte en sinónimos el maltrato de género, la pobreza y los desahucios. Amnistía Internacional denuncia que “el 83% de las familias monoparentales [en el Estado español] están formadas por la madre y sus hijos” y “están más expuestas a sufrir” un desahucio. Además, las mujeres víctimas de violencia machista son quienes más acuciantemente necesitan acceder a viviendas públicas dignas con alquileres sociales, ya que en la mayoría abrumadora de los casos no disponen de recursos para dejar de compartir techo con sus maltratador.
Entre 2011 y 2013, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siendo alcaldesa Ana Botella, vendieron 4.800 viviendas sociales a fondos buitres de inversión, activando una expulsión masiva de familias empobrecidas de sus hogares.
Durante 2016, con Cifuentes ya como Presidenta de la Comunidad de Madrid, se presentaron 5.810 solicitudes de protección por maltrato, pero los jueces sólo aceptaron 2.954. Basándose en estas decisiones judiciales, casi la mitad de las mujeres que denunciaron violencia machista vieron rechazado su acceso prioritario a ayudas sociales imprescindibles. A ello hay que sumar los recortes en otros ámbitos de la atención a las mujeres maltratadas. “Las profesionales denuncian que solo hay una educadora social por turno para atender a entre 18 y 20 mujeres y sus hijos (…) ‘En nuestro centro, la psicóloga venía 20 horas a la semana y ahora la tendremos 6. Que nos expliquen cómo va a atender a todas nuestras mujeres’…”
Sí, hay políticas que utilizan su poder para alimentar el machismo, la homofobia y la transfobia, convirtiéndose en auténticas capitanas generales del ejército patriarcal.
Según eldiario.es: “El número de colegios que segregan por sexos y que reciben financiación pública se ha disparado durante los últimos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. (…) El punto de inflexión llegó con el Gobierno de Esperanza Aguirre. (…) con el desembarco del equipo de la expresidenta del PP de Madrid se potenció este modelo concertando colegios a entidades religiosas que no mezclaban a niños y niñas en las clases. Cuando ella tomó posesión en su cargo, existían cinco centros de este tipo y, tras nueve años de mandato, esa cifra se triplicó hasta los 17. A lo largo del mandato de Aguirre, su Gobierno adjudicó conciertos a cinco centros más vinculados al Opus Dei (…) El director del centro que tienen en Alcorcón, uno de los colegios financiados por los gobiernos regionales, fue denunciado ante la Fiscalía por la propia Comunidad de Madrid por comparar la ley contra la LGTBfobia con ‘el fanatismo terrorista’”.
Pero hay mucho más: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre financió la ceremonia de premios y los congresos del grupo ultracatólico HazteOir. Aunque su presidente, Ignacio Arsuaga, siempre se ha jactado de que su asociación nunca ha recibido subvenciones públicas para sostener su actividad, tanto los premios de la asociación como algunos de sus congresos fueron financiados con dinero público de la Administración autonómica.”
No solo se trata de las mujeres del PP. Para combatir la opresión machista, las dirigentes del PSOE hacen en la práctica lo mismo que con el resto de injusticias sociales provocadas por la crisis del capitalismo: nada. Los más que llegan es a firmar un pacto de Estado contra la violencia machista junto al PP, para lavar la cara a Rajoy.
Tal es el caso de Susana Díaz, presidenta de la comunidad andaluza. ¿Qué pasa con los desahucios en una región en la que desde 2007 más de 77.000 familias fueron expulsadas de sus hogares? El pasado mes de febrero el Parlamento andaluz tumbó una propuesta de ley de Podemos para dificultar los desahucios. La tumbó gracias a los votos de Susana Díaz, los parlamentarios del PSOE y de sus aliados de Ciudadanos. Otro dato: sólo el 0,5% de las andaluzas víctimas de violencia machista recibe ayuda de la Junta según los datos de la propia consejera de igualdad de la Junta de Andalucía, que cifró en 121 las ayudas económicas concedidas en 2015. [1]
Nuestra libertad se conquista en las calles
Desde que existe opresión machista existe rebelión de las mujeres. Si incontables son los sufrimientos padecidos desde hace miles de años, también lo son los nombres —la mayoría anónimos— de aquellas que emprendieron el camino de la emancipación. Cada avance en derechos tan fundamentales como el voto o el trabajo remunerado, fue arrancado a través de una larga y encarnizada lucha contra la oligarquía y sus representantes políticos.
En el Estado español, varias generaciones de mujeres guardamos una deuda de gratitud con las trabajadoras y, también, los trabajadores que derrotaron la dictadura franquista. Millones de nuestras madres y abuelas no podían elegir su maternidad, porque durante 40 años, hasta finales de 1978, los anticonceptivos estaban prohibidos. El aborto se legalizó de forma muy restrictiva en noviembre de 1983, tras una larga batalla contra Unión de Centro Democrático y Alianza Popular —actual Partido Popular— y la jerarquía de la iglesia católica, las dos principales fuerzas de la reacción que se negaban, entonces y ahora, a reducir ni un solo eslabón de nuestras cadenas.
No fueron ni el parlamento, ni la monarquía, ni Adolfo Suárez, quienes nos regalaron generosamente nuestros derechos. Fueron muchas movilizaciones masivas, muchas de ellas duramente reprimidas, y que son precedentes de la de este 8 de marzo de 2018, las que obligaron a reconocer dentro de la sede parlamentaria y los juzgados lo que ya habíamos decidido en las calles.
Décadas después, al calor de la crisis económica, el capitalismo nos quiere arrebatar las conquistas sociales que heredamos de aquellos años de combate. Quieren recortar el derecho al aborto, privatizan las escuelas infantiles, dejen en libertad a los maltratadores, y los obispos diseminan su discurso machista y homófobo, comparando el feminismo con el demonio. Incluso inventan formas de opresión y explotación de la mujer como son los vientres de alquiler, apoyada de forma entusiasta por el ‘feminismo transversal’ de Ciudadanos.
Desde Libres y Combativas afirmamos que nuestra emancipación no vendrá de la mano de más diputadas, concejalas y alcaldesas del PP y de Ciudadanos, o del PSOE. Tenemos que ser nosotras, las mujeres de la clase trabajadoras, luchando codo con codo con todos los oprimidos por el capitalismo, enarbolando la bandera de la revolución, quienes acabemos con el patriarcado y con todas las forma de explotación.
