¡El problema es el sistema!
En este mes de mayo la violencia machista se ha cobrado la vida de 7 mujeres y un niño de siete años. En lo que llevamos de 2021, según datos oficiales, 15 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas aunque Feminicidio.net, que contabiliza todos los crímenes machistas contra mujeres –independientemente de la relación entre la víctima y su agresor–, eleva la cifra a 31. Una verdadera sangría.
No son muertes, son asesinatos
Tras este mes trágico, los datos sobre cómo la violencia machista nos golpea día a día se han vuelto a poner encima de la mesa. Desde 2003 han sido asesinadas 1.093 mujeres, 32 menores y se calcula que 800 niños y niñas se han quedado huérfanos. De estas, el 80% nunca acudió a la policía o denunció a su maltratador. Además, como informa el “Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España durante el periodo 2003-2017”, un 12,8% de las víctimas que sí denunciaron tenía alguna medida de protección en vigor que fue insuficiente.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ informó que en 2020 se presentaron 150.785 denuncias por violencia machista –un 10,3% menos que en 2019 como resultado del confinamiento– y que se dictaron un 11,9% menos de órdenes de protección.
La respuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante este mes terrorífico ha sido bochornosa: limitarse a declarar en rueda de prensa que estamos en “estado de alerta machista” e informar que las conclusiones de la reunión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género pasan por “analizar los elementos concretos que pueden estar fallando” y que se impulsará “un Plan de Mejora y Modernización de las herramientas y acciones para atender a las mujeres”.
Que sólo dos de las mujeres asesinadas recientemente hubieran interpuesto una denuncia y sólo una tuviera protección vigente, evidencia la precariedad en la lucha contra el terrorismo machista en el Estado español. Pero, ¿dónde reside realmente el problema?
La farsa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
En 2017, bajo la presión de un movimiento feminista creciente y cuando la sensibilidad respecto a la violencia machista cada día era más evidente, el gobierno del Partido Popular puso en marcha el llamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo vacío de propuestas y presupuesto, para hacerse la foto presumiendo de “su feminismo”.
Este acuerdo contó con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos –denunciaron un presupuesto insuficiente–. La dotación económica para el Pacto fue ridícula: 1.000 millones de euros para cinco años.
Este septiembre se cumplirán cuatro años desde su puesta en marcha y el balance de su actuación no puede ser más desastroso. El Pacto contiene 290 medidas para “luchar contra la violencia machista” –desde la sensibilización social a mejorar la respuesta institucional– de las cuales sólo se han cumplido 75 (lo que supone el 25,8% del total), 164 están en proceso de implementación (56,5%) y 51 siguen pendientes de tramitación (un 17,5%).
Los datos son claros, pero por si no fueran suficientes, la gran parte de los protocolos y herramientas con las que cuentan las instituciones –tanto autonómicas como centrales– para supuestamente luchar contra esta lacra, llevan sin ser actualizadas desde antes de la firma del propio Pacto de Estado. Es una realidad innegable que el pacto no funciona, pero parece ser que Irene Montero y el propio gobierno no quieren darse cuenta, ya que la propuesta del ministerio de Igualdad es renovar –con los mismos errores y deficiencias– el pacto para hacerlo permanente. “Está funcionando bien”, ha dicho la ministra.
Para todavía más escándalo, durante el debate con todos los grupos parlamentarios en el Senado sobre esta cuestión, Irene Montero no dudó en elogiar a la portavoz del PP, Ana Isabel Alós, por la “calidad de su intervención”, la “precisión” y la “adecuación”. “La intervención que usted ha hecho la debería ver todo el mundo”. ¡Lavando la cara al Partido Popular! Las y los mismos responsables de nuestra opresión, que recortan los fondos que deberían ir destinados a políticas de igualdad o directamente eliminan los organismos encargados de prevenir la violencia machista en las CCAA donde gobiernan.
No. No necesitamos que Pactos de Estado que son auténtico papel mojado se repitan sin más. Por supuesto que queremos leyes y protocolos que luchen contra la violencia machista, porque entendemos que nuestros derechos tienen que verse reflejados también en una legislación lo más progresista posible. Pero renovar el mismo Pacto de Estado con el Partido Popular y Ciudadanos, que ya desde su nacimiento era un brindis al sol pero que los hechos han probado que no sirve para nada, es un grave error que no conseguirá reducir la violencia contra nosotras.
El machismo está en el ADN del capitalismo
No están fallando “elementos” aislados, ni la solución pasa por insistir a las víctimas para que denuncien. ¡Basta ya de responsabilizarnos a nosotras por no denunciar cuando la respuesta del Estado y la justicia es darnos la espalda! La violencia machista es un problema estructural que sólo se podrá resolver con soluciones que vayan a la raíz del problema.
Necesitamos medidas reales y concretas, dotadas de la financiación, la atención y los medios personales y materiales necesarios para acabar con la lacra de la violencia machista. Esta lucha es ideológica. El machismo y el capitalismo van de la mano. Mientras no se depure de una vez por todas del aparato judicial de machistas, mientras se permita que se haga apología de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, mientras denunciar a tu agresor suponga exponerte a un escarnio público, mientras se siga sin hacer frente al discurso negacionista de Vox con la máxima contundencia, mientras no se construyan miles de casas refugio para las mujeres maltratadas y se garantice su independencia económica… cualquier ley será insuficiente.
El gobierno de coalición, que fue votado por centenares de miles de mujeres trabajadoras, tiene en sus manos poner fin a tanto dolor y sufrimiento. Luchar contra la violencia machista supone confrontar abiertamente con los elementos más reaccionarios del aparato del Estado y la jerarquía de la Iglesia Católica. Si lo hicieran, contarían con el apoyo masivo del movimiento feminista.
Como hemos gritado en nuestras manifestaciones: la lucha está en la calle y no en el Parlamento. Seguiremos reivindicando medidas reales y efectivas que protejan nuestras vidas y luchando por una sociedad distinta, una sociedad verdaderamente socialista, donde la violencia machista sea sólo un recuerdo del pasado.
