Más de un millón de familias han sido víctimas de una nueva estafa bancaria, las “participaciones preferentes”, un producto financiero “tóxico” que ha sido comercializado en los últimos diez años por 52 bancos y cajas de ahorro españolas —sobre todo estas últimas—, bajo la apariencia de “depósitos a plazo fijo” con rentabilidad garantizada, y casi siempre ofrecidas a personas de edad avanzada que buscaban completar su jubilación con los ahorros de toda una vida. Muchos fueron lo que confiaron en el director del banco, conocido de la víctima en muchos casos, y pensaron que su dinero estaba seguro, en un plazo fijo, y podían disponer de él en cualquier momento avisando con 48 horas de antelación (en algunos casos una semana), según les dijeron cuando les vendían “el producto”.

La mayor parte de los afectados que han denunciado, y que ya han protagonizado movilizaciones en todo el Estado, aseguran que nadie les informó de los riesgos de estas participaciones, especialmente de la escasa o nula liquidez, y de su perpetuidad. El escándalo es mayúsculo: los afectados se han encontrado que las entidades bancarias se han negado a devolverles sus ahorros cuando han ido a retirarlos.

Una estafa con el aval de este gobierno y del anterior

“La realidad es que estamos ante un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, además de que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad, y no cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos”, señala Pablo Mayor, representante de los servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE), plataforma en la que se agrupan cerca de 30.000 familias afectadas.
Un robo a “mano armada” que no ha merecido respuesta alguna del Banco de España. Según Manuel Pardos, presidente de ADICAE, “el Gobierno se está lavando las manos. Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una medida compleja proponiendo a las entidades que durante un año puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”.

Millones para el sector financiero a costa del robo a los trabajadores

Después de recibir más de 100.000 millones de euros del Estado en avales y ayudas directas, el sector financiero se quiere lucrar apropiándose de los ahorros de toda una vida de sacrificios y trabajo duro, en las obras, en el campo —lloviendo, haciendo calor o frío— limpiando escaleras, con un pequeño comercio, etc., ahorros invertidos en la mayoría de los casos con el fin de tener algo por si caen enfermos, para contratar a una persona que les cuide si les hiciera falta en el caso de las personas de mayor edad, para pagar la hipoteca, para ayudar a un familiar en paro, etc.
La estafa, además, se perpetra violando la misma legislación, ya que los bancos tenían que haber advertido de lo que realmente estaban ofreciendo. Entre otros, se pueden citar los siguientes aspectos que fueron ocultados:
· Las entidades tenía que hacer un test de idoneidad a los que contrataban este producto tóxico, que no hacían o rellenaban ellos mismos; lo único que pedían a los ahorradores era la firma.
· La información sobre las características y condiciones fue un engaño. A algunos les vencía el contrato en el año 10.000, como muchos señalan: “si me lo llegan a explicar ¿yo voy a meter mi dinero ahí?”.
· La constatada mala práctica de comercializar entre clientes minoristas, es decir, consumidores, de forma masiva e indiscriminada instrumentos financieros de inversión, catalogados como complejos y de alto riesgo, y que son “productos tóxicos”.
Se trata de una estafa de dimensiones tremendas, en el que casi todas las entidades financieras han captado el ahorro de familias que ni querían esos productos ni los entendían, y todo ello con el fin de tapar sus agujeros y cuadrar sus balances a costa del ahorro popular. La venta de participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos perpetuos por múltiples bancos y cajas de ahorros en el estado español no puede ser ignorada por las propias entidades ni por el Banco de España y la CNMV, organismos que han tolerado un fraude generalizado, haciendo dejación de sus responsabilidades de control.

Expropiar la banca en beneficio de la mayoría

El millón de pequeños ahorradores afectados no pueden tolerar ni un minuto más esta estafa colosal. Por eso las movilizaciones se han sucedido en estas semanas, además de interponer demandas por la masiva comercialización fraudulenta de participaciones preferentes contra La Caixa, Caixabank, BBVA, Banco Santander, Caja Madrid, Bancaja, Bankia, CAM, Caixa Galicia, Caixa Nova, Banca Cívica, Banco Popular, Banif, Caja Cantabria, Caixa Catalunya, Unimm, CAI, Ibercaja, Caja Navarra, Caja Ávila, Caja Segovia, Deutsche Bank, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Granada, Caja Extremadura, Caja Badajoz, Caja Canarias y Cajasol.
Las entidades financieras han emitido, desde 1999, unos 30.000 millones de euros en estas participaciones preferentes, siendo La Caixa, una de las 38 entidades financieras denunciadas, la que se sitúa a la cabeza en cuanto al volumen de emisión de estas participaciones en todo el Estado (4.897 millones de euros). Todo este enriquecimiento ilícito, es la consecuencia del dominio impune del sector financiero sobre la sociedad. Estos ladrones de guante blanco, ante los que se inclinan todos los gobiernos, son los mismos que exigen endurecer la reforma laboral, acabar con los subsidios de desempleo, o recortar los gastos sociales. Mientras se les está robando a las amilias humildes, el Gobierno regala dinero público a los bancos a espuertas.
Cuando escuchamos el suspiro de uno de nuestros ancianos que ven como le están robando el ahorro de toda su vida de trabajo y sacrificios, nos reafirmamos más que nunca en la necesidad de luchar por la nacionalización de la banca, sin indemnización, para movilizar estos recursos en beneficio de la mayoría de la sociedad, que son los trabajadores, y no para engordar los beneficios obscenos de estos parásitos. Los sindicatos y las organizaciones de la izquierda deberían poner esta reivindicación como el eje de sus demandas. No valen medias tintas frente a estos bucaneros.

¡Exigimos el fin del corralito!
¡Devolución inmediata de todos los ahorros a las familias afectadas!
¡Por la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores
y sus organizaciones!