El próximo 10 de noviembre se celebrarán las cuartas elecciones generales en un lapso de cuatro años. Este hecho inédito pone de relieve no solo la grave crisis que recorre el régimen del 78, también las enormes dificultades de la clase dominante para asegurar un mínimo de estabilidad política para llevar adelante su agenda de ataques al movimiento obrero y los derechos democráticos.

En los comicios del pasado 28 de abril, el bloque de la derecha sufrió un duro varapalo: con dos millones de votos menos que la suma del PSOE, Unidas Podemos y la izquierda independentista, carecía de posibilidades para formar Gobierno. Las expectativas de que la izquierda parlamentaria pudiese llegar a un acuerdo y se cumpliese con el mandato de las urnas eran muy altas entre millones de trabajadores y jóvenes.

Y, sin embargo, cuando parecía que las condiciones estaban maduras para conseguirlo, el escenario ha dado un vuelco situándonos de nuevo en la casilla de salida. ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Cuáles son las razones de fondo que explican este fracaso?

El PSOE como partido de Estado

En abril, millones vieron en la candidatura de Pedro Sánchez un voto útil para frenar a la derecha, pero ni mucho menos extendieron un cheque en blanco a su política. Para la base social y electoral de la izquierda lo que se jugaba en aquella cita estaba muy claro: poner fin a las políticas antisociales del PP, a los miles de desahucios, a la extensión del trabajo precario y los salarios miserables, al desempleo crónico que empuja a la juventud a la pobreza y el exilio económico.

Aquel resultado fue también un pronunciamiento para acabar con la legislación autoritaria, empezando por la Ley Mordaza, y depurar a fondo un aparato del Estado trufado de franquistas. El voto masivo a la izquierda en Catalunya y en Euskal Herria —y de forma destacada a la independentista—, y que golpeó tan duramente al PP y Cs, representaba la aspiración de resolver la cuestión nacional sobre bases democráticas.

Pero la dirección del PSOE ha dejado claro que no quiere tomar ninguna medida consistente para revertir los recortes sociales y las contrarreformas de los gobiernos de Rajoy, ni enfrentarse a las políticas de austeridad impuestas por la UE. Por otro lado, no solo aceptan la hoja de ruta del aparato del Estado en su estrategia represiva contra el pueblo catalán, jamás reconocerán su derecho legítimo a decidir. Más allá del humo vendido apoyándose en su imagen pasada, Pedro Sánchez ha probado su lealtad al régimen del 78.

No es ningún secreto que los grandes poderes capitalistas cuentan con la fiabilidad del PSOE probada a lo largo de décadas. Ante la perspectiva de un Brexit duro y la escalada de la guerra comercial entre EEUU y China, con la economía mundial y española deslizándose hacia una recesión de consecuencias incalculables, y frente a una sentencia del juicio del Procés que puede desencadenar un nuevo capítulo de movilizaciones masivas…, estos poderes no están dispuestos a que un Gobierno de coalición con Podemos dificulte el control de semejante escenario. La burguesía no ha olvidado ni el 15-M, ni las Mareas en defensa de la sanidad y la educación públicas, ni las Marchas de la Dignidad, ni la rebelión social que durante años ha tomado las calles.

¿Gobierno de coalición?

La negociación fallida entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ofrece importantes lecciones que deben ser consideradas seriamente por los militantes de la izquierda.

Desde el principio era evidente que el PSOE no quería saber nada de un Gobierno de coalición. La cuestión es por qué Podemos, y concretamente Pablo Iglesias, ha hecho de este asunto el eje de toda su estrategia. ¿Por qué esta insistencia en participar en un Gobierno con una posición minoritaria, en el que su papel de comparsa solo resaltaría su complicidad con la austeridad, los recortes y la represión? ¿O acaso alguien puede pensar que con dos o tres ministros de Podemos la orientación política de Sánchez o el PSOE iba a cambiar sustancialmente?

En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, hace cuatro años, Podemos obtuvo más de cuatro millones de votos, consiguió 69 diputados y se convirtió en la fuerza más votada en Catalunya y Euskal Herria. Sumados al millón de Izquierda Unida, cosecharon el mejor resultado que ninguna formación a la izquierda del PSOE había logrado desde el restablecimiento del régimen parlamentario en 1977.

Esta posición electoral reflejaba lo lejos que había llegado el cuestionamiento del régimen capitalista español entre amplias capas de la población, y ofrecía todas las posibilidades para impulsar y unificar la movilización social a una escala aún más amplia. Pero en estos cuatro años la deriva de la dirección de Podemos hacia la política institucional y su renuncia a la lucha en las calles ha sido muy acusada.

Podemos ha tenido posibilidades de gobernar grandes ayuntamientos, como los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, por citar algunos, pero no solo no ha marcado ninguna diferencia, sino que se ha plegado a la lógica del mercado y las leyes del régimen, sin tomar ninguna medida efectiva contra el incremento de los alquileres, negándose a impulsar seriamente la construcción de vivienda pública, frenar los desahucios o remunicipalizar los servicios públicos privatizados.

La formación morada se ha debilitado, y los sectores más socialdemócratas y asimilados por las instituciones han marcado la pauta… hasta que se han visto con la fuerza suficiente para escindir Podemos y servir a otra causa.

Cuando en junio de 2018 el PSOE presentó la moción de censura contra Rajoy, la movilización social había puesto otra vez contra las cuerdas al Gobierno del PP. Las manifestaciones multitudinarias de los pensionistas, y las sentencias infames de la justicia patriarcal que habían impulsado una huelga general feminista histórica el 8 de marzo, daban cuenta del ambiente que existía. A esto había que sumar el levantamiento popular en Catalunya por la autodeterminación y la república, cuyas ondas expansivas se habían propagado desde octubre de 2017 a la primavera de 2018.

No fue la corrupción sino la presión de la lucha de clases y el movimiento de masas lo que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Aunque en ese momento la burguesía instó a un pacto entre Ciudadanos y el PSOE para pilotar un Gobierno técnico que preparase nuevas elecciones, el ensimismamiento de Albert Rivera, sobrado de arrogancia ante las encuestas que le presentaban como ganador, dio al traste con una opción que también era del agrado de la dirección socialista.

Con Pedro Sánchez en La Moncloa, la dirección de Podemos hizo todo lo que estuvo en su mano para mejorar sus credenciales de socio confiable. Llegó a un acuerdo con el nuevo Gobierno del PSOE, cuya medida estrella fue el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. Pero rápidamente, el aumento fue saboteado por la patronal utilizando la reforma laboral aprobada por Rajoy.

Tras las elecciones de abril, Pablo Iglesias redobló su campaña para entrar en el Gobierno. Apareciendo como un “hombre de Estado”, se comprometió a asumir la política del PSOE en Catalunya, es decir, negar el derecho a decidir, respaldar la represión y el 155, y aceptó sin rechistar la agenda exterior de Sánchez, otra “cuestión de Estado”, para no interferir en la política de inmigración de la UE o en los acuerdos con el imperialismo europeo y norteamericano en Latinoamérica.

Una vez que en septiembre la negociación, o la mascarada de ella, encalló, Pablo Iglesias tuvo la ocurrencia de solicitar el arbitraje del rey Felipe VI para convencer a Sánchez. Parece mentira que alguien que hizo de la confrontación con la casta y el régimen del 78 su bandera política, recurra a su representante más cualificado para pedir auxilio. Estas son las maniobras que blanquean a unas instituciones que representan todo contra lo que hemos combatido en estos años.

La insistencia de forzar un Gobierno de coalición con el PSOE basado exclusivamente en ocupar carteras ministeriales de “peso” carece de sentido. ¿Acaso hacer el trabajo sucio, como hizo Tsipras en Grecia, y colocarse como cómplice del PSOE a la hora de aplicar las recetas antiobreras de la burguesía son un objetivo?

Pablo Iglesias ha perdido una oportunidad de oro para desenmascarar al PSOE. Después de constatar la negativa rotunda de Sánchez a llegar a un acuerdo con Podemos, tendría que haber explicado las razones políticas de esta negativa y dejar claro que Podemos no entraría en un Gobierno que solo serviría para sostener más recortes y atacar los derechos democráticos.

Sobre esta idea fuerza, demostrando que ni por activa ni por pasiva Podemos permitiría el acceso de la derecha españolista a La Moncloa, votar la investidura de Pedro Sánchez —sin ningún compromiso— y encabezar una contundente oposición de izquierda basada en la movilización, le habría granjeado un apoyo social indiscutible. ¿No hubiera sido una estrategia mucho más consecuente para desmontar las maniobras y la demagogia del PSOE?

Necesitamos construir una izquierda combativa

La burguesía ha puesto toda la carne en el asador para lograr un Gobierno que le garantice estabilidad y margen de maniobra. La última propuesta de Albert Rivera ofreciendo al PSOE una abstención en la investidura, aunque finalmente no prosperó, indica la orientación de Ciudadanos. La formación naranja ha fracasado en su objetivo de liderar la derecha, y unos malos resultados el 10-N obligarían a Rivera a entrar por el aro y apoyar a Sánchez, tal como han venido reclamando la CEOE y el Ibex 35.

No parece probable que el bloque reac­cionario aumente considerablemente ni sus votos ni sus diputados. En todo caso se producirá un nuevo reparto, con el PP creciendo a costa de Ciudadanos y Vox. Evidentemente hay una salvedad importante que puede alterar esta previsión: que la abstención sea tan fuerte que el voto a la izquierda en los barrios obreros se desplome, pero no parece lo más probable. La fragmentación de la derecha, tal como viene insistiendo Pablo Casado, es un factor de primer orden teniendo en cuenta la ley electoral.

Las encuestas señalan un crecimiento del voto al PSOE, pero en los últimos sondeos esta tendencia se ha moderado bastante. No hay duda de que el voto útil volverá a funcionar, pero existe una importante desconfianza ante los verdaderos motivos de Sánchez para convocar elecciones. Es difícil hacer un pronóstico acabado. Lo que está fuera de discusión es el interés de amplios sectores de la clase dominante por reforzar el papel del PSOE como garantía de estabilidad.

En ese sentido, el giro público y acelerado de Sánchez para abrazar vergonzosamente el nacionalismo españolista más rancio (su eslogan Ahora Gobierno, ahora España lo dice todo), a pocos días de que el Supremo emita una sentencia durísima contra los presos políticos catalanes, es muy revelador y confir­ma lo que decimos.

Sánchez no ha escatimado esfuerzos durante todo este tiempo pidiendo tanto al PP como a Ciudadanos su abstención para evitar depender de Unidas Podemos y gobernar en solitario utilizando pactos parlamentarios a la carta. Después del ­10-N esta apuesta se profundizará, aunque los resultados pueden complicarla mucho. Lo que está claro es que tal como ha ocurrido otras veces en la historia reciente, el PSOE se prepara para llevar a cabo las medidas de la clase dominante garantizando la mayor paz social posible.

La candidatura de Errejón, Más País, a la que se han sumado oportunistamente Compromís y otras formaciones menores, juega un papel instrumental al servicio del PSOE y su estrategia. Esta es su única función, y no toda esa charlatanería sobre un “polo ilusionante” para supuestamente frenar la abstención de izquierdas. Errejón fue clave para la victoria del bloque reaccionario en la ciudad de Madrid, y tiene desde hace tiempo encomendada la misión de dividir a Podemos y escorar ese espacio aún más a la derecha.

Unidas Podemos se encuentra en una encrucijada. Probablemente vuelva a recoger el voto de millones de trabajadores y jóvenes que se dan perfecta cuenta de la jugada del PSOE y que piensan, correctamente, que hay que prepararse para enfrentar un periodo de luchas contra los nuevos recortes y contrarreformas que se avecinan. Pero si insiste en ser un socio subalterno de la socialdemocracia, si se niega a reconocer los errores políticos que ha cometido, y se dedica a una mera oposición institucional, su declive electoral y orgánico está asegurado.

La experiencia de estos años ha demostrado que no es posible gobernar para dos amos a la vez. O con los capitalistas, con la banca, con los grandes poderes fácticos, que son el sostén del régimen del 78, o con los trabajadores y sus familias, con los parados, con la juventud que sufre la lacra de la precariedad y el desempleo crónico, con los pensionistas, con el pueblo de Catalunya que lucha por la república y su derecho legítimo a decidir, con las mujeres golpeadas por la desigualdad y la violencia, con todos los oprimidos y explotados levantando un programa socialista para transformar la sociedad.

Hemos derrotado a la derecha en las urnas el pasado 28-A y tenemos la obligación de derrotarla el 10-N. Pero lo ocurrido en los últimos meses señala que la clase dominante planifica una dura ofensiva y utilizará al PSOE para ponerla en marcha.

La conclusión es clara: necesitamos una izquierda combativa, con fuertes raíces en el movimiento obrero, entre la juventud y en los movimientos sociales. Los próximos choques de la lucha de clases no pueden pillarnos desprevenidos.

¡Es la hora de la lucha y la organización!

¡Afíliate a Izquierda Revolucionaria!

• ¡Pensión y salario mínimos de 1.200 euros! Por la derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones. Jubilación a los 60 años y contratos de relevo para la juventud. 35 horas semanales sin reducción salarial. Fin de la precariedad laboral: a los 15 días fijos en plantilla.
• Prohibición por ley de los desahucios. Por un plan de choque para crear un parque de vivienda pública que cubra la demanda existente con alquileres sociales. Nacionalización de los dos millones de viviendas en manos de la banca.
• Enseñanza pública de calidad y gratuita desde infantil hasta la universidad. Derogación de la LOMCE. Fuera la religión de los centros de enseñanza. Ni un euro del presupuesto público para la enseñanza privada y concertada. Derecho al voto a los 16 años.
• Derecho a una sanidad pública digna, gratuita y universal. Derogación de todas las leyes que han permitido la privatización de la sanidad.
• Remunicipalización de los servicios públicos privatizados, manteniendo y ampliando las plantillas y respetando los derechos laborales.
• Contra la violencia machista, la justicia patriarcal y la discriminación de la comunidad LGTBI. Por un feminismo de clase y revolucionario.
• Combatir el fascismo y el racismo con la movilización y la organización. Fin de la Ley de Extranjería y de los CIEs, garantizando los derechos políticos, sociales y económicos para los inmigrantes y sus familias.
• Basta de represión judicial y policial. En defensa de la libertad de expresión. ¡Fuera la Ley Mordaza!
• En defensa del medio ambiente y contra el cambio climático. Nacionalización de todas las multinacionales de producción de energía y combustibles (eléctricas, compañías mineras, de petróleo y gas, empresas de producción de energía eólica y solar, etc…), y plan público de inversiones para establecer una industria energética 100% ecológica y sostenible, garantizando y ampliando los empleos del sector.
• Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos para planificar la economía bajo el control democrático de la clase obrera y sus organizaciones.
• Por el derecho de autodeterminación. Por la república socialista de Catalunya y la república socialista federal basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español que así lo decidan.