Por su interés, publicamos este artículo aparecido en el diario digital Público.es el pasado lunes 18 de septiembre. Pincha aquí para acceder al original.
Durante dos días, la Comisión Ciudadana por la Verdad ha entrevistado a personas que sufrieron la muerte de miles de mayores sin recibir atención sanitaria en la primera ola de la pandemia, a profesionales y responsables políticos.
Ha concluido la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, impulsada por familiares de los fallecidos y expertos. El objetivo de esta iniciativa era investigar las muertes de las 7.291 personas que perdieron la vida durante la primera ola de la pandemia en estos centros.
Entre el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre, se han recogido hasta 30 testimonios de allegados de las víctimas, trabajadores del sector y responsables políticos de entonces, como el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dimitió en octubre de 2020 por esta causa.
Siete personas, expertos jurídicos y abogados, forman ahora el tribunal de esta comisión, encargado de elaborar un informe que dé cuenta de lo ocurrido.
En sus declaraciones, hijas e hijos de los mayores que murieron en los centros sin recibir atención médica han recordado cómo trascurrieron las agónicas últimas semanas de vida de sus padres y madres. Los llamados "protocolos de la vergüenza", aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, impidieron que cualquier residente con algún tipo de dependencia (o sea, la gran mayoría) fuera trasladado a hospitales o ambulatorios, salvo que tuviera un seguro privado.
El resultado ya se conoce: miles de ancianos se contagiaron de coronavirus y fallecieron deshidratados, con insuficiencias respiratorias, fiebres... metidos en sus habitaciones. Algunos los primeros días de la pandemia, otros tras ver cómo sus compañeros habían cerrado los ojos sin poder ni siquiera hablar una última vez con sus seres queridos.
Ese fue el caso de Alfonso Valero, uno de los 42 residentes que murió en la residencia de mayores de Usera, después de que le administraran cuidados paliativos. A sus familiares no les dejaron verlo durante 18 dolorosos días. Así lo contó el viernes María Jesús Valero, su hija, que recordó cronológicamente las semanas infernales que sufrieron su familia y ella, hasta que finalmente les informaron de que su padre había fallecido por un "fallo cardiorrespiratorio, posible covid".
Con la voz entrecortada, Valero ha denunciado el trato "antihumano" que recibió por parte de los encargados de seguir los protocolos: "Nos sentimos como unos apestados. Nos prohibieron la entrada a las instalaciones sin posibilidad de despedirnos".
Aunque enviaron varias solicitudes a los directivos del centro para recibir información de lo que estaba pasando, todo lo que sabían procedía en buena medida de los medios de comunicación. Una situación "desesperante" que se sumaba a la visible falta de previsión. Incluso a 16 de marzo (el Gobierno había aprobado el estado de alarma el 14), desde la residencia, ha explicado Valero, les aseguraron que no había ningún contagio y que las auxiliares de enfermería no se ponían las mascarillas porque "asustaban a los residentes".
Valero lamenta que, pese a que también enviaron numerosas cartas para pedir un aumento del personal y test PCR para los enfermos, las respuestas fueron "nulas". Ya el 20 de marzo recibieron la noticia de la primera muerte de un residente y una de las trabajadoras. Con todo, tuvieron que ser los propios familiares los que contactaron con la UME para que fueran a desinfectar las instalaciones.
Varias personas participan en una manifestación convocada contra la gestión de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid en los geriátricos durante la pandemia
Ese mismo día, profesionales del centro hicieron una videollamada con Valero para comunicarla que su padre estaba "muy grave". Ellas eran sus "ojos y oídos". "No me quiero morir por la noche sin ver a mis hijas por la mañana repetía agónico", ha narrado con pena.
El 26 de marzo Alfonso Valero falleció. Su familia nunca entendió por qué no le llevaron al hospital siendo una persona enferma. Más de tres años después, su hija sigue persiguiendo la verdad y buscando una explicación a esa "omisión de auxilio".
Una crueldad que también vivieron en sus carnes mujeres como Mercedes Huertas, Rosana Castillo o Isabel Hernández, que han sacado valor y fuerzas de donde no les quedan para hablar las condiciones deplorables en las que se encontraban sus progenitores antes de morir.
En plena escalada de contagios, hubo a quienes les ofrecieron sacar a sus madres y padres de los centros, pero muchos no tenían casas con las instalaciones necesarias para poder acogerlos. Fue el caso de Hernández, cuya vivienda "no estaba preparada para una silla de ruedas".
Su madre, una mujer de 85 años, totalmente dependiente y con un deterioro cognitivo severo, murió el 20 de marzo de 2020. Hernández pidió su traslado a otra residencia, pero, "en ese momento, se interrumpió la comunicación con el centro", que, además, no tenía permiso para llevarla a un hospital porque los protocolos se lo impedían.
En pleno confinamiento, pasaron el duelo "sin poder hacer nada", ya que no estaba permitido ir ni al tanatorio ni al cementerio, y con mil preguntas sin resolver. En junio, ella y su familia recibieron una notificación de la Comunidad de Madrid en la que la trasladaban sus condolencias, aunque "se justificaban diciendo que cumplían los protocolos".
Al igual que la madre de Castillo o el padre de Huertas, se fue y, desde entonces, su mayor incertidumbre ha sido si lo hicieron solos o acompañados. Con impotencia, las familias se compadecen de que no les dieran la oportunidad de salvarse.
Trabajadoras suspendidas por denunciar la crueldad
En la comisión, también tuvieron la oportunidad de expresarse diferentes trabajadoras de varias residencias de la región, muchas de las cuales fueron expedientadas, trasladadas y suspendidas por denunciar ante los médicos las actuaciones en las residencias.
"Fuera eran los protocolos de la vergüenza, pero por dentro eran una vergüenza de protocolos", ha criticado Nandi Gutiérrez, TCAE. Ella misma ha explicado que solo podían cambiarse la mascarilla FFP2 a la semana y que los guantes no estaban homologados.
Junto a su compañera Elvira García, han denunciado la "falta de información y de formación" por parte del Gobierno de Madrid y la residencia. Y han relatado cómo hasta el 6 de abril no llegó el Ejército para hacer pruebas a los mayores y a las trabajadoras.
"Según la dirección no era necesario tomar medidas en los módulos que no eran de aislamiento", han detallado. Nunca olvidarán, han asegurado, el "terror en la mirada" de los residentes.
Discriminación por edadismo
El sábado por la mañana, en la segunda jornada de la comisión ciudadana, les llegó el turno para los "peritos", figuras como el exconsejero Alberto Reyero, el médico Francisco Pozo, Carmen Miquel de Amnistía Internacional o el periodista Manuel Rico, que publicó el protocolo de la residencia madrileña La Purísima Concepción.
En su turno de palabra, Reyero ha abundado en lo que también ha declarado dos veces ante los tribunales cuando ha acudido en calidad de testigo: "La información nos llegó filtrada por la Consejería de Sanidad", ha detallado. Asimismo, el exresponsable ha señalado que el primer caso de covid del que tuvo constancia en una residencia fue el 4 de marzo y ha lamentado que las personas mayores tengan "menos valor que el resto de ciudadanos".
Reyero ha sido la única autoridad presente en el Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia que se ha sentado ente el tribunal impulsado por las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia.
"Se producen más derivaciones en el mes de febrero que en marzo. El parón se produjo sobre el 10 de marzo ", ha indicado Reyero. A su juicio, las cuatro versiones del protocolo fueron "la constatación de algo que ya se estaba produciendo".
Mientras, Pozo, especialista en neumología y epidemiología, ha destacado que la restricción de ingresos hospitalarios es una singularidad de la Comunidad de Madrid con respecto a otros lugares y ha aseverado que "las decisiones sobre las derivaciones deben hacerse éticamente sobre datos individuales", ya que "de lo contrario, no resulta clínicamente ética". Por su parte, Miquel se ha preguntado por qué desde la Fiscalía y el Estado no se han tomado las medidas necesarias para investigar a fondo estas muertes.
Así, las familias de los fallecidos han intentado dejar constancia tanto de la existencia de los protocolos, como de la no medicalización de las residencias y la "no utilización de las vías alternativas para intentar salvarles la vida".
