¡Basta ya de jugar con nuestras vidas!

Este domingo 12 de julio el Govern de la Generalitat ha decretado el confinamiento domiciliario en la ciudad de Lleida y otros 7 municipios de la comarca del Segrià por el brote descontrolado de coronavirus. La evolución de nuevos contagios a nivel general, con más de un centenar de focos en todo el Estado, resulta francamente preocupante. Pero lo que ocurre en Catalunya ha hecho saltar todas las alarmas.

En las últimas horas los nuevos casos de contagio por coronavirus han pasado de 361 a 938, siendo solo en comarca del Segrià 190 los nuevos casos diagnosticados y una víctima mortal. A esto hay que añadirle el brote que ha surgido en cuatro de los barrios del norte de L'Hospitalet de Llobregat, que colindan con la ciudad de Barcelona. Hace apenas una semana las autoridades sanitarias ya advertían que esperaban un repunte mayor y denunciaban la falta de medidas para controlarlos. Lo cierto es que todo esto pone sobre la mesa que a pesar del horror y muertes vividas en estos meses, ni el Gobierno central ni el Govern han tomado medidas para reforzar la sanidad pública y proteger a la población frente al coronavirus.

La sanidad pública desmantelada no puede hacer frente al Covid

Desde el Sindicato de Enfermería (SATSE) ya alertaron hace tan solo un mes de que “Catalunya no disponía del número suficiente de camas de UCI”, estimando que a la comunidad le “faltarían 811 para llegar a la media de 1,5 camas por cada 1.000 habitantes que marcó el Ejecutivo central”. Mas o menos por las mismas fechas, el President de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba que destinarían 43.000€ por paciente de Covid-19 atendido en las clínicas privadas para cubrir los gastos que la pandemia había supuesto para estos empresarios (¡cuando la propia patronal estimaba este coste en unos 1.000€ por paciente!). Millones de euros para aumentar los beneficios de los capitalistas a costa del erario público y de la vida de miles de personas trabajadoras.

El Govern de la Generalitat se ha dedicado en todo este tiempo a privatizar la sanidad pública con los terribles resultados que hoy conocemos. No han tenido el menor reparo el sacar pecho para presumir – entre otras cosas - de un sistema de detección, rastreo y supervisión diseñado a medida que, ahora, en la comarca del Segrià, ha quedado en total evidencia.

A diferencia de otras comunidades autónomas que incorporan los profesionales de rastreo en las plantillas de la Sanidad Pública, el Govern ha externalizado este servicio con la empresa Ferrovial que lleva años gestionando los “call center” de atención sanitaria 061: un servicio donde las y los trabajadores llevan años reclamando unas condiciones de trabajo dignas entre otras reivindicaciones.

Ferrovial cuenta con un total de ¡120 personas contratadas para atender las llamadas! De esta forma el grueso de la tarea de detección e identificación de nuevos casos sigue recayendo en una Atención Primaria de Salud Pública -debilitada y desmantelada -  que está afrontando el enorme volumen de trabajo sin ninguna nueva incorporación.

Eugeni Paredes, médico de familia en un Centro de Atención Primaria (CAP) de Lleida, asegura que en cuestión de dos semanas han quedado desbordados por las llamadas acumuladas que los médicos deben realizar. “El último día teníamos en lista 70 llamadas. No las pudimos acabar todas, así que las dejamos para el día siguiente, esto nos deja con la incógnita de si el contacto del positivo recibirá la información a tiempo para aislarse en vez de seguir haciendo vida normal” y añade “no tenemos ningún feedback de lo que hacen los rastreadores”. La Sanidad Pública totalmente colapsada mientras el Govern sigue regalando dinero público a las empresas privadas.

Para mayor escándalo, ante el avance del brote en Lleida la Conselleria de Salud de la Generalitat hacía la semana pasada un llamamiento a sanitarios y trabajadores sociales voluntarios de toda Cataluña para se acercaran a Lleida con la previsión de un aumento de casos en las semanas siguientes en la comarca del Segrià. Ese es el plan del Govern, voluntarismo y caridad para no gastar ni un euro más en poner la sanidad pública en condiciones de poder afrontar la situación. Eso sí, los negocios de la privada, no se tocan. Ahí no hay debate.

Otra vez: los negocios son lo primero

Ante este nuevo brote descontrolado, el Govern de la Generalitat se ha visto obligado a confinar de nuevo a la ciudadanía de la comarca con “matices”. Así lo anunciaba la consellera de Salut, Alba Vergés, en una rueda de prensa junto al conseller de Interior, Miquel Buch, donde señalaba “la población tiene que quedarse en casa excepto para trabajar”, poniendo una vez más los beneficios de los empresarios delante de nuestras vidas.

A pesar de dejar claro que el trabajo es lo primero y no hay virus que valga para cambiar esto, los empresarios no han tardado en poner el grito en el cielo ante este nuevo confinamiento. No están dispuestos a volver a cerrar sus empresas y dejar de engrosar sus cuentas bancarias.

Muy destacados en este discurso han sido los empresarios del sector hortofrutícola que han hecho un llamamiento masivo para la recogida de fruta. Entre  35.000 y 40.000 inmigrantes han llegado a la comarca para la campaña  - como cada año -  para cubrir la temporada. Como cada año también estos temporeros soportan unas condiciones de máxima explotación que no terminan con su jornada laboral. Las condiciones en las que sobreviven sin tan siquiera un techo con el que cobijarse son espeluznantes. Tras las múltiples denuncias por esas imágenes que conmocionaban a la población se han tomado algunas medidas para “habilitar espacios” donde puedan dormir. Pero las condiciones siguen quedando muy lejos de lo aceptable: hacinamiento en pabellones o almacenes vacíos o pisos que no tienen si quiera agua corriente y por los que los empresarios les descuentan el 10% de su salario no son nada excepcional. No por casualidad están siendo víctimas de una parte muy importante de las nuevas víctimas del Covid19. Ya el pasado viernes un 28% de los hospitalizados eran trabajadores del sector de la fruta y doce de los 20 brotes de la región están localizados en empresas hortofrutícolas.

Aunque sea un secreto a voces las condiciones extremas en las que la mayor parte de las ocasiones sobreviven los temporeros, los empresarios insisten en que sus condiciones de trabajo son las adecuadas y que incluso les facilitan un alojamiento seguro. Esta campaña machacona para legitimar a estos explotadores y ayudarles a seguir llenando sus bolsillos es una broma de mal gusto.

La realidad para miles de temporeros es muy distinta a lo que predican estos terratenientes: sin mascarillas ni hidrogeles, en una situación desesperada por lograr algún ingreso y con miedo a que si muestran el más mínimo síntoma serán despedidos, se ven sometidos a unas condiciones terribles sin que el Govern ni el Gobierno central muevan un dedo al respecto. Ni palabra sobre regularizar a estos trabajadores, sobre garantizar alojamientos dignos, sobre derogar la Ley de Extranjería, y por supuesto tampoco sobre perseguir a los empresarios que les someten a unas condiciones inhumanas ¡Eso es lo que deberían hacer si les importara lo más mínimo su situación! Pero su preocupación está en garantizar los beneficios de sus explotadores. Es la receta para el desastre.

El plan contra el coronavirus consiste en que…. no hay plan

Para tapar todo esto está la campaña que culpa “a la gente” y a su “irresponsabilidad” de los nuevos focos. Temporeros, jóvenes que se juntan en playas o bares o la imagen de algún transeúnte sin mascarilla…. Todo vale con tal de ocultar la actitud criminal de los empresarios que han impuesto la reapertura de la economía a costa de la salud general  - y que lo han hecho además con el apoyo y colaboración del Govern de Torra y también del Gobierno de coalición PSOE-UP- . Y es que a pesar de las cifras dramáticas de muertos, de las situaciones límite que se han vivido en los hospitales, de todo el sufrimiento general vivido en estos meses, lo cierto es que en ninguno de los dos casos se ha tomado ni una sola medida para evitar que la pesadilla se vuelva a repetir. 

El decreto de la Generalitat para confinar a la población ha llegado tarde y cuando la situación se ha ido claramente fuera de control. Han intentado a toda costa evitarlo y ahora tratan de utilizar esta medida para tapar su mala gestión y aparecer como gente responsable, pero nada más lejos de la realidad. Buena muestra de las enormes resistencias a esta medida por parte de los empresarios para los que el Govern legisla ha sido la respuesta judicial que la ha paralizado por el momento. No obstante la consellera de Salut, Alba Vergés, ya ha afirmado que buscarán la seguridad jurídica y ha pedido a la ciudadanía “que se quede en casa y salga solo para trabajar y comprar lo necesario”.

Tras esta puesta en escena, la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada para reforzar la sanidad pública ni garantizar la salud de los trabajadores y el conjunto de la población.

Lamentablemente esta actitud no es patrimonio del Govern, sino que también el Gobierno de PSOE- UP ha seguido esta misma estela. Envuelto en palabras como “escudo social” o “proteger a los vulnerables”, el fondo del asunto es el mismo. La ausencia de recursos a la sanidad pública y la ausencia de ningún tipo de plan para hacer frente a la enfermedad se hace cada día más evidente, tanto a nivel estatal como en Catalunya. Parece ser que todos los muertos que la clase trabajadora ha puesto en esta pandemia no han sido suficientes. Las presiones de la patronal para garantizar sus negocios siguen siendo la prioridad número uno y eso nos coloca en una situación desastrosa en la que cualquier rebrote provocará de nuevo que las consecuencias las paguemos los mismos. Lo que necesitamos para poder enfrentar esta pandemia pasa por romper con esa lógica criminal.

Es necesario y urgente un plan de choque para salvar la sanidad pública, con la contratación masiva de profesionales y garantizando todos los recursos. Tanto el Gobierno central como el Govern de la Generalitat, deben proporcionar todos los medios de protección sanitaria necesarios en la lucha contra el coronavirus y atender a toda la población, tiene que intervenir de verdad a la sanidad privada, dejar de llenar los bolsillos de los empresarios con dinero público, proceder a su nacionalización inmediata y reforzar una Sanidad Pública que lleva años sufriendo su desmantelamiento.