La reiterada negativa del gobierno del PP al derecho a la autodeterminación de Catalunya alegando la “unidad indestructible de la patria” es una seña de identidad histórica de la derecha española, a la que le salen sarpullidos ante cualquier cosa que se asemeje a un derecho democrático. En los círculos de poder del aparato estatal, tan estrechamente ligados al PP y al franquismo, la cuestión catalana está provocando una gran excitación. Tanto es así que hasta un alto mando del Ejército, el teniente general Pedro Pitarch, advirtió, en un artículo publicado en marzo, que “el perverso espíritu que animó el intento de golpe del 23-F parece seguir latiendo y aflora a la menor ocasión”. Alertó de que “hay militares en activo y retirados que tratan de inocular y fomentar un Estado de opinión a favor de una intervención militar en Catalunya”, que hay militares que están “instando públicamente” a quebrar la disciplina y el ordenamiento legal. ¿Qué hace el gobierno del PP ante una denuncia de tamaña gravedad? Reforzar su discurso españolista, pero contra los militares golpistas, nada. Es la “fiesta de la democracia” a la que nos tiene acostumbrados la derecha.
Recientemente, un informe del Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la CEOE, señalaba la forma de proceder en el caso de convocarse un referéndum en Catalunya: “nos adentraríamos en una situación de conflicto abierto que inevitablemente acarrearía la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la destitución del Gobierno catalán y el cierre de su Parlamento y la restricción de algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias”, lo que desembocaría en una situación en la que “abortada la secesión, encarcelados sus líderes e ilegalizados los partidos políticos que la apoyaron, se abriría un periodo transitorio durante el cual el Estatut quedaría en suspenso y las competencias transferidas volverían a manos del Gobierno”. Esto lo dice una “institución” a cuya cabeza se encuentra José Luis Feito, famoso por decir que “hay que aceptar trabajos aunque sean en Laponia” o que, recientemente, solicitó que se prolongara la edad de jubilación hasta los 70 años. Un digno ejemplo del carácter ultrarreaccionario de la burguesía española.
Convergencia aprueba un modelo de estado ‘thatcheriano’
Por su parte, CiU utiliza los sanos sentimientos democráticos del pueblo catalán para sus propios objetivos, que son idénticos a los del PP en todos los aspectos fundamentales, los que de verdad afectan a la vida de la gente. CDC (el partido de Mas dentro de CiU), en su convención nacional celebrada recientemente, aprobó un programa liberal clásico, al estilo de Margaret Thatcher: defensa de un capitalismo salvaje, menos impuestos para los grandes empresarios, mínima intervención estatal, desmantelamiento de los servicios públicos excepto para “atender sectores de población sin asistencia”. Se defiende abiertamente el copago, “la corresponsabilidad o cofinanciación de los recursos, dependiendo de la capacidad económica de cada uno”. Este es el programa de CiU para un nuevo Estado catalán, un Estado, por cierto, en el que los mandos de los Mossos d’Esquadra (un cuerpo que destaca por su brutalidad —a principios de abril, en un solo día, dos “reducciones” efectuadas por sus agentes provocaron la muerte de dos personas— y su saña contra la protesta social) seguirán en sus puestos.
La ‘hoja de ruta’ de CiU
CiU tratará de aprovechar la negativa del gobierno del PP a autorizar la celebración de una consulta en Catalunya para conformar un gobierno de emergencia nacional, implicando todavía más a fondo a ERC en su política de recortes sociales. Efectivamente, hasta ahora, a cambio de la promesa de un referéndum, cuya celebración está supeditada a un acuerdo con la derecha española y que además tendría un carácter consultivo, CiU ha conseguido que la mayoría los dirigentes de la izquierda se presten a un vergonzoso lavado de cara del principal partido de la burguesía catalana, pionero en la política de recortes salvajes y campeón de la represión. Increíblemente, David Fernández, dirigente de las CUP y diputado en el Parlament, volvía a poner encima de la mesa en una reciente entrevista en Catalunya Ràdio la posibilidad de que por “factores exógenos” las CUP pudieran participar en un gobierno de unidad nacional encabezado por Artur Mas. Estamos seguros de que una parte importante de las bases de las CUP, que lucha por un cambio social profundo en Catalunya, incompatible con la política de CiU, se opondrían activamente a que se diera tal paso.
Los dirigentes del PSC se han desmarcado de la ruta “independentista” de CiU, pero sólo para caer, con el maltrecho disfraz del “federalismo”, en el campo de la reacción españolista del PP. Los socialdemócratas tampoco han tenido inconveniente en acordar con CiU la puesta en marcha de un macrocomplejo de juego en Tarragona, modificando los impuestos a gusto de las empresas implicadas, siguiendo el ejemplo de Esperanza Aguirre cuando trató de llevar adelante una iniciativa similar en Alcorcón.
Cada vez es más evidente que la única manera consecuente de luchar contra la opresión nacional y por el derecho a la autodeterminación es vinculándolo a la lucha contra el capitalismo, con un programa socialista e internacionalista, completamente enfrentado a CiU y al PP.
