El 26 de mayo, un día después de las elecciones europeas, el ayuntamiento de Barcelona (de CiU), llevaba adelante el desalojo del histórico centro social Can Vies. Propiedad de la empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), y con ubicación en el barrio popular de Sants-Montjuïc, estaba ocupado desde hacía 17 años cumpliendo una función social que el ayuntamiento no proporcionaba: servicio de comedores sociales sin discriminación para las personas necesitadas; préstamo de libros y actividades culturales; oferta de espacios para grupos musicales y teatrales, así como para reuniones y actividades de diferentes colectivos. La oposición a su derribo ha sido unánime por parte de los vecinos, desatando una fuerte movilización.
Los medios de comunicación sólo han sacado la quema de contenedores y la rotura de cristales que ha protagonizado una minoría pero, por supuesto, han ocultado cuidadosamente la salvaje e indiscriminada represión de los Mossos. El miércoles 28, tercer día de protestas y con más de 7.000 jóvenes en la calle, las brutales cargas provocaron la reacción de cientos de vecinos que salieron a los balcones con cacerolas para mostrar su rechazo. Los Mossos acordonaron la estación de Sants cada uno de los días de las protestas, cerrando sus accesos, y han llegado a entrar en la estación para golpear con saña a personas que nada tienen que ver con las movilizaciones. También entraron en los portales donde manifestantes y vecinos trataban de refugiarse de las cargas. La brutalidad policial ha dejado sin oído a un joven que paseaba en bicicleta. Incluso en un periódico local “Directa”, la policía levantó la persiana de la redacción para reventar el vidrio y entrar. Hubo decenas de detenciones y cientos de heridos.
La Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) se ha solidarizado con esta lucha y ha señalado las causas de fondo de estas protestas: “las desigualdades y las injusticias que están rompiendo Barcelona”.
La policía catalana acumula cada vez más escándalos desde el desalojo salvaje del movimiento 15-M de la Plaça Catalunya: la pérdida de un ojo de Ester Quintana a causa de una pelota de goma lanzada por la policía durante la huelga general del 14-N de 2012 —negando la evidencia hasta que quedó probado en el juicio—, o la muerte en sus manos, en circunstancias poco claras, de hasta tres personas en los últimos meses. Finalmente, tras la actuación policial en Sants, Manel Prat, director de los Mossos d’Esquadra, se ha visto obligado a dimitir.
Este derribo se ha producido en el momento en que se conocía la sentencia por el caso Palau, uno de los principales casos de corrupción que afecta tanto a CiU como al PSC, y por el que se ha condenado únicamente con un año de prisión a sus principales responsables, absolviéndose a la cúpula de urbanismo del ayuntamiento, en ese momento en manos del PSC. ¡Con Can Vies represión al máximo y para los corruptos alfombra roja!
El ayuntamiento, obligado a paralizar el derribo
Ante el incremento de la indignación vecinal, el viernes 30 el ayuntamiento confirmaba la paralización temporal del derribo. Confiaba en que podrían desactivar la gran manifestación prevista para el día siguiente, sábado 31 de mayo. No lo consiguieron: el sábado, tras comenzar por la mañana los trabajos de reconstrucción para reocupar el centro social, 20.000 personas se manifestaban en el centro de Barcelona en solidaridad con Can Vies. Varias columnas confluían en Plaza Universitat procedentes de distintos barrios. Una de ellas encabezada por una pancarta que decía “Sergi Libertad”, en alusión al joven para el que se ha decretado prisión provisional, exigiéndole una fianza de 10.000 euros. Posteriormente se ha decretado otra prisión provisional para otro de los detenidos.
Al finalizar, los Mossos volvieron a la carga contra una manifestación que durante tres horas había transcurrido sin incidentes. Llevaron a cabo una identificación masiva en la confluencia entre Gran Vía y la calle Rocafort, una violación flagrante de los más mínimos derechos fundamentales. Durante casi tres horas rodearon a cien personas, no dejando salir a nadie, y echaron a los periodistas. Los Mossos exigieron a los allí presentes que se identificaran y se dejaran fotografiar, incluso a algunos les obligaron a ponerse capuchas y sudaderas que no eran suyas para realizar dichas fotografías.
Desde el Sindicat d’Estudiants exigimos la libertad inmediata de los dos detenidos para los que se ha decretado prisión provisional, así como la libertad sin cargos de todos los detenidos y la apertura de una investigación inmediata que depure todas las responsabilidades por la injustificada y brutal violencia policial desplegada por los Mossos d’Esquadra a lo largo de esta última semana.
¡Ramon Espadaler, consejero de Interior, dimisión ya!
¡Xavier Trías y Jordí Martí, responsables, dimisión ya!
¡Solidaridad y libertad inmediata sin cargos de todos los detenidos!
¡Más educación y menos represión!
