El pasado 13 de junio Ada Colau tomaba posesión como alcaldesa de Barcelona. Fuera del ayuntamiento, en la plaza de Sant Jaume, miles de personas acudían entusiasmadas a su investidura, coreando el grito de guerra de la PAH: “¡Sí se puede!”. Tras el acto protocolario Ada Colau salió a la plaza para dirigirse a los que allí estábamos, planteando, como ya hizo en su discurso de investidura, que es necesario, ahora más que nunca, que nos mantengamos movilizados: “¡Estad alerta! Para que la ciudadanía pueda mandar en esta ciudad, será necesario que continúe movilizada”.

En su primer día de mandato fue al distrito de Nou Barris donde había previstos nueve desahucios. La alcaldesa, que acudió con los servicios sociales, realizó gestiones con los bancos para tratar de suspenderlos todos, cosa que finalmente se consiguió. Otra acción importante ha sido la retirada del ayuntamiento como acusación particular del proceso que se sigue contra dos estudiantes detenidos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, Isma y Dani, y para los que el anterior alcalde de CiU, Xavier Trias, pedía cuatro años de cárcel. La nueva alcaldesa también ha decidido retirar la candidatura de Barcelona para los Juegos Olímpicos de invierno, otra fuente de negocios y especulación para los de siempre, así como participar en la manifestación que exigía el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca en Barcelona, indicando que “mientras el CIE no cierre, el Ayuntamiento hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a las familias”.
Estas primeras actuaciones han levantado entusiasmo entre los trabajadores, a la vez que han desatado las críticas más furibundas por parte de la derecha y el aparato del Estado. De hecho, la dirección de la Guardia Urbana ya ha comenzado una campaña de boicot contra la nueva alcaldesa, amenazando con dimitir en bloque al calor de las críticas de Colau al cuerpo por el caso de torturas denunciado en el documental Ciutat Morta y luego tratando de desatar un conflicto por las horas extraordinarias de los agentes, cuya remuneración, por intereses políticos, incrementó Trias semanas antes de las elecciones (en contraste con lo exigido al resto de los trabajadores), y que el actual ayuntamiento considera que en la mayoría de los casos son completamente innecesarias.

Derecho a decidir sí, seguidismo a CiU no

La victoria de la izquierda que lucha en Barcelona, clave para el conjunto de Catalunya, indica que es perfectamente viable una victoria de la izquierda en las elecciones a la Generalitat del próximo 27 de septiembre.
Preocupado por esta perspectiva, Artur Mas ha tratado de contraponer el avance de la izquierda que lucha a la posibilidad de ejercer el derecho a decidir. Dijo que el “sí se puede” que se escuchó en Sant Jaume el día de toma de posesión de Ada Colau es ajeno al proceso que se vive en Catalunya, y supone una amenaza para el mismo. ERC, a través de Oriol Junqueras, trató de condicionar el apoyo a la investidura de Ada Colau al hecho de que esta se pronunciara a favor de la hoja de ruta del 27-S. Pero todo esto ha chocado con la correcta posición mantenida tanto por Ada Colau como por Barcelona en Comú, que en todo momento se han manifestado favorables al ejercicio del “derecho a decidir” por parte del pueblo de Catalunya. La propia Ada Colau ha defendido que “si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”, en alusión a la posibilidad de convocar una consulta con todas sus consecuencias.
Efectivamente, el avance de la izquierda es la mejor manera de defender los derechos democráticos, incluyendo el derecho a la autodeterminación. Ada Colau ha dejado muy claro que no se someterá ni se adscribirá a la hoja de ruta de CiU, un partido que es uno de los pilares del sistema capitalista, un acérrimo defensor de los recortes y de la represión, e implicado hasta el cuello en la corrupción. Mientras CiU anima o congela su “proceso soberanista” a conveniencia, su política de ataque a las conquistas sociales es muy tangible y no se detiene. Recientemente se han aprobado nuevas medidas de privatización de la sanidad pública, como la del Hospital Clínico de Barcelona. Además, han salido a la luz casos claros del expolio y saqueo de los recursos públicos, la privatización del abastecimiento de agua del Ter-Llobregat acordado por la Generalitat en 2012 en beneficio de la multinacional Acciona ahora ha sido anulado por el TSJC por las irregularidades existentes en su concesión. CiU ha dado todo su apoyo al Tratado de Libre Comercio con EEUU (TTIP), que supone un auténtico asalto a la “soberanía nacional” en beneficio de las multinacionales, y ha respaldado en el Congreso al PP para aprobar reformas laborales o recortes en los derechos democráticos, como en el caso de la Ley Mordaza. De la mano de CiU no vamos a conquistar ningún derecho democrático ni social para el pueblo catalán.

¡Sí se puede echar a CiU de la Generalitat!

Para tratar de contener la ola de la izquierda ligada a la movilización CiU está tratando de reforzar su perfil independentista. La ruptura con Unió, tras casi 40 años de coalición (otro síntoma de la profunda crisis de las instituciones y de las formaciones sostenedoras del sistema capitalista), la ratificación de la convocatoria de elecciones a la Generalitat en clave plebiscitaria y los constantes guiños a ERC y a la CUP, tratan de dar un halo de autenticidad a su “proyecto soberanista”.
El éxito de Barcelona en Comú, que en cuestión de meses ha ganado la alcaldía de Barcelona, ha dado un fuerte impulso a la idea de una candidatura unitaria de la izquierda que lucha de cara a las elecciones a la Generalitat del 27-S. De hecho, según la encuesta de El Periódico publicada el 25 de junio, una candidatura unitaria que incluyera IC-EUiA, Podemos y Procés Constituent superaría a ERC y Ciudadanos, y empataría en votos con la candidatura de Más. En intención directa de voto, señala que una eventual Catalunya en Comú sacaría 5,5 puntos más que CiU. Lógicamente, si en este frente de izquierda se incluyese la CUP, los resultados serían todavía más espectaculares. El 24 de mayo ha sido, en todo caso, una clara demostración de que hay una mayoría social y electoral para hacer frente a la derecha, y que tanto CiU como el PP pueden ser completamente desalojados del poder.
La posibilidad de constituir una candidatura unitaria de la izquierda que lucha, una candidatura que vincule el derecho a decidir con un programa de transformación social está ahora al alcance de la mano. Una candidatura de este tipo, donde se agrupen Podemos, ICV-EUiA, la CUP y Procès Constituent y los movimientos sociales podría ganar perfectamentxe las elecciones, con una amplia mayoría. Esto, además de favorecer las posiciones ya conquistadas en los ayuntamientos como el de Barcelona o Badalona, tendría un impacto político tremendo en Catalunya y en todo el estado.