Los dirigentes de Elkarrekin Podemos —con la oposición de Ezker Anitza-IU— se han comprometido a facilitar nueve abstenciones en la votación de los presupuestos del Gobierno vasco del PNV-PSE para que puedan ser aprobados el próximo 27 de diciembre. De los 350 millones que reclamaba para partidas sociales al principio, la dirección de Podemos se ha conformado con partidas por valor de 201,5 millones de euros —el 1,7% de un presupuesto de 11.774 millones—, de los cuales tan solo 88,90 millones serán efectivos en 2020, mientras que el resto son créditos comprometidos hasta el 2024.

Este acuerdo para salvar los presupuestos del PNV-PSE es un tremendo error. No cambia ni un ápice el carácter de derechas de los presupuestos aprobados en años anteriores, y solo sirve para lavarles la cara dando fuelle a la campaña de los jeltzales sobre su supuesto “progresismo”. Cabe recordar las declaraciones del líder de la formación morada, Lander Martínez, hace tan solo un año, cuando afirmaba que Elkarrekin Podemos no estaba “de rebajas” ni de ‘Black Friday’” y no sería “la muleta del PNV, para eso se bastan y se sobran el Partido Socialista y EH Bildu”. Sus palabras sobre que no iban a regalarle al PNV la aprobación de los presupuestos —un calco de los pactados con el Partido Popular los dos años anteriores— se las ha llevado el viento.

Presupuestos de derechas con la firma de la izquierda

Entre las medidas acordadas, una de las más celebradas ha sido la partida de 9,5 millones de euros para feminismo y contra la violencia machista. Lo presentan con una literatura  muy bonita —“democratización de los cuidados”, “formación en igualdad y vidas libres de violencia”, o la implantación de “un programa de educación afectivo sexual en educación infantil, primaria y secundaria”— pero en la práctica no hay ni una sola medida concreta que pueda cambiar realmente la vida de las mujeres trabajadoras.

El acuerdo habla de mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y de combatir la brecha salarial, sin embargo no se plantea la remunicipalización de todos los servicios públicos privatizados por el PNV-PSE y que han provocado una precarización extrema de las condiciones de estas trabajadoras: el servicio de atención a domicilio, las trabajadoras de residencias o de limpieza de las comisarías son solo algunos ejemplos.

En cuanto al “programa educativo” tampoco plantea una asignatura obligatoria de educación sexual que pueda combatir el machismo y la homofobia en las aulas y por supuesto ni hablar de retirar todo el dinero público que se regala en la CAV (más que en ninguna otra comunidad) a los empresarios de la educación privada-concertada —es decir, a la jerarquía de la Iglesia católica— para que difundan su ideario reaccionario en las aulas.

Otro punto interesante es el presupuesto destinado a hacer frente a la emergencia climática (112 millones) y “el compromiso de cerrar los proyectos gasísticos de fracking”. Algo que contrasta enormemente con la realidad: el pasado 29 de noviembre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, daba luz verde a los trabajos de perforación del pozo Armentia-2 en Vitoria-Gasteiz, un proyecto del Gobierno Vasco con la empresa pública SESHA. Otras partidas irán a subvencionar coches eléctricos o placas solares, ayudas que los empresarios cogerán con las dos manos para seguir haciéndose de oro abanderando el nuevo negocio “ecológico”. Eso sí, ninguna mención a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) o sobre la reciente apertura de la incineradora de Zubieta.

Entre los 70 millones destinados para “proteger de la crisis a las familias, empresas y jóvenes” los dirigentes de Podemos han destacado como un gran paso adelante la subida del 4% de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que pasará de los 667 a 694 euros mensuales. Es una renuncia completa de una reivindicación fundamental ya que no revierte la reforma de 2012 que desvinculó la RGI del salario mínimo y que supuso un recorte del 35% de esta renta.

E-Podemos renuncia a que las escuelas infantiles sean públicas y gratuitas, contentándose con las migajas de un rebaja del 10% en la matrícula, y ni siquiera exige la eliminación de las subvenciones a las escuelas del OPUS que segregan por sexo. Con respecto a la partida de 436.000 euros en la que se incluyen programas de prevención y tratamiento de la adicción al juego de azar, no hay ni una sola medida para frenar el desembarco de todas las casas de apuestas que inundan los barrios obreros.

En cambio, para otras cosas sí hay medidas concretas: se modificará la ley de 1988 para que el lehendakari, sus consejeros, los altos cargos y los asesores del Gobierno Vascos puedan cobrar trienios por antigüedad, engordando aún más sus sueldos.

Esta es la tónica de los presupuestos, ninguna medida que ataje el origen de los problemas y mucha propaganda vacía y dinero público destinado a los empresarios para que “intenten paliarlos”. No se podía esperar otra cosa cuando se va de la mano de los representantes políticos de la burguesía vasca, el PNV.

El historial “progresista” del PNV

Este pacto llega justo después del anuncio de acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar Gobierno. El portavoz del PNV en el Congreso -Aitor Esteban - recibió el acuerdo con los brazos abiertos, mostrando su apoyo para garantizar la gobernabilidad del Gobierno de Madrid y demostrando su “responsabilidad” con el régimen del 78. A cambio ha exigido el apoyo a sus presupuestos en Euskadi. La realidad es que el Gobierno de coalición PNV-PSE es débil y el apoyo de Podemos ha sido determinante para poder sacar las cuentas adelante, permitiendo al PNV vestirse con su disfraz favorito –el de “derecha progresista”.

Pero esta propaganda no casa con lo que han demostrado en los hechos en incontables ocasiones. Sin ir más lejos, en los presupuestos para 2018 firmados con el PP, su socio preferente: un acuerdo de recortes a la clase trabajadora y favores a las grandes empresas que recogía, entre otras medidas, una reforma fiscal y una bajada del Impuesto de Sociedades al 24% para las grandes compañías. Pero del paraíso fiscal creado para los empresarios no se ha hablado. El nuevo acuerdo plantea también poner sobre la mesa 10 millones de euros para comprar participaciones de las empresas, cuestión que ya ha demostrado ser un completo fraude que termina cierres de empresas a costa del dinero público en numerosos casos como La Naval, Fagor, Muebles Xey, la papelera CEL… 

El PNV está implicado en casos de corrupción que superan los 100 millones de euros; son los responsables de aplicar los recortes en la educación y sanidad públicas; son los que defienden abiertamente la legalización de la prostitución; quienes apoyaron la contrarreforma laborale del PSOE y aplicaron la del PP, quienes sostuvieron al Gobierno de Rajoy. El PNV es quien ha criminalizado la lucha de los profesores de la concertada diciendo que “vulneraban el derecho a la educación” y quien ha reprimido con dureza multitud de luchas sociales y laborales. Urkullu salió en defensa de la patronal del metal durante la huelga del sector, dejando claro qué intereses de clase defiende. No son nuestros aliados, y por eso han respondido a la convocatoria de huelga general del 30 de enero diciendo que no hay motivos para hacerla.

Podemos, las “élites catalanas” y la élite vasca

Todos estos hechos no parecen justificar para la dirección de E-Podemos que no sea posible llegar a un acuerdo con la formación jeltzale. Su portavoz Lander Martínez se felicitaba por la “responsabilidad” demostrada por la formación morada por haber llegado a dicho acuerdo, ante los retos que plantea el actual contexto de “incertidumbre” en el que partidos e instituciones deben esforzarse para transmitir “confianza y entendimiento”.

Pero entenderse tan bien con quienes han dirigido una ofensiva de tal magnitud contra la clase trabajadora y la juventud no es algo que merezca celebración, sino un ejemplo de lo lejos que se puede llegar cuando se abandonan las reivindicaciones del movimiento y se sustituye la lucha en la calle por el juego parlamentario y los acuerdos de despacho. No hay que olvidar que Podemos ganó las elecciones en Euskadi en 2016 con un 29% de los votos, cuando la formación defendía el derecho a la autodeterminación y se apoyaba en la movilización social contra el Régimen del 78 y la casta que el PNV representa tan fielmente.

Podemos ha abandonado la defensa del derecho a decidir y le ha dado la espalda al levantamiento ejemplar del pueblo de Catalunya, justificando su postura diciendo que el movimiento está controlado por “las élites” y que la situación “impide hablar de los problemas reales de la gente”… para luego aprobar los presupuestos con la élite vasca sin el menor rubor.

El PNV no es nuestro aliado

EH-Bildu, por su parte, ha criticado el acuerdo pero aclarando que no es porque estén en contra de negociar con el PNV, sino porque el acuerdo es malo. Los dirigentes de la izquierda abertzale se han alejado de las negociaciones con el PNV porque sienten la presión de la movilización en las calles en Euskal Herria contra las políticas de los jeltzales y que ha provocado la convocatoria de una huelga general en enero. Pero esto no es suficiente si no se sacan todas las lecciones: pactar con el PNV en cualquier frente es un error que únicamente beneficia a los capitalistas. Es necesario confrontar con ellos y desenmascararles, pero no con declaraciones sino basándose en la movilización y en la lucha.

En 2018 el PNV firmó con EH-Bildu un acuerdo para el Nuevo Estatus Vasco, el mismo día en el que la derecha vasca sostenía a Mariano Rajoy apoyando los presupuestos del Gobierno del 155. Este preámbulo del Estatus Vasco recogía en el texto el objetivo de introducir el derecho a la autodeterminación en el marco de la Constitución española.

Obviamente esto ha fracasado estrepitosamente. Los dirigentes de EH Bildu hablaban de “acuerdo histórico entre la izquierda y la derecha vasca” y “que era momento de hacer políticas de país”. Llegaron a negociar arduamente los presupuestos con el PNV, pidiéndole mejoras sociales para poder justificarlo ante su base social. Finalmente no apoyaron el presupuesto porque el PNV se negó a ofrecer esas mejoras. Ahora, denuncian la traición del PNV al acuerdo del Estatus. Pero era más que evidente desde el principio, que este camino de la mano del PNV no llegaría a nada. La estrategia de la derecha vasca era ganar tiempo e involucrar a la izquierda en sus políticas capitalistas a cambio de palabras vacías. Esa ha sido y sigue siendo su estrategia.

O con la clase trabajadora o con los capitalistas

Acabar con las políticas capitalistas en Euskal Herria pasa por echar a la derecha vasca del poder, con una oposición frontal desde la izquierda apoyándose en la movilización social y defendiendo una alternativa consecuente frente al sistema capitalista. Todos los acuerdos y las negociaciones desde Elkarrekin Podemos y EH Bildu ofrecen al PNV una ayuda inestimable. Le ofrecen una imagen, que no se corresponde con las políticas que hace ni con el sentir de las calles que se moviliza contra ellas.

O se gobierna para las familias trabajadoras enfrentándose a Confebask, el Ibex35 y a la UE, o se gobierna al servicio de los capitalistas. El próximo 30 de enero cientos de miles vaciaremos los centros de trabajo y de estudio protagonizaremos una huelga general masiva. Es urgente que Podemos rompa con el PNV y que EH Bildu plantee con claridad que el PNV no es ningún aliado, tampoco en la lucha por la liberación nacional. La huelga general será un gran paso en la lucha por nuestras reivindicaciones sociales y democráticas como el salario mínimo de 1.200€, la pensión mínima de 1.080€, la jornada laboral de 35h semanales, la remunicipalización de todos los servicios públicos privatizados o el derecho a la autodeterminación. Es necesario impulsar la huelga general con todas nuestras fuerzas. Aceptar las migajas del PNV-PSE lejos de acercarnos a nuestras reivindicaciones les ayuda a mantener las políticas que nos golpean.

La aritmética parlamentaria no refleja la fuerza real de nuestra clase, y las huelgas generales son una demostración ejemplar de quién pone en marcha a la sociedad. La huelga general del 30-E será un primer paso muy importante, pero necesitamos organizar desde ya un plan de movilizaciones ascendente hasta hacer efectivas todas nuestras reivindicaciones, echar al Gobierno del PNV-PSE y ser un referente para el resto de trabajadores en el Estado español. Como dicen los pensionistas: Gobierne quien gobierne, ¡los derechos se defienden!