AHT Gelditu! Elkarlana (¡Parar el TAV, el movimiento contra el Tren de Alta Velocidad), la plataforma formada por diferentes organizaciones de izquierdas, organizó una manifestación el 17 de enero en Urbina. Aunque la manifestación era legal, los autobuses fueron retenidos por la Guardia Civil, identificando a todos los pasajeros.
El objetivo de la Plataforma era ir desde el pueblo hasta las obras del tren y hacer sentadas pacíficas en ellas. Este último acto fue el que aprovecharon los ertzainas para atacar a los manifestantes con pelotazos y porrazos. La versión de la Ertzaintza según la cual los manifestantes "se internaron en las obras y se enfrentaron a los agentes lanzándoles piedras", fue contradicha hasta por el diario El Mundo que confirmaba que la carga policial fue previa.
La segunda carga policial se produjo cuando los manifestantes volvían a Urbina. Después de insultar y retener a algunos manifestantes, empezaron a perseguir a la gente y, aprovechando los tapones humanos que se formaban por el camino estrecho, los agentes pegaron a todos los que podían. Tiraron a la gente del pelo, dieron palizas a los que se caían al suelo, lanzaron a un joven al río y pegaron a los que se acercaban a los heridos.
El resultado: ocho detenidos, ocho traslados a centros sanitarios, centenares de heridos y una persona hospitalizada. Tres de los arrestos se dieron cuando los heridos eran atendidos en las ambulancias. Las quejas de un vecino por el trato policial hizo que los ertzainas entraran en su casa y se lo llevaran detenido, pese a encontrarse en ese momento solo con su hija de tres años.
Los ocho detenidos quedaron libres sin fianza después de tres días de incomunicación. La Ertzaintza quiso acusarles de "terrorismo" y remitió las diligencias a la Audiencia Nacional, pero allí el juez del tribunal especial, Santiago Pedraz, las devolvió a los juzgados de Vitoria por no considerar que se tratase de un "caso de terrorismo". Así quedaron a la espera de juicio por "desórdenes públicos" y "atentado a la autoridad". Los detenidos denunciaron que de camino a comisaría fueron amenazados de muerte, les negaron el derecho a abogados de confianza, el derecho a comunicarse en euskera e ir al aseo.
Queda claro que el gobierno vasco quiere seguir criminalizando al movimiento anti TAV y que hubiera preferido que la Plataforma no se hubiera desmarcado del atentado de ETA contra Ignacio Uria. Como marxistas, expresamos nuestro absoluto rechazo a esta carnicería represiva y a la constante criminalización contra el movimiento anti TAV.