La sensibilidad del Partido Popular hacia la cuestión nacional se ha reflejado de forma clara en la propuesta de Esperanza Aguirre de celebrar la final de la Copa del Rey, entre el Barcelona y el Athletic, a puerta cerrada si hay pitadas por parte de vascos y catalanes a la corona o al himno nacional, al tiempo que han legalizado una manifestación fascista antes de empezar el partido para defender los símbolos de España.
La actitud de la derecha española siembra las tendencias centrífugas hacia la independencia en las nacionalidades históricas tanto o más que la propia crisis del capitalismo, aunque los dos factores están completamente vinculados.
En estas circunstancias sólo el movimiento obrero está dando un mensaje inequívoco de que es necesaria la máxima unidad en la lucha de la clase trabajadora por encima de fronteras nacionales para acabar con el capitalismo, que es sinónimo de paro masivo, miseria, recortes sociales, pobreza, desi-gualdades y violencia. Esta unidad tuvo una plasmación rotunda en la huelga general del 29 de marzo, cuyo seguimiento en Euskal Herria fue particularmente alto al coincidir en la convocatoria todos los sindicatos de clase. Igualmente, movilizaciones como las del 15 de octubre y el 12 de mayo en más de cincuenta países del mundo muestran que la lucha contra el capitalismo debe ser una lucha internacionalista por cambiar la sociedad.
El PP busca desviar la atención y fortalecer el aparato represivo
El PP se ha anclado en una postura inmovilista tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA. En parte porque necesita desviar la atención del auténtico descalabro económico y de las protestas contra los recortes sociales, y que se están llevando a cabo con más contundencia allí donde gobierna el PP, y porque necesita seguir justificando el recorte de derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación, asociación o huelga. De esta manera, sus propuestas en relación a la cuestión nacional vasca representan auténticas provocaciones, buscando una involución y vuelta atrás.
La “justicia” está totalmente mediatizada por el poder político del PP. El Tribunal Constitucional, a la hora de redactar este artículo, debería haber discutido ya un informe favorable a la legalización del partido político Sortu. Dicho informe está inspirado por el sector más progresista, que legalizó la coalición electoral Bildu. Por ello precisamente las presiones sobre dicho organismo para evitar que la izquierda abertzale pueda ejercer el derecho de asociación —una vez que han apostado por las vías políticas en exclusiva y así lo han hecho constar reiterada y claramente en sus estatutos— son tremendas. La división en el seno del Constitucional y su plante hasta que se renueven los cargos pendientes por falta de acuerdos entre el PSOE y el PP y que daría una mayoría a los conservadores, retrasa la legalización de Sortu de forma escandalosa después de un año sin resolver.
Política penitenciaria estancada
La petición de acercamiento de los presos políticos vascos a las cárceles de Euskal Herria, la liberación de quienes han cumplido su condena y de los gravemente enfermos y una solución definitiva para presos y exiliados ha chocado contra un muro en las sedes del PP que, con el apoyo del PSE-PSOE, sólo ofrecen la reinserción individual (la conocida como vía Nanclares) una vez que el colectivo de presos políticos vascos había cerrado filas en espera de una solución global. No se ha tocado la Ley de Partidos, ni la Ley Corcuera, ni toda la legislación que se aprobó con la excusa del terrorismo, que constituye una amenaza contra quienes luchamos en las calles contra el capitalismo.
La política de Rajoy en relación a los presos políticos vascos es de un marcado inmovilismo. Aunque ahora dicen que no es necesario que los presos pidan perdón, utilizan el griterío de la extrema derecha para justificar su parálisis, haciendo oídos sordos a sectores cada vez más amplios en Euskal Herria que se han expresado a favor del respeto de los derechos democráticos de los presos políticos vascos, como quedó demostrado en la multitudinaria manifestación de Bilbao, con más de 100.000 personas, y en la iniciativa de tomar las plazas de los pueblos el pasado 19 de mayo, cuando volvieron a salir 28.000 personas a la calle en 200 localidades diferentes.
Unidad de la clase obrera y derechos democrático-nacionales
El gobierno de Patxi López, con el apoyo del PNV, se ha pronunciado en defensa del autogobierno para hacer frente a la reclamación de recortes de los presupuestos autonómicos por parte del gobierno de Rajoy. Ha bastado una mínima oposición del PSE al PP para que éste haya roto su pacto, lo que hace previsible un adelanto electoral antes de que acabe el año.
La izquierda abertzale tiene por primera vez la oportunidad de superar al PNV si utiliza las posiciones que ha alcanzado para defender un programa genuinamente socialista e internacionalista. La huelga general del 29-M, apoyada por todas las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, fue un éxito rotundo, con decenas de miles de manifestantes en las calles como no se conocía desde la época de la llamada Transición. La clase trabajadora ansía y necesita la unidad, pero esto no implica el abandono o la dejación de la defensa de los derecho democrático-nacionales de las nacionalidades históricas, que están siendo atacados y cuestionados más que nunca por la derecha en esta situación de crisis. La unidad de la clase trabajadora será mucho más sólida si se recupera por parte de las organizaciones de izquierda estatales y los sindicatos de clase la defensa del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas como parte de un programa de transformación socialista de la sociedad.
