El Tribunal de Estrasburgo se posiciona contra la doctrina Parot

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo se ha pronunciado contra la llamada doctrina Parot y falló el 21 de octubre que el alargamiento de la permanencia en prisión de presos de ETA que han cumplido su condena vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También le ha recordado al gobierno del PP que la sentencia es vinculante, que sienta jurisprudencia y que el Estado español se comprometió a acatar los fallos.

Por unanimidad, los 17 magistrados de la sala del tribunal de Estrasburgo consideraron que las resoluciones de los tribunales del Estado español habían vulnerado el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la libertad y a la igualdad. Además, señalaron que la sentencia del Tribunal Supremo español se aplicó de forma retroactiva y la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas. Por tanto, como ha sentenciado el Tribunal de Estrasburgo, la doctrina Parot atenta contra la propia Constitución española.

Dicho esto, este tribunal burgués no hubiera tomado tal decisión si no fuera por la fuerza y presión demostrada en la calle, con continuas movilizaciones semanales y manifestaciones masivas de más de 100.000 personas contra las leyes de excepción aplicadas de manera arbitraria a los presos de ETA, en un contexto de abandono de las armas definitivo y cuando la izquierda abertzale ha apostado decidida y públicamente por la lucha política y el rechazo a la lucha armada.

¿Qué es la doctrina Parot?

La doctrina Parot se implantó durante el gobierno del PSOE y después de que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendiera la política de “construir imputaciones” contra los presos que fueran cumpliendo sus condenas, para impedir que salieran a la calle.
Hasta el 20 de febrero de 2006 el conjunto de condenas de un preso se unificaban en una de 30 años, el máximo contemplado por la ley hasta ese momento, y las redenciones por trabajos u otros motivos se descontaban sobre esa pena máxima de 30 años. Sin embargo, en la mencionada fecha el Tribunal Supremo dictó la sentencia 197/2006, sobre un recurso interpuesto por Henri Parot, Unai, e inauguró una nueva forma de aplicar las redenciones, que se contabilizaban sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre el total. Lo que resultó fue un alargamiento de la condena hasta la aplicación efectiva de la pena máxima de 30 años. La doctrina Parot suponía en la práctica la cadena perpetua, una medida brutal a la que se sumaba la política de dispersión mantenida desde hace más de 20 años, o el mantenimiento en prisión de los presos políticos gravemente enfermos.
Desde su entrada en vigor ha sido utilizada contra unos cien presos de ETA. Hay varios casos de presos y presas que debían haber sido excarcelados en 2009 y que tienen fijada su salida de prisión para nada menos que 2021. También se han dado varios casos de personas a las que se les ha aplicado la prolongación de la condena cuando se encontraban ya en libertad, por lo que se dictaron contra ellas nuevas órdenes de detención.
El Tribunal de Estrasburgo no ha sido el único en afirmar que dicha doctrina vulnera derechos fundamentales. En el Estado español, lo ha hecho el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez. La Asociación de Juristas Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH) emitió una nota en la que afirmaba que la negativa del Gobierno español a poner en libertad a los presos que padecen enfermedades graves y la aplicación de la sentencia 176/2006, la doctrina Parot, suponen una “violación de la legislación española e internacional”.

Los ataques a los derechos democráticos se recrudecen

La política de recortes de derechos sociales y políticos que se está dando en todo el Estado, se refleja también en el ataque a las libertades democráticas, desde el endurecimiento de la legislación contra los presos de ETA que han cumplido condena (como una forma de entorpecer y sabotear el proceso de paz en Euskal Herria iniciado con el abandono de las armas), o con el encarcelamiento y procesamiento de activistas sindicales, como es el caso del compañero Diego Cañamero y los activistas del SAT. A esto se añade la constante criminalización de las protestas sociales, la impunidad de la represión policial, o las constantes multas económicas contra los que participan en manifestaciones.
La derecha ha montado un brutal escándalo con la sentencia que niega legitimidad a la doctrina Parot. Hemos podido ver una manifestación en Madrid convocada por la AVT el domingo 17 de octubre, en la que incluso dirigentes del PP fueron abucheados al grito de traidores. Los organizadores de la concentración, conocidos por sus vínculos políticos con la extrema derecha, han realizado declaraciones incendiarias contra el proceso de paz, y cuando alguien les ha recordado que las víctimas del franquismo, que son decenas de miles, todavía no han tenido ninguna reparación ni económica ni legal por parte del gobierno, se han “indignado” por esta comparación.
El tribunal de Estrasburgo sólo ha reconocido la realidad: dentro de la legislación española y con la excusa de “luchar contra el terrorismo” se están violando gravemente los derechos democráticos. Hoy esa legislación se utiliza contra los presos de ETA, pero cada vez más se va ampliando a todos los que luchan por los derechos sociales y políticos de la mayoría. Como recientemente recordaba Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), cuando los banqueros, los especuladores o los políticos de la derecha defraudan y roban a manos llenas, los procedimientos judiciales se prolongan eternamente y finalmente son absueltos; cuando una familia trabajadora no puede pagar una letra de su hipoteca al banco porque está en el paro, el banco ejecuta inmediatamente su desahucio, se envía a los representantes judiciales y a decenas de antidisturbios. Esta es la justicia de clase que tenemos.