El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, del PP, con el apoyo de su partido y de medios de comunicación como El Correo, ha lanzado una campaña racista y xenófoba arremetiendo contra la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que supone el único ingreso para 65.367 personas al frente de la unidad familiar en todo el País Vasco. La media de dicha ayuda es de 585 euros que sirven para paliar la creciente pobreza y el desempleo masivo que se ha doblado desde el inicio de la crisis.
Javier Maroto presentó el 7 de octubre una serie de medidas para endurecer el acceso a la RGI. Entre ellas, no concederla a los inmigrantes irregulares, ni a las personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social o ampliar de tres a diez el número de años de empadronamiento para poder recibirlo. Maroto dice abanderar la defensa del erario público, “ayudas sociales sí, fraude no” es su eslogan y el PP ha lanzado una Plataforma Ciudadana para recoger firmas en apoyo a sus propuestas.
Demagogia racista y corrupción
No han faltado por parte del señor alcalde comentarios públicos sobre que los inmigrantes “viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen interés en trabajar o integrarse”. Esta demagogia, la misma que utilizan otros elementos de la extrema derecha aquí y en toda Europa, tiene como objetivo azuzar el racismo y la xenofobia, introducir el veneno racista entre los trabajadores y tratar de desviar el foco de atención de los verdaderos responsables del paro, los recortes sociales y la crisis.
La realidad es que dicha campaña se lanza en estos momentos para intenta tapar y ocultar la cascada de denuncias que está recibiendo su gestión y la de su partido al frente del Ayuntamiento y de la Diputación, los recortes sociales en los presupuestos municipales de 2015 (de aprobarse, el ayuntamiento pagará en gastos financieros 2,6 millones de euros a la banca mientras se recortarán 2,8 a Cooperación al Desarrollo. Igualmente se recortará un 30% las Ayudas de Emergencia Social, un millón de euros menos, y el Programa de Alfabetización de Extranjeros es anulado), además de los escándalos de corrupción que acosan al Partido Popular también en Álava.
Sólo en el último mes, El Correo, el diario que más eco se ha hecho de la campaña racista y xenófoba de Javier Maroto, publicaba las siguientes noticias: “Tirón de orejas a Maroto por la escasa creación de empleo” (16 de octubre), en Vitoria el paro ha crecido en un 25% desde que gobierna el PP; “El Tribunal de Cuentas da a Maroto 15 días para entregar la documentación referida al alquiler de San Antonio” (22 de octubre), unos locales por los que el Ayuntamiento ha pagado en concepto de alquiler 7,5 millones de euros y que ha llevado a la Comisión de Investigación del Ayuntamiento a pedir la dimisión del alcalde y a declarar el contrato “contrario al interés público”. También el 22 de octubre El Correo publicaba: “El juez Ruiz sostiene que el PP pagó con dinero negro su sede de Bilbao”. “El Tribunal de Cuentas ratifica que Maroto vulneró la Ley en el traslado de la Estación”. Además, el 17 del mismo mes señalaba: “El Tribunal de Cuentas ratifica su reprobación a la gestión municipal del Iradier Arena”, pues se concedieron bonificaciones de hasta el 90% por su utilización, y critica al Ayuntamiento un “modus operando absolutamente ajeno a las normas en vigor”, así como “la aprobación de créditos adicionales de 3,6 millones de euros sin haber tesorería para su financiación”. Así pues, la tinta de calamar que suelta el alcalde Maroto intenta ocultar estos y todos los demás escándalos que están saltando en la cúpula del PP.
PNV, cómplice del PP
En el Parlamento Vasco la oposición ha hecho un frente común —PNV, EH-Bildu y PSE-PSOE— frente al alcalde vitoriano. Es un error que la izquierda vasca se una al PNV ya que es lavarle la cara. Cuando el PP hace el papel de policía malo, el PNV aparece de policía bueno, pero ambos están actuando en connivencia recortando las ayudas. Hay que recordar que la actual RGI es el producto de los recortes y endurecimiento del Ingreso Mínimo de Inserción que existía antes de la crisis. Por otro lado, los presupuestos que el Gobierno Vasco da a los ayuntamientos para ayudas de emergencia social son tan escasos que no llegan ni siquiera al verano. Por si fuera poco, recientemente elServicio Vasco de Empleo que gestiona estas ayudas (Lanbide) ha enviado 10.000 cartas, de momento, exigiendo devoluciones por supuestos cobros indebidos durante 2012. Estas cantidades, que para la administración son calderilla, son imposibles de devolver para las familias sin recursos.
Desde la Asamblea de Parados/as de Vitoria-Gasteiz hemos iniciado una campaña exigiendo la dimisión de Javier Maroto, y demandando a las organizaciones de izquierdas una respuesta contundente y unitaria en la calle y en las instituciones.
