El 10 de enero 80.000 personas llenaron las calles de Bilbao convocadas por el colectivo de apoyo a los presos, Sare. La movilización exigía acabar ya con la dispersión de los presos vascos, que supone una condena añadida a sus familias que han de recorrer miles de kilómetros para poder verlos. La manifestación contó con el apoyo de las principales organizaciones de la clase trabajadora vasca: ELA, LAB, CCOO y decenas de colectivos sociales de la izquierda.
Por el contrario, el PNV, que se sumó a la manifestación el año pasado después de ser ilegalizada, se ha negado a participar este año. Tanto en Ezker Anitza (Izquierda Unida) como en Podemos también ha habido críticas por no haber apoyado una manifestación que exigía un principio humanitario tan básico como es acercar los presos a sus familias.
Redada policial contra los abogados de la Izquierda Abertzale
En apenas 48 horas, el Partido Popular, así como los jueces del Tribunal Supremo (TS), respondieron a la multitudinaria manifestación procediendo a la detención de 12 abogados y 4 personas vinculadas a la tesorería de Herrira en una redada al viejo estilo, con registros en Herriko Tabernas de varios pueblos, la sede del sindicato LAB en Bilbao, de donde se llevaron las sacas con 90.000 euros recogidos en la manifestación del sábado, y los despachos de los abogados. Las detenciones obligaron a suspender uno de los macro-juicios políticos contra dirigentes de la izquierda abertzale, de EHAK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), en total más de 30 personas que únicamente han hecho actividad política y a los que se acusa de pertenecer a ETA. La misma acusación se ha utilizado para detener a los abogados a los que posteriormente se ha dejado en libertad condicional. Como respuesta a esta redada se han sucedido numerosas manifestaciones en ciudades y pueblos de toda Euskal Herria. Las más importantes, la de San Sebastián con más de 33.000 personas en una nueva respuesta multitudinaria en defensa de los derechos democráticos convocada por la mayoría sindical vasca, y la de Pamplona con el apoyo de toda la izquierda y de algunos críticos del PSN.
La detención de los abogados se produjo en paralelo a que el TS –con una mayoría de nueve magistrados afines al PP frente a seis contrarios— se pronunciara por primera vez sobre la acumulación de penas a miembros de ETA, negándoles dicho derecho pese a que desde el 3 de diciembre la ley orgánica que desarrolla un acuerdo europeo, por el que los presos pueden descontarse en su país los años de prisión que hubieran pasado en otro estado de la UE, permitió la puesta en libertad de varios presos. Según Etxerat, la asociación de familiares de los presos vascos, 56 personas que ya han cumplido íntegramente sus penas en virtud del Acuerdo Marco Europeo, volverían a la cárcel.
El 28 de enero se celebró el juicio contra 23 personas a las que se pide 980 euros de multa y tres años y un día de prisión por intentar impedir el desalojo del gaztetxe (casa de la juventud) de Errekalde, que sufrió una intervención de la Ertzantza en 2011. Este gaztetxe era un centro cultural para todo el barrio, con múltiples actividades, hoy sigue como quedó tras el brutal desalojo, sin haberse construido nada alternativo.
¿Qué sentido tiene este ensañamiento?
Hace cuatro años que ETA cesó definitivamente su actividad armada. En Euskal Herria se escucha cada vez más la posibilidad de que en un año electoral como éste, ETA pueda anunciar su disolución definitiva y el PP está poniendo palos en las ruedas porque no puede admitir una nueva medida unilateral, que acabaría beneficiando electoralmente a la izquierda abertzale. El Partido Popular intenta también con estas medidas mantener cohesionado a su sector más duro. Aumentando la represión contra los derechos democráticos –como con la aprobación de la ley Mordaza– no hace sino mostrar su propia debilidad.
Por su parte, el PNV deja claro, en cada ocasión que tiene oportunidad, que es el partido de la burguesía vasca que mira por sus propios intereses de clase. Por eso es tan relevante que la dirección de la izquierda abertzale, durante el último año, haya dado un giro más intenso si cabe que en el pasado, ofreciendo su colaboración a todos los niveles al PNV y lo que ha cosechado es desplantes en la mayoría de las ocasiones, o una política de gestos obligados por la presión social en contadas circunstancias. Y esta cuestión explica las últimas encuestas electorales en Euskal Herria, que muestran un ascenso espectacular de Podemos que se disputaría la mayoría con el PNV desplazando a EH-
Bildu a un tercer puesto.
Este será un año de enormes oportunidades para la izquierda que lucha, si combinamos la organización y el vuelco electoral previsible con la toma masiva de las calles unificando la gran cantidad de movilizaciones dispersas. La lucha por los derechos democráticos y sociales es la misma, y por tanto hay que vincular las consignas democráticas a las consignas sociales y viceversa. En esta batalla la clase obrera debe jugar el papel fundamental de dirección, debe poner su sello. Sólo ella está interesada en la defensa del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, uniendo a todos los oprimidos por encima de fronteras nacionales o de cualquier otra división religiosa o de raza para transformar la sociedad. Ese es el camino para conseguir un mundo sin explotación de clase y sin opresión nacional.
