El gobierno de la derecha deja un saldo de más de 300 trabajadores imputados por participar en diferentes huelgas o movilizaciones, muchos de ellos condenados ya a penas de prisión y al pago de fuertes multas. Al calor de la reforma del Código Penal y de la ya tristemente célebre Ley Mordaza, la lista de trabajadores, sindicalistas y activistas sociales condenados por defender los derechos fundamentales y las condiciones de vida de la inmensa mayoría aumenta cada día.
Según datos del Ministerio del Interior, en los primeros siete meses desde que entrara en vigor la Ley Mordaza, en julio de 2015, se ha sancionado a 40.000 personas por, entre otros motivos,“falta de respeto” a los agentes de la ley o “resistencia a la autoridad”, y se han quintuplicado los juicios por “enaltecimiento del terrorismo”. Dicha ley tiene ya sus primeros condenados por comentarios en redes sociales o por ejercer el periodismo en la calle, y las sanciones a personas identificadas por la policía en manifestaciones se generalizan.
Mientras, el pasado 21 de mayo, una manifestación de la organización neonazi Hogar Social Madrid (que durante años ha propinado palizas a inmigrantes y activistas de la izquierda y ha ocupado edificios en barrios como Tetuán para propagar el odio racista) campaba a sus anchas, autorizada por el PP; por la misma delegada de gobierno, Concepción Dancausa, que intentó prohibir las esteladas en la final de la Copa del Rey o que multó a los organizadores de la manifestación de celebración del 15-M.
Mientras el gobierno y medios de comunicación nos hablan continuamente de los “presos políticos” venezolanos e incluso en la sede de la Comunidad de Madrid se cuelga una gigantesca fotografía del ultraderechista venezolano Leopoldo López, encarcelado por su participación activa en las guarimbas (bandas armadas que se dedican a sembrar el terror en las calles venezolanas), compañeros como Andrés Bódalo o Alfon están entre rejas en esta supuesta “democracia” por el único delito de haber luchado contra la opresión del capitalismo, sufriendo la criminalización por parte del aparato del Estado y la prensa burguesa.
La criminalización de la protesta social no es más que la continuación, en el terreno legal de los planes de austeridad y los recortes. La tibieza con que los dirigentes sindicales están afrontando estos ataques sin precedentes a los derechos democráticos envalentona a la patronal y a los sectores reaccionarios. Ante un ataque de este calibre es imprescindible una respuesta coordinada y unitaria: es totalmente necesario vincular la lucha contra la represión a la movilización general para recuperar los derechos laborales y sociales que nos están arrebatando.
