El 25 de septiembre, la clase trabajadora y la juventud gallegas tenemos la posibilidad de acabar con una Xunta antiobrera, que empobreció a la mayoría y restringió derechos sociales.

La Xunta del PP actuó sin pudor al servicio de los empresarios, con lo que esto implica: perjudicar los intereses de la mayoría hasta el punto, en ocasiones, de poner en peligro vidas humanas. Un dramático ejemplo de ello lo tuvimos en relación a los enfermos de hepatitis C: no sólo la asociación médica Batas Blancas, sino incluso la propia Fiscalía de Santiago denunciaron a varios directivos del SERGAS (Servicio Gallego de Salud) por presunta responsabilidad penal, al negar el uso de determinados tratamientos a estos enfermos, a pesar de cumplir los requisitos del Ministerio de Sanidad, a consecuencia de lo cual fallecieron al menos tres personas.

Otro ejemplo lo vimos este verano, durante la ola de incendios forestales. Para la Xunta, la prioridad no era dar una respuesta eficaz contra el fuego, sino garantizar los beneficios de los empresarios del ramo. Por eso fue dejando progresivamente sin medios a las brigadas antiincendio públicas, al tiempo que subcontrataba las tareas de extinción a empresas privadas, mucho menos eficaces y peligrosamente relacionadas, además, con el negocio del fuego (compra a muy bajo precio de madera quemada, etc.).

Como bien reza el lema, coreado por miles de gallegos en las manifestaciones, “lo público es servicio y lo privado, beneficio”. Si el 25-S la Xunta sigue en manos de la derecha, seguirá actuando al servicio de intereses privados.

Retroceso sin precedentes

Las salvajes contrarreformas aprobadas por Rajoy y ejecutadas al milímetro en Galicia por Feijóo, dejaron tras de sí una larguísima estela de desempleados, emigrados y pobres (700.000 actualmente). A esto se sumó la propia actuación de la Xunta, con el desvío de millones de euros públicos a manos de los capitalistas. El nuevo y chapucero Hospital de Vigo, de gestión privada, es el paradigma de esta política, al suponer un absurdo coste de más de mil millones que no sirvieron para garantizar una adecuada cobertura sanitaria a la comarca, sino para forrar a los empresarios del sector.

En el terreno educativo, a las perniciosas leyes estatales como la LOMCE hay que añadir la política de la Xunta de cierre masivo de unidades de infantil (que pasaron de 3.500 a 2.900 en los últimos cuatro años) o el nefasto decreto de “plurilingüismo”, que supuso un retroceso histórico en el número de gallegoparlantes.

En estas dos legislaturas, Feijóo ha cosechado 56.000 parados más (aumentado en 5 puntos la tasa de desempleo, y en 13 la del paro juvenil), y todo ello a pesar de una emigración económica masiva y un abandono generalizado de todo intento de buscar trabajo, como refleja con claridad la caída de la tasa de actividad, que en cuatro años pasó del 55% al 52,5%. Y para aquellos que tienen la suerte de trabajar, la explotación y la precariedad es el día a día. Los salarios se han reducido un 6%, y un reciente estudio de CCOO1 señala que casi un tercio de los asalariados gallegos ya cobran menos del salario mínimo y que la inmensa mayoría de los trabajadores a tiempo parcial desearía poder trabajar a jornada completa, lo que los convierte en semidesempleados.

¿Qué programa necesita En Marea?

La conformación de En Marea abre la posibilidad histórica de que una fuerza de la izquierda transformadora gane la Xunta2. Izquierda Revolucionaria está volcada en ayudar a su éxito. Pero arrebatar la Xunta al PP exige un nivel muy alto de movilización electoral. La mejor manera de alcanzarlo es con un programa que asegure una transformación radical en las condiciones de vida del pueblo gallego, y esto supondrá un enfrentamiento muy serio con los grandes empresarios.

Cientos de miles de gallegos lo están pasando muy mal y necesitan que sus problemas se empiecen a resolver urgentemente. Una Xunta presidida por Luis Villares, el candidato de En Marea a la presidencia, debe aplicar medidas audaces desde el primer día. La gente necesita que las cosas cambien, y lo necesita ya. Y es posible.

En este sentido, algunas declaraciones de Luis Villares, no nos parecen afortunadas. En una entrevista afirmó que “lo que no podemos prometer es que va a cambiar todo de la noche a la mañana, porque no es así” (Praza Pública, 8/8/16). También recordó que la Xunta tiene un “presupuesto limitado”. Y al ser preguntado por la recuperación para el sector público del nuevo hospital de Vigo, se mostró favorable, pero alertando sobre los peligros de tomar esas medidas a corto plazo, ya que “hay contratos administrativos que están en vigor que no se pueden anular unilateralmente, porque tienen aparejadas indemnizaciones que pueden suponer un gran gravamen”.

Por supuesto que hay que actuar con inteligencia, y en el caso concreto de la recuperación para lo público de servicios privatizados es perfectamente posible incluso encontrar una base legal para hacerlo. Las graves irregularidades cometidas durante los procesos de privatización, como es el caso del Hospital de Vigo, o las no menos graves irregularidades de gestión cometidas por las empresas privadas (que se sienten impunes al contar con el amparo político del PP) así lo facilitan. Valga como ejemplo de esto último el servicio de aguas de Ferrol. En nombre de la siempre oportuna defensa del medioambiente, el ayuntamiento, con el actual conselleiro de Servicios Sociales como alcalde, aprobó en 2014 una nueva tasa por depuración de las aguas residuales. Cuando la marea ferrolana desalojó al PP de la alcaldía en las municipales de 2015, se descubrió que la supuesta depuradora... ¡vertía las aguas al mar tal como le llegaban, sin absolutamente ningún tipo de tratamiento! ¡Un robo descarado a todos los vecinos de la ciudad!

Por un programa socialista

En cualquier caso, un cambio real en las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo gallego requerirá financiación (para multiplicar la inversión en sanidad y educación, para crear puestos de trabajo o garantizar un subsidio de desempleo para todos los parados, para implantar políticas pesqueras, marisqueras, agrarias y forestales sostenibles...). El dinero existe; el problema es que está en manos de los grandes empresarios y banqueros. Por tanto, la única manera realista de resolver de verdad los problemas de la gente es expropiando a los capitalistas para poner la riqueza al servicio de la sociedad.

Una Xunta de izquierdas que emprenda este camino se verá obligada a enfrentarse con ellos. Pero en esa lucha de clases contaría con un aliado infinitamente más poderoso que la legalidad burguesa: la fuerza de la juventud y los trabajadores movilizados y dispuestos a llegar hasta el final para que su vida mejore de verdad y para siempre.

Si En Marea no adopta un programa, una actitud, un lenguaje de enfrentamiento claro con el poder económico y de apelación decidida a la movilización en la calle, se estará poniendo dificultades para ganar elecciones. De hecho, no podemos olvidar que en las elecciones del pasado 26-J En Marea perdió más de 60.000 votos respecto al 20-D, siendo superada incluso por el PSdG. Por eso los marxistas de Esquerda Revolucionaria defendemos la necesidad de que En Marea se dote de un programa socialista revolucionario, que incluya la nacionalización de los sectores fundamentales de la economía y la desobediencia e inaplicación de todas las leyes reaccionarias aprobadas por el PP. Armada con este programa, En Marea entusiasmaría a su militancia, así como a la juventud y los trabajadores gallegos, quienes se movilizarían como nunca durante la campaña electoral, desplegando toda su inventiva, energía y creatividad para garantizar un triunfo histórico que abra las puertas a una transformación revolucionaria de Galicia, e impulse el cambio en el resto del estado.

1. Cadernos do SN de CCOO de Galicia, julio de 2016.

2. Desgraciadamente, el BNG se ha autoexcluido de esta confluencia, y lo hizo con argumentos muy equivocados (no “subordinarse a Madrid”, etc.), lo que sólo agravará su crisis.