El pago del recibo de la luz se ha convertido en una auténtica pesadilla para miles de hogares españoles a los que la crisis ha llevado a unas condiciones de pobreza energética que no se veían en décadas. Los salarios cada vez son menores —se ha perdido un 7,1% de poder adquisitivo en los últimos cinco años— mientras el incremento del precio de la luz —un 33% comparado con enero del año pasado— está llevando a muchas familias a no poder pagar la factura, por lo que el corte del suministro está asegurado con dramáticas consecuencias para la salud y el aumento de la mortalidad. Más de 7.000 fallecimientos prematuros en 2016 podrían estar vinculados a la dificultad o incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
La privatización de las eléctricas, un negocio criminal
El 25 de noviembre moría Rosa. Tenía 81 años y Gas Natural Fenosa le había cortado la luz por no poder pagar la factura. Las velas con las que se alumbraba incendiaron el colchón en el que dormía. Mientras, las ganancias de la empresa y los sueldos de sus directivos no paran de crecer. Las grandes eléctricas ganaron de enero a septiembre de 2016, cuando cortaron la luz a Rosa, la indecente cifra de 4.276 millones de euros. Y los sueldos de sus ejecutivos son de escándalo; sólo un ejemplo, el presidente de Iberdrola gana 2.407 euros la hora, 7,58 millones de euros entre enero y junio de 2015. Y para tener esos beneficios, y poder pagar esos sueldos, la luz está considerada no como producto de primera necesidad sujeto a un 4% de IVA, sino como un producto de lujo al que se le aplica el mismo IVA que pagamos por ir a la peluquería o al gimnasio, el 21%.
La privatización de las compañías eléctricas, un sector estratégico, comenzó con el gobierno de Felipe González y la salida a bolsa de una parte de Endesa. El mismo personaje que, gracias a las llamadas puertas giratorias, cobró 127.000 euros en 2014 como consejero de Gas Natural Fenosa. Pero fue durante los gobiernos de Aznar cuando las privatizaciones llegaron a su máximo nivel. Un total de 50 de las empresas estratégicas más importantes para la economía del estado como el gas, el petróleo, los transportes y, sobre todo, las eléctricas pasaron a manos privadas. Éstas han sido el retiro dorado de políticos de todos los colores. Al anteriormente citado Felipe González, hay que unir los nombres de Ángel Acebes (PP) en Iberdrola, Marcelino Oreja (PP) en Enagás, Ángeles Amador (PSOE) en Red Eléctrica de España (REE) o Miquel Roca (CiU), defensor de la Infanta, en Endesa... Es sólo una pequeñísima muestra de los expolíticos pagados por las empresas eléctricas y que en 2014 cobraron la nada despreciable cantidad de 3,16 millones de euros. Queda claro que tanto el PP como el PSOE son responsables de esta situación y colaboran para mantenerla.
Por la nacionalización de las eléctricas
El oligopolio formado por Iberdrola, Gas Natural, Fenosa y Endesa controla el 90% de la distribución de electricidad. Iberdrola y Endesa son la segunda y tercera empresas eléctricas que más beneficios tienen en Europa, a costa de haber encarecido la luz un 60% desde 2008. El interés de estas empresas es el máximo beneficio. La forma de calcular el precio es coger como base la electricidad que genera la energía producida por el carbón —la más cara (50 euros/Mwh) y la menos productiva (15%)— con lo que sacan grandes beneficios de las demás energías utilizadas para generar electricidad: la hidroeléctrica, eólica o nuclear. Esta última es la más barata, lo que explica el interés por mantener abiertas centrales nucleares antiguas que son un peligro para las personas y el medio ambiente pero que generan grandes beneficios a estas empresas.
Que el precio de la electricidad alcance niveles históricos en plena ola de frío refleja claramente el perverso funcionamiento del capitalismo. Las necesidades reales de los trabajadores y los sectores empobrecidos poco les importa mientras sigan ganando ingentes cantidades de dinero. ¿Cómo va a legislar el gobierno de Rajoy en beneficio de las familias trabajadoras si forma parte del problema? El Gobierno es el Consejo de Administración del oligopolio de las eléctricas y vela por sus intereses. Por eso ha vetado una ley en el parlamento sobre la producción de energía mediante paneles solares para autoconsumo. El argumento utilizado no puede ser más escandaloso: que bajaría la factura de la luz y caería la recaudación del IVA, afectando a los presupuestos generales.
No hay solución al encarecimiento del precio de la electricidad mientras estas empresas estén en manos privadas. La única solución posible es la expropiación y nacionalización de las grandes compañías eléctricas y demás sectores estratégicos de la economía, poniéndolas bajo control de los trabajadores. Los beneficios millonarios que ahora tienen las eléctricas revertirían en la clase trabajadora que vería reducido drásticamente el importe de la factura. No podemos seguir consintiendo esta situación. Mientras unos nos frotamos las manos por el frío, otros se las frotan por los beneficios.
