El 15 de octubre de 2017 se cumplieron 40 años de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Tomando una de las principales reivindicaciones de la oposición antifranquista, que buscaba sacar de las cárceles a miles de presos políticos, los herederos de la dictadura, con el apoyo de los grandes partidos de la izquierda (PCE y PSOE), aprovecharon para aprobar una ley que garantizaba que no se juzgaría a ningún responsable, torturador o asesino de la dictadura.
La lucha por la amnistía
Durante los años de la dictadura franquista, una de las principales consignas del movimiento obrero y estudiantil que luchaba en las calles contra un régimen de terror, era la amnistía para los presos políticos. Mientras el régimen franquista se resquebrajaba, el lema “Libertad y Amnistía” era uno de los más coreados en las manifestaciones, todas ellas reprimidas brutalmente por la policía.
Aunque ciertos historiadores intentan endulzar la etapa del tardofranquismo como una época “de bonanza económica”, “alejada de la represión de la posguerra”, o que “nos trajo la democracia”, eso es una auténtica falacia. Durante los últimos años de la dictadura, el aumento de la lucha de jóvenes y trabajadores, la proliferación de huelgas, y la respuesta en las calles hizo que el régimen incrementara aún más su represión. Se cerraban periódicos, se detenía a personas por repartir propaganda o ir a una manifestación, a través del famoso Proceso 1001, dirigido contra CCOO, dirigentes del movimiento obrero como Marcelino Camacho fueron condenados a 20 años de cárcel, se torturaba en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, e incluso se ejecutaba legal o ilegalmente a activistas antifranquistas, como el caso de Puig Antich (por garrote vil), o los cinco últimos fusilados, ¡sólo dos meses antes de la muerte del dictador!
Juan Carlos I, nombrado por Franco como su sucesor, mantiene el régimen completamente intacto. Es la lucha en las calles, las huelgas y las manifestaciones, la lucha revolucionaria en todo el Estado lo que obliga a que la monarquía y parte del régimen se vean obligados a ceder, para no perderlo todo, ante las demandas democráticas, entre ellas, la libertad de los presos políticos. Pero todo ello en un contexto en el que seguía habiendo detenidos, torturados y asesinados, como en el caso de Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando la policía, dirigida por Martín Villa y Fraga, irrumpe a tiros en la Iglesia de San Francisco, donde los trabajadores celebraban una asamblea, matando a 5 trabajadores y dejando heridos a más de 100. Sólo gracias a la lucha y tras muchos sacrificios, entre 1975 y 1976, salieron en libertad 117.746 presos políticos a través de diferentes indultos y decretos-ley.
Una ley de Amnistía al servicio del aparato franquista
El aparato franquista veía día a día como se resquebrajaba su poder y autoridad. Para poder poner a salvo sus privilegios, necesitaban establecer cambios cosméticos, reconociendo libertades y derechos democráticos, a cambio de mantener las estructuras económicas y políticas prácticamente intactas y, por supuesto, sin que se abriera proceso alguno para juzgar y castigar a cualquier responsable de la dictadura.
Con la excusa de la “reconciliación nacional” y alegando la existencia del “ruido de sables” tanto Felipe González como sobre todo Santiago Carrillo y el PCE aceptaron todas las condiciones que pusieron sobre la mesa aquellos mismos que habían apoyado la brutal represión contra sus militantes y activistas: se aceptó la monarquía, la bandera y la sagrada “unidad de la patria”, el poder de la Iglesia y de los militares, los Pactos de la Moncloa (un auténtico plan de ajuste que empobreció a los trabajadores), una Constitución que apuntaló el régimen capitalista y, por supuesto, la impunidad de los crímenes franquistas mediante la Ley de Amnistía.
La Ley de Amnistía se aprobó con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 nulo. PCE y PSOE votaran a favor de la misma. De hecho, sin este férreo apoyo su aprobación hubiera sido imposible. El propio Marcelino Camacho, máximo dirigente de CCOO y miembro del PCE, la defendió en el Congreso de los Diputados así: “Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”.
Una declaración que aceptaba olvidar y mantener a las víctimas del franquismo en el ostracismo. Una ley que no fue votada ni debatida por el pueblo. Ahora que PP, PSOE y C´s se llenan la boca de “democracia” y de “legalidad”, ¿qué legalidad es esa que permite que no se juzguen crímenes de lesa humanidad, asesinatos o torturas, o que impide que ni siquiera hoy los familiares de los fusilados puedan recuperar los cuerpos de las víctimas? La legalidad de una dictadura fascista, que fue amnistiada en el artículo segundo de dicha ley:
“En todo caso están comprendidos en la amnistía:
- e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
- f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Verdad, justicia y reparación. ¡Basta de impunidad!
Una ley que ha impedido durante 40 años juzgar ni un solo crimen del franquismo, que permitió a la “democrática” justicia española rechazar e impedir en 2008 que se juzgasen los crímenes de la dictadura, y que permite a día de hoy que torturadores y ministros franquistas ni siquiera puedan ser extraditados y juzgados en Argentina, como consecuencia de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La propia ONU ha señalado al Estado español como el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya, exigiendo que se acabe con esta situación.
El propio Partido Popular, fundado por ministros de Franco, se ha negado reiteradamente a condenar la dictadura franquista y, por supuesto, ha combatido a cualquier intento de restaurar la memoria de las víctimas del franquismo. Y todo ello siempre con la colaboración del PSOE que durante los muchos años que gobernó, incluso cuando decidió impulsar una Ley de la Memoria Histórica con Zapatero, nunca se planteó derogar la Ley de Amnistía para que se pudiera juzgar a los torturadores y reconocer a las víctimas. Esta ley ha servido incluso para que los propios franquistas, como la Fundación Francisco Franco, puedan beneficiarse de subvenciones públicas, cumpliendo supuestamente con el objetivo de la reconciliación nacional.
Nunca se ha depurado el aparato estatal, ni los tribunales, ni la policía ni los militares, manteniéndose así vivas las raíces del franquismo, e impidiendo también que pueda señalarse a las grandes fortunas, muchas en el Bies-35, que se levantaron sobre el trabajo esclavo y la represión.
Una política de Memoria Histórica que de verdad quiera acabar con la impunidad del franquismo requiere derogar la Ley de Amnistía, acabar con la Ley de Secretos Oficiales, que no se utilice la Ley de Protección de Datos para impedir cualquier investigación sobre la represión franquista y depurar el aparato del Estado de elementos reaccionarios.
