El gobierno del PP y sus principales voceros han rescatado del No-Do franquista el viejo “contubernio judeo-masónico de la subversión comunista en lo social”, reconvirtiéndolo en un complot ruso-chavista que tiene como objetivo agravar la crisis catalana y así desestabilizar la democracia española. Un intento delirante de desviar la atención de la política represiva y reaccionaria que el PP está aplicando en Catalunya, y con el que se pretende ocultar el pozo de corrupción en el que se ahoga el partido del gobierno, algo que en cambio es muy real y verificable.
Corrupción en estado puro
“Corrupción en estado puro”, estas fueron las palabras que utilizó Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que dirigió la investigación sobre la caja B del PP, cuando el martes 7 de noviembre declaró ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre la financiación irregular del partido del gobierno.
El policía acreditó la existencia de una “organización delictiva” que, desde los años 90 hasta finales del 2009, se dedicó a conseguir adjudicaciones “amañadas” de las administraciones públicas, lo que posibilitó “mecanismos de financiación” del PP, así como el cobro de “comisiones” por parte de varios de sus dirigentes. La ‘trama Gürtel’, conformada por al menos 200 personas, tenía una “profunda penetración y control” sobre el PP, según afirmó el responsable policial. El PP es el primer partido que se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica. La razón es la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el ex tesorero, Luis Bárcenas, empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
La otra gran causa judicial que tiene como protagonista al partido de Rajoy es el llamado “caso Lezo”. En él están implicados multitud de ex altos cargos de la Comunidad de Madrid (CAM), como Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón, salpicando también a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, actual Presidenta de la CAM. Las conversaciones grabadas que están saliendo a la luz a raíz de la investigación, son una muestra más del grado de degeneración que ha alcanzado el principal partido de los capitalistas españoles. En una de ellas Ignacio González charla con naturalidad con su amigo Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta bajo el gobierno de Aznar, sobre montar “puticlubs” en Palencia para blanquear dinero.
Este caso está revelando cuantiosos y lucrativos negocios. Hace pocos días que los investigadores le han incautado al ex presidente de la Comunidad de Madrid la friolera de 5,4 millones de dólares en metálico que tenía ocultos en Colombia, y que son “presuntamente” fruto del expolio perpetrado al patrimonio del Canal de Isabel II.
No podemos citar todos los casos de corrupción en los que está implicado el PP por razones de espacio; la lista es interminable. Pero en el contexto de la situación política actual es relevante hacer una referencia a algunos de sus senadores. Muchos de los que jugaron un papel destacado en la aprobación del 155, están implicados en investigaciones y juicios por corrupción o se les relaciona de una u otra forma con ellas. Pío García Escudero, presidente del Senado, aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 5 millones de las antiguas pesetas, mientras el actual vicesecretario nacional para asuntos territoriales del PP, Javier Arenas, admitió, en el año 2013, haber recibido sobresueldos del partido, en concreto un total de 1.384.851 de euros extras.
Estos son los impresentables que nos golpean en la cabeza con las porras de los antidisturbios —justificándolo porque hay que “respetar las leyes” y defender el “Estado de derecho y la Constitución”—, al tiempo que expolian el dinero público a su antojo y maniobran desde la fiscalía y el aparato judicial para encubrir sus manejos.
Un partido al servicio de los ricos
Los casos de corrupción en los que el PP es el protagonista, y las conversaciones de dirigentes del partido de Rajoy que hemos podido escuchar en estos años, muestran a las claras que el rancio estilo caciquil que practicaban los políticos que ejercían cargos públicos bajo la dictadura sigue siendo la forma de actuar preponderante en el PP. Son los herederos del franquismo. Llevan en el ADN el desprecio a las necesidades de la mayoría, la brutalidad y la avaricia desmedida.
Solícitos representantes de todo un sistema corrupto que está organizado para que un puñado de parásitos siga acumulando ingentes ganancias mientras la mayoría ve como sus condiciones de vida empeoran paulatinamente, muestran una hipocresía sin límites.
La trama de corrupción que satura las arterias del sistema capitalista indica que es parte inseparable de su funcionamiento cotidiano y constituye su esencia. Como muestra, un botón. La Asociación de Inspectores del Banco de España denunciaba en el Congreso que la banca domina al Banco de España, hasta el punto de que cuando los inspectores detectaban deficiencias a ciertas entidades bancarias o destapaban irregularidades, sufrían represalias.
La legalidad vigente, que tan ruidosamente defiende el PP, no es más que un cúmulo de normas cuyo cometido principal es la defensa de los privilegios de los grandes capitalistas. Cuando los trabajadores, los jóvenes y los sectores más desfavorecidos se rebelan contra este estado de cosas y luchan decididamente por sus derechos, adaptan esas normas a las nuevas circunstancias. Recortan los derechos democráticos, como en su día aprobaron la “ley mordaza”, torpedean la libertad de expresión e incrementan la represión en todos los frentes.
Nuevos ataques contra los trabajadores
En el momento en que el PP se sienta en el banquillo de los acusados y muchos de sus dirigentes, entre ellos el propio presidente del gobierno, se ven salpicados por numerosos casos de corrupción, el gobierno, sin que la mano le tiemble lo más mínimo, aprueba nuevos recortes sociales.
En los presupuestos de 2018 el gasto en sanidad se recortará dos décimas (pasará de un 6% del PIB en 2017 a un 5,8%), su mínimo histórico. En educación los recursos públicos se reducirán del 4% del PIB de 2017 al 3,8% en 2018, alcanzando también su un mínimo histórico. El porcentaje del PIB destinado a pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, entre otros aspectos, se verá reducido aún más: pasará del 16,5% del PIB a quedarse en el 16,2%. La ayuda a la dependencia sufrirá un tajo de 100 millones de euros, y los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género también se recortarán. Por no hablar de la quiebra de la hucha de las pensiones, y los planes que tienen diseñados para una nueva contrarreforma en las jubilaciones públicas que reduzcan su cuantía y aumente la edad de jubilación.
El gobierno del PP actúa con contundencia reduciendo por enésima vez los gastos sociales, pero se muestra muy generoso con el dinero entregado a los bancos. Según los últimos datos de la Comisión Europea, el dinero público invertido en rescatar a la banca privada española, y que se da por perdido hasta el momento, se eleva a 48.000 millones de euros, equivalente a un 4,3% del PIB. ¡Y nos hablan de democracia y justicia!
Los ricos y los bancos ganan mucho con el PP, pero las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias siguen hundiéndose. Solo algunos datos. El INE indica que en 2016 el 22,3% de los hogares se encontraban por debajo del umbral de la pobreza. Las infames condiciones laborales y los salarios de miseria hacen que el 18% de los asalariados se encuentre en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social. Y el 61% de los parados se encuentra en la misma situación.
¿Dónde están CCOO y UGT?
Al PP le sería imposible aplicar esta política sin contar con la colaboración y el apoyo inestimable del PSOE y de las grandes centrales sindicales CCOO y UGT, que con su pasividad desmovilizadora, y su disposición al pacto, están contribuyendo a hacer la vida mucho más fácil a Rajoy.
El papel que está jugando el PSOE es absolutamente vergonzoso. Pedro Sánchez ha pasado del “no es no” a ser uno de los principales pilares sobre los que se apoya el gobierno del PP para aplastar los derechos democráticos, imponer el 155 y continuar con la austeridad. Por su parte los dirigentes de CCOO y UGT en declaraciones a la prensa se han lamentado de que la actualidad esté centrada en el conflicto en Cataluña, “relegando a un segundo plano los no menos graves problemas económicos, sociales y laborales que afectan a España”. La pregunta que debemos hacer a estos dirigentes es concreta: ¿qué habéis hecho vosotros para que la precariedad laboral, los bajos salarios, la ridícula cobertura del subsidio de desempleo, y todos los recortes sociales impuestos por este gobierno se encuentren en el foco de la atención pública?
Las numerosas cartas que tanto Unai Sordo como José Álvarez han remitido al gobierno y a la patronal para reanudar la actividad de las mesas del “diálogo social”, no surten ningún efecto, y de eso no tiene la culpa el llamado “conflicto” catalán. Y es que la debilidad orgánica de la estrategia de las cúpulas burocráticas de los grandes sindicatos, y su empecinamiento a reemplazar la lucha de clases por el pacto social, es un arma en manos del PP y de la patronal.
Sectores cada vez más amplios de trabajadores están comparando los grandes beneficios que están acumulando los empresarios con sus pésimas condiciones laborales y salariales, y están sacando la conclusión de que también quieren disfrutar de una parte de ese pastel y están dispuestos a movilizarse de forma contundente. Esta es la fuerza en la que hay que apoyarse, para impulsar una lucha generalizada y unificada. Pero es difícil pensar en que este impulso venga de los despachos de la burocracia sindical o de los parlamentos. Una vez más será tarea de miles de activistas organizar las acciones desde abajo, desde la base y desde los conflictos concretos, y dar a esta batalla la envergadura que necesita, y la orientación de clase necesaria, para derrotar al PP y sus planes contra la clase obrera. Los próximos meses serán muy importantes al respecto.
