El pasado 26 de diciembre se cumplían 10 años desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica El diario El País celebraba dicha fecha con un artículo titulado “La desmemoria que no cesa” escrito por Gregorio Marañon y Beltrán de Lis, político de UCD durante la Transición y ahora marqués de Marañón y Grande de España. El autor comienza señalando como la Ley en su exposición de motivos invoca “el espíritu de reconciliación y concordia que guio la Transición”. Desgraciadamente dicha “reconciliación” ha significado silencio y olvido para las miles de víctimas de la dictadura franquista, y total impunidad para los criminales y torturadores franquistas. Una “reconciliación” que ha mantenido a los asesinados por Franco en cunetas y fosas comunes.
Marañón nos recuerda que militó “en la oposición democrática al franquismo”, esa oposición de terciopelo nacida del propio franquismo, consentida, y que no conoció las torturas y cárceles que sufrieron los militantes del PCE y CCOO. Por eso no nos habla de las cárceles, de las torturas o de los pelotones de fusilamientos que miles de antifranquistas sufrieron a lo largo de toda la dictadura.
Pero si se atreve a señalar que “la república se quebró en 1934” por culpa de la revolución de Octubre, encabezada por los mineros asturianos, a la que tilda de “golpe de Estado” y causa de todos los males que llevarían a la Guerra Civil. Argumentos más propios de Ricardo de la Cierva, historiador oficial del régimen franquista, o de Pío Moa, que de un supuesto “opositor democrático al régimen de Franco”. El autor olvida citar las conspiraciones e intentos de golpe de Estado de los militares previos a 1936, como la Sanjurjada en 1932. También olvida mencionar el carácter fascista de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuya entrada en el Gobierno provocó el levantamiento de octubre. También omite cualquier referencia a la salvaje represión desatada por los militares contra los mineros y los revolucionarios del 34: 1.500 obreros asesinados, miles despedidos, y entre 30.000 y 40.000 personas encarceladas, entre ellos el Presidente de la Generalitat Lluis Companys y el Secretario General de la UGT y Presidente del PSOE Francisco Largo Caballero.
Franco y su régimen se impusieron mediante un genocidio
Tras esta falta de rigor histórico, el autor nos alumbra con la típica equidistancia propia de aquellos que quieren mantener la impunidad de los crímenes franquistas. En primer lugar obviando que la represión franquista fue planificada estratégicamente desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 con el objetivo de exterminar política y físicamente a cualquier sindicato, partido y organización de izquierdas, y cualquier tipo de disidencia por leve que fuera. Un auténtico genocidio planificado meticulosamente cada vez que las tropas franquistas conquistaban un pueblo o una ciudad, y que continuó durante la posguerra, cuando fueron ejecutadas más de 50.000 personas. En total, entre 1936 y 1952, fueron asesinadas por los franquistas más de 200.000 personas, y la mayoría aún permanecen en fosas comunes sin identificar ni dignificar. La propia ONU ha condenado a España por esta situación, señalando que se trata del segundo país del mundo con más fosas comunes, únicamente superado por Camboya. 40 años después de la muerte del dictador solo se han abierto 350 fosas de las 2.382 registradas. ¡Una auténtica vergüenza!
Por otro lado, Marañon tampoco habla de las torturas policiales, de los encarcelamientos de presos políticos, ni de las penas de muerte aplicadas por el régimen franquista hasta sus últimos momentos. En los años sesenta y setenta, pasaron por los tribunales civiles y militares decenas de miles de presos políticos por repartir propaganda, hacer manifestaciones o huelgas, o pertenecer a partidos políticos o sindicatos clandestinos. Ninguna de esas víctimas ha podido ver aún a sus verdugos y torturadores sentados ante la justicia, o siquiera reconocido su derecho a la memoria y a la reparación.
Nos habla de su abuelo fusilado por milicianos, pero se le olvida decir que su abuelo fue enterrado y homenajeado durante cuarenta años por sus acólitos franquistas. Mientras, las víctimas del franquismo, durante los cuarenta años de dictadura, fueron no sólo ninguneadas sino pisoteadas, prohibidos sus homenajes, y condenadas al silencio. Y durante los siguientes cuarenta años tras la muerte de Franco tampoco han recibido mejor trato: la mayoría de fosas comunes siguen sin ser investigadas y desenterradas, en las escuelas la represión franquista es prácticamente ignorada, el PP y el aparato del Estado, incluidos los Gobiernos del PSOE, han impedido que se pueda juzgar ni un solo crimen del franquismo, y los homenajes a las víctimas han sido casi siempre por parte de asociaciones memorialistas y pocas veces por parte de instituciones públicas.
Centenares de fosas comunes siguen sin abrirse y los torturadores del franquismo continúan siendo protegidos por el aparato del Estado
La Ley de Memoria Histórica fue un pequeño paso adelante conseguido gracias a la lucha de las asociaciones memorialistas y de las propias víctimas del franquismo, pero completamente insuficiente a la luz de sus resultados. No se han conseguido eliminar ni de lejos todos los vestigios franquistas que quedan en el país: mientras los grupos fascistas campan a sus anchas haciendo incluso misas en homenaje a Franco, una tuitera ha sido condenada a un año de cárcel por hacer un chiste sobre el asesinato de Carrero Blanco. No se han investigado y desenterrado las miles de fosas comunes que hay por toda la geografía española. No se ha hecho un reconocimiento público de la lucha antifranquista, ni se ha puesto en marcha en las aulas asignaturas relacionadas con la Memoria Histórica. Tampoco se preocupa por la documentación de los archivos, ni porque se abra a los investigadores la documentación relacionada con los aparatos represivos de la dictadura. Y por supuesto esta Ley no permite que se juzguen los crímenes franquistas en nuestro país.
La ley apela al espíritu de la Transición para la política memorialista, es decir, al espíritu de la ley de Amnistía que ha garantizado durante 40 años la impunidad del franquismo. Una ley que nació ya coja y que además ahora el PP he dejado sin presupuesto durante los últimos cuatro años, produciéndose la paradoja de que mientras las Asociaciones de Memoria Histórica han dejado de obtener cualquier tipo de ayuda, necesarias entre otras cosas para desenterrar fosas comunes, la Fundación Francisco Franco o el Valle de los Caídos siguen cobrando cuantiosas subvenciones para vanagloriar al dictador y su régimen fascista.
Si queremos seguir luchando por una auténtica política de Memoria Histórica, debemos huir de la “reconciliación” y el “olvido” que se proponen desde las páginas de El País. Debemos luchar porque cada vez haya más memoria, porque cada vez se cuestione más el franquismo y el Régimen del 78, y la solución que este último dio a las víctimas de la dictadura. No sólo exigir que se investiguen las fosas y la represión, no sólo que se juzguen a los criminales franquista, si no que se conozca quienes estuvieron detrás del franquismo y quienes se enriquecieron a costa del expolio, la corrupción y los asesinatos en masa de miles y miles de trabajadores que lucharon contra el fascismo. No necesitamos como dice Marañón “paz, piedad y perdón”, sino verdad, justicia y reparación.
No a la impunidad de los crímenes del franquismo
Verdad, justicia y reparación
