Desde el estallido del 15M y las grandes movilizaciones de 20112015 que le siguieron, el gobierno del PP respondió con la porra, las botas y los gases lacrimógenos de la policía. Para legitimar este incremento de la represión y darle validez jurídica, el Gobierno de Rajoy aprobó la ley mordaza y toda una batería de medidas que han dado base legal a una represión sin precedentes contra los activistas y las organizaciones de la izquierda que lucha.

Pero la situación ha dado un salto cualitativo con la crisis política y social en Catalunya. El movimiento popular a favor del derecho a decidir y por la república catalana no sólo fue reprimido brutalmente por la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre. A partir de esa fecha, el gobierno de Rajoy, Ciudadanos y el PSOE, flanqueados por el aparato judicial, han puesto en cuestión la existencia de una “democracia formal” en el Estado español. Causas en los tribunales por las que son encarcelados dirigentes independentistas a los que se acusa de delitos de “rebelión” y “sedición”; aplicación del artículo 155 de la Constitución para suprimir temporalmente la autonomía de Catalunya; una campaña de miedo sin precedentes, alentada por la fuga de empresas y apoyada en mentiras y manipulaciones vertidas a todas horas por los medios de comunicación capitalistas, y proyectos de leyes para controlar la información y poder encarcelar a cualquiera bajo el supuesto “delito de odio”, demuestra que el régimen del 78 apesta a franquismo.

2017, un año nefasto para los derechos democráticos

Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), 2017 ha sido un año muy duro para los derechos democráticos. Los datos que publican en su web son reveladores:

1. Según el informe ‘Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016’ que el Ministerio del Interior publicó en mayo, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza se han impuesto un total de 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros. De entre ellas, las sanciones por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llegaron a triplicarse en 2016: 19.497 con un coste de 3.006.761 euros.
2. Las denuncias y juicios contra periodistas, tuiteros, poetas, cantantes… se han disparado. En noviembre la revista El Jueves resultó imputada tras la denuncia de sindicatos policiales. En marzo Público informaba de las amenazas de la ‘brigada política’ de la policía a raíz de sus investigaciones sobre el funcionamiento de las “cloacas” del Estado. El primer tuitero por opinar en redes sociales, Alfredo Remírez, entró en prisión; también fueron condenados a penas de cárcel la tuitera Cassandra y el líder de Def con Dos, César Strawberry. El rapero Valtonyc fue sentenciado a tres años y medio en febrero, mientras los 12 integrantes del colectivo de hiphop, La Insurgencia, lo fueron a 2 años y 1 día.
3. En marzo la Audiencia Nacional batió un récord de juicios en cadena por supuestos delitos de “enaltecimiento del terrorismo” en redes sociales. Este tipo de juicios, curiosamente, se han multiplicado por cinco tras el cese de la actividad armada de ETA en 2011.

El 'delito de odio' y el control de la información. La derecha, como en la dictadura

Al gobierno y a la burguesía todo esto le parece poco, y ahora pretenden controlar a su antojo la información que se divulga a través de Internet y ampliar la vigilancia en la red para perseguir opiniones y ocultar noticias que pongan más al descubierto la corrupción del sistema y de los partidos que lo sustentan.

En esa dirección va la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso el pasado 19 de diciembre. En su cinismo, los campeones de la mentira informativa, la ocultación y la tergiversación, se atreven a decir que con esta propuesta pretenden luchar contra “la tergiversación de la verdad con el objetivo de incidir en procesos electorales y desestabilizar nuestro sistema democrático y nuestras instituciones”, y de la forma más desvergonzada se refieren a las imágenes de la represión contra el pueblo catalán el pasado 1 de octubre como una de las muestras de la manipulación que hay que perseguir.

Pero sin duda, el instrumento estrella en esta nueva vuelta de tuerca contra los derechos democráticos está siendo el llamado delito de odio. El ultraderechista ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reinterpretado este delito como cualquier “incidente” dirigido contra una persona y basado en un prejuicio de: discapacidad, raza, origen étnico o país de procedencia, religión o creencias, orientación e identidad sexual, exclusión social, o “cualquier otra circunstancia o condición social o personal” que, por supuesto, el Ministerio del Interior y el PP ya se encargarán de valorar a su libre antojo. Esta interpretación, que no es la recogida en el código penal pero es la que se insta a los jueces que sigan, demostrando una vez más la falacia de la independencia judicial, es el cajón de sastre en el que caben, esta vez sí, todas las opiniones que consideren necesario reprimir.

En su obsesión contra el pueblo catalán, Interior ha abierto un apartado en su web para denunciar delitos de odio en Catalunya, y automáticamente se multiplicaron los episodios calificados como tales (150 sólo en octubre), entre otros el de los ocho profesores de colegios e institutos de Barcelona denunciados por hablar en clase de lo sucedido el 1O. Los que luchamos contra la represión somos el principal objetivo del ministro Zoido, quien ha declarado que el Ejecutivo no va a parar hasta que “todos los que les han faltado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado paguen judicialmente por ello”.

Este entramado legal y judicial, más propio de una dictadura, es y será empleado contra la izquierda que lucha y sus activistas, mientras los crímenes del franquismo, los cientos de agresiones fascistas, los ataques homófobos, y la violencia asesina contra las mujeres seguirán impunes ante una justicia que mira hacia otro lado. La escalada represiva revela como los derechos democráticos son cada vez más incompatibles con los intereses de la burguesía y su sistema. Y a la vez, lejos de mostrar fortaleza, revelan el pánico a las movilizaciones masivas de la juventud y los trabajadores, y el intento desesperado por frenarlas.