¡Basta de reprimir la libertad de expresión!
El pasado 1 de febrero pasó por la Audiencia Nacional el rapero Pablo Hasel, al que la Fiscalía le pide dos años y nueve meses de prisión más una multa de 40.500 euros. Si no hace efectiva la multa, serían cinco años de cárcel. En 2014, Hasel ya fue condenado a dos años de cárcel. Este nuevo caso de represión contra la libertad de expresión vuelve a colocar en la palestra el estado de excepción democrática que vivimos. ¿Cuáles son los supuestos “delitos” de Hasel? Según la Fiscalía y los jueces, enaltecimiento del terrorismo, injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la corona. Pero lo único que ha hecho es escribir tuits y canciones. Por eso quieren meterlo en la cárcel. Esa es la pura realidad.
Durante el juicio, Pablo Hasel realizó una crítica mordaz contra la corrupción de la monarquía, contra la impunidad de todos aquellos “agentes de la ley” que han torturado, y lo siguen haciendo, y dejó muy claro que “asesinar a inmigrantes sale gratis y denunciarlo te puede costar la cárcel”. Y es la pura verdad. Sobre la corona dijo que “a ver si voy a ser yo el culpable de que el rey financie sus cacerías con dinero público y a sus amantes”. Y es que la malversación de fondos públicos, las corruptelas, las fiestas a costa del dinero de todos, por parte de Juan Carlos I y de los políticos del PP, no son una opinión sino un hecho objetivo, demostrado con pruebas. Sobre la impunidad policial, dio el ejemplo de los policías involucrados en la muerte de 15 inmigrantes en el Tarajal, que además de no ser juzgados fueron presentados como unos “héroes” por el Ministerio del Interior. Las peguntas de los jueces eran dirigidos al mismo punto: ¿es usted miembro de una organización terrorista? La respuesta es evidente. Hasel no es un terrorista, es un rapero que compone canciones críticas con el sistema capitalista y la corrupción del aparato del Estado.
Raperos, tuiteros, a la cárcel. Corruptos y torturadores, en libertad
Desde que se aprobara la Ley Mordaza en 2015, la represión del PP y de la policía y la justicia contra aquellos que cuestionan al Gobierno, a la monarquía o el capitalismo ha sido brutal. Los titiriteros, Cassandra Vera, los 12 raperos de la Insurgencia…a decenas de artistas y activistas sociales se les han impuesto condenas por decenas de años de cárcel y miles de euros en multas, además de inhabilitaciones para acceder a cualquier cargo público o para recibir becas.
Tras el cese de la actividad de ETA, se han multiplicado por cinco los juicios por enaltecimiento del terrorismo. Desde la implantación de la Ley Mordaza, se han impuesto 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros. En el pasado año 2017 ha entrado en prisión el primer tuitero, Alfredo Ramírez, por opinar en redes sociales.
Pero no sólo con la Ley Mordaza ha reprimido el Gobierno y el aparato del Estado. Lo vemos con el caso de Alfon o de Andrés Bódalo. En Catalunya hemos visto como han utilizado millones y millones de euros para mandar a policías a reprimir con palos a aquellos que defendían el derecho a decidir el 1-O. Y como con la aplicación del 155, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, han encarcelado a los Jordis y a los ministros del Govern. Incluso hace un par de días, un mecánico de Reus ha sido acusado por negarse a reparar un coche de un Policía Nacional tras la intervención policial en el referéndum catalán.
Y como bien señaló en el juicio Pablo Hasel, los fascistas, los que amenazan de muerte a homosexuales, a inmigrantes y aquellos policías que reprimen o torturan no sólo salen impunes, sino que incluso son condecorados con medallas por parte del Gobierno. Lo vimos con el caso del chat de los policías municipales de Madrid, donde amenazaban de muerte a Manuela Carmena, a los inmigrantes y lanzaban soflamas nazis con loas a Hitler. El juez declaró en este caso que no había delito de odio. La jueza del caso del Tarajal mencionado anteriormente, no sólo archivó el caso si que descargó la culpa sobre los inmigrantes muertos. Entre 2004 y 2015 se han documentado 6.600 casos de torturas policiales, de los cuales sólo 752 llegaron a tener una condena, pero como faltas y no como delitos. Ningún policía ha pisado la cárcel por delito de tortura. En cuanto a las agresiones fascistas, en estos últimos veinte años se han cometido 74 asesinatos por parte de grupos nazis y cada año se producen 4.000 agresiones fascistas. La mayoría de ellos quedan impunes, sin ni siquiera ser investigadas.
Desde Izquierda Revolucionaria pedimos la libertad para Pablo Hasel y para todos los raperos, tuiteros, sindicalistas y luchadores sociales que se enfrentan a la justicia por denunciar este sistema corrupto y represor.
