¡Hay que pararlos con la lucha en las calles!

Vivimos una ofensiva contra los derechos democráticos sin precedentes desde el final de la dictadura. Esta escalada, que comenzó con la brutal represión del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, el encarcelamiento de los Jordis y los consellers del Govern y la aplicación del 155, se está extendiendo al conjunto del Estado y ha penetrado en todos los ámbitos de la vida pública.

La condena de cárcel a 3 años y medio del rapero Valtonyc por sus letras —mientras la organización fascista que lo denunció se permite pedir “la fosa para los rojos e independentistas”—; la censura de obras artísticas, como la retirada de los cuadros “Presos políticos” de ARCO, o el secuestro del libro “Fariña”, que denuncia conexiones reconocidas judicialmente entre dirigentes del PP gallego y el narcotráfico, son la punta de un iceberg al que hay que sumar los numerosos juicios por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo y las multas generalizadas en aplicación de la Ley Mordaza. Nunca en décadas se había vivido un ataque tan descarado a la libertad de expresión por parte del Estado y su aparato policial y judicial.

Los derechos democráticos son incompatibles con el régimen del 78

Si repasamos los principales jalones de esta ofensiva represiva del nacional-españolismo propiciada desde el PP, jaleada por Ciudadanos y apoyada vergonzosamente por los dirigentes del PSOE, veremos que es una estrategia global de la clase dominante. Desde octubre de 2017 hasta la fecha estos son algunos de los hechos más destacados:

1 de octubre: 2.200.000 personas ejercen su derecho democrático a decidir el futuro de Catalunya (número superior al que refrendó el Estatut en 1977). Miles de policías y Guardias Civiles, enviados por Rajoy, atacan violentamente con porras y pelotas a los votantes, secuestrando urnas, destrozando centros educativos y dejando más de 1.000 heridos. El Rey y diarios como El Mundo o El País, exigen al Estado actuar implacablemente contra “el movimiento insurreccional” del pueblo catalán.

16 de octubre: La juez Lamela encarcela sin fianza a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de ANC y Omnium. ¿Su “delito”? Participar en una manifestación espontánea contra la detención de 14 cargos de la Generalitat el 20 de Septiembre. Las excusas judiciales para este encarcelamiento pueden servir (como ya está ocurriendo) contra cualquiera que proteste contra este Estado heredado del franquismo y su gobierno de corruptos.

27 de octubre: Aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Senado suspendiendo la autonomía de Catalunya (una conquista alcanzada tras décadas de lucha contra la dictadura). Como si de un golpe de Estado se tratase, el Partido Popular, que cuenta con 4 diputados y un 4% de los votos en Catalunya, toma el control de la Generalitat, destituyendo a un Govern con mayoría absoluta.

2 de noviembre: La misma jueza que encarceló a los Jordis ordena el ingreso en prisión de 8 consellers del Govern de Catalunya atendiendo a la querella de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía sostiene que los acusados han cometido un delito de sedición y rebelión, modificando arbitrariamente el criterio penal para estos delitos que hasta entonces sólo podían ser resultado de acciones violentas y armadas. La movilización pacífica de millones de personas el 1-O y la huelga general que paraliza Catalunya el 3-O son consideradas “levantamiento violento”, equiparándolas al golpe militar fascista pistola en mano del 23F. Un gravísimo precedente que podrá ser utilizado contra el derecho a huelga y manifestación en Catalunya y en cualquier otra zona del Estado.

25-27 de enero: El gobierno del PP ignora la resolución del Consejo de Estado (que considera ilegal y anticonstitucional la medida) y ordena al Tribunal Constitucional impedir que el Parlament elegido democráticamente por el pueblo de Catalunya en las elecciones del 21D, y que ha arrojado nuevamente una mayoría absoluta independentista, pueda reunirse e investir President a Puigdemont

2 de febrero: Como parte de una causa general contra el independentismo, el juez Llarena no acepta las declaraciones de varios presos políticos catalanes renunciando a la república y acatando la Constitución. Esto significa reconocer en la práctica que no están encarcelados por ningún delito que hayan cometido. Son rehenes del Estado para obligar a los dirigentes del “procés” a renunciar a la república por la que votaron más de 2 millones de personas el 1 de octubre. Respondiendo a la renuncia al acta de diputado del ex conseller Forn, Llarena resuelve que en Catalunya  hay “incerteza” de que “la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal”. Es decir, el pueblo de Catalunya es culpable por no aceptar las imposiciones autoritarias del nacionalismo españolista.

Necesitamos una izquierda revolucionaria si queremos derrotar la represión

Quienes pretenden separar los ataques a la libertad de expresión de la ofensiva contra los derechos democráticos del pueblo catalán, sólo contribuyen a echar tierra sobre los ojos de los trabajadores, paralizar la respuesta a todos estos ataques y que la represión continúe.

La lucha decidida de millones de personas desafiando un régimen monárquico corrupto y reaccionario, resistiendo la represión el 1 de octubre y paralizando Catalunya con la huelga general dos días después, abrió una crisis revolucionaria. Ahora la clase dominante y sus partidos, que han vuelto a ser derrotados en las elecciones del 21D, pretenden instaurar una semidictadura sobre Catalunya y poner de rodillas al movimiento aplicando la política de la venganza más sañosa. Y este mensaje también va dirigido a todos aquellos que hemos llenado las calles estos años contra las políticas de recortes sociales de la derecha y la socialdemocracia, en el 15M, en las huelgas generales, en las Mareas Blanca y Verde, en las Marchas de la Dignidad…y que estamos dispuestos a hacerlo otra vez en defensa de las pensiones, contra nuevos recortes en educación y sanidad, o combatiendo la precariedad laboral y los bajos salarios.

El ejemplo de lucha de las masas catalanas puede contagiarse. Ya están viendo cómo crece el apoyo a la huelga feminista del 8M, o la magnífica respuesta de los jubilados al brutal ataque que están sufriendo. Quieren acallar las voces más críticas, meternos el miedo en el cuerpo para impedir que el creciente malestar social no se exprese en una respuesta masiva y unificada contra sus políticas.

En unas circunstancias tan críticas como las actuales, las declaraciones de dirigentes de ERC y PDeCAT planteando renunciar a la república, diciendo que no hay fuerza suficiente para materializarla, pasándose unos a otros la patata caliente y diciendo que todo fue “simbólico”, son un escándalo. Intentan desmoralizar a las masas en lucha presentando la república como una utopía imposible.

Pero no sólo los políticos burgueses y pequeñoburgueses del PDeCAT y ERC tienen una enorme responsabilidad. ¿Dónde están los dirigentes de Unidos Podemos? ¿Dónde está Pablo Iglesias? No basta con hacer declaraciones de prensa o poner de vez en cuando un twiter. El pueblo de Catalunya está sufriendo una agresión sin precedentes, y los derechos democráticos de la población en todo el Estado también. ¿Y quién es el responsable? La respuesta no es difícil: el gobierno del PP y sus socios parlamentarios, Ciudadanos y el PSOE, el aparato del Estado, la monarquía y los medios de comunicación al servicio del régimen del 78.

Lejos de suavizar la represión, la pasividad de la izquierda parlamentaria la facilita, como demuestra el ataque al catalá desde el gobierno central con el fin de “españolizar” a los estudiantes catalanes, o las nuevas causas judiciales que están provocando nuevos exiliados y más encarcelados.

No, lo que falta no es decisión para derrotar a la reacción. Lo que falta es una izquierda a la altura de las circunstancias, tanto en Catalunya como en el resto del Estado, para movilizar al conjunto de los oprimidos, de los trabajadores y la juventud en defensa del derecho del pueblo catalán a hacer realidad una república con justicia social, y que derrote a este gobierno de pesadilla, acabando con su agenda de ataques a los derechos democráticos, a nuestras pensiones, a nuestros empleos y salarios. Los motivos sobran para pasar a la acción y construir una izquierda revolucionaria fuerte.