¡Sólo la lucha acabará con los recortes y la austeridad!
Con la firma del acuerdo presupuestario para 2019, la dirección de Podemos ha dado un paso decisivo en su coalición permanente con el PSOE, adaptándose definitivamente al tablero político del régimen del 78 y renunciando, en los hechos, al programa rupturista con el que nació en 2014.
Los dirigentes de Podemos han comprometido su autoridad para apuntalar un objetivo central del PSOE: frenar la presión de la calle y reestablecer la paz social sin tener que cambiar las líneas esenciales de las políticas de ajuste de los gobiernos anteriores.
¿Qué nos ofrece el acuerdo presupuestario?
La medida estrella del acuerdo es la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales, una buena noticia teniendo en cuenta el nivel tan escandaloso del que se partía. Para el millón y medio de trabajadores que hoy cobran salarios por debajo de esa cantidad, una subida del 22% es muy importante, pero todavía estamos muy lejos de lo que pasa en países de nuestro entorno donde el salario mínimo sobrepasa los 1.400 euros, con un nivel de precios similar o incluso más bajo. Comparado con el espectacular incremento del precio de los alquileres en las grandes ciudades (alrededor del 40% en los últimos cuatro años) y con las subidas constantes de la electricidad y otros bienes básicos, 900 euros mensuales condena a quienes lo perciben a vivir con enormes dificultades para llegar a final de mes. Es el salario de un trabajador pobre.
Este incremento tiene una contrapartida muy negativa: Podemos y el PSOE renuncian a la derogación de las reformas laborales aprobadas por el gobierno de Zapatero en 2010 y por el PP en 2012. Gracias a ellas la patronal ha podido bajar sistemáticamente los salarios y precarizar la situación de millones de trabajadores y, aunque en la redacción del acuerdo se habla de limitar supuestamente sus “aspectos más lesivos”, los empresarios seguirán disponiendo del arsenal legal que les permitirá absorber rápidamente esta subida del SMI.
En lo referente a las pensiones, también se plantea un alivio temporal pero sin revertir las dos contrarreformas anteriores, aprobadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Tanto la subida en un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas como la actualización de todas las pensiones según el IPC serán una pequeña mejora para los pensionistas más pobres pero temporal, ya que a partir del 31 de diciembre de 2019 volverá a quedar supeditada a la decisión arbitraria del gobierno.
Migajas para paliar el descontento social
El resto de las “medidas sociales” que el acuerdo describe con términos grandilocuentes apenas son limosnas que, poco o nada, van a resolver de los graves problemas de desigualdad y pobreza que los diez años de crisis han agudizado.
La partida para “combatir la pobreza infantil” se establece en 25 millones de euros, destinados a que niñas y niños en riesgo de pobreza “puedan acceder a comedor que les garantice una correcta alimentación”. ¡Difícil tarea cuando ese importe apenas supone 5 céntimos por día lectivo y alumno! Las ayudas para “material escolar gratuito” de las etapas educativas obligatorias se quedan en 10 euros al año por alumno, cuando los libros de texto de primaria y secundaria cuestan una media de 200 euros. Es decir, se sigue sin tocar el gran negocio de las editoriales privadas. ¿No sería más equitativo que la administración educativa publicase los textos necesarios y los facilitase gratuitamente?
En materia de vivienda las medidas acordadas son simples parches ante la grave situación que padecen cientos de miles de familias. La propuesta de crear 20.000 viviendas en todo el Estado para alquiler público en… ¡cuatro años! es sencillamente ridícula. Tampoco las promesas de ampliar los plazos mínimos de arrendamiento o las prórrogas de los contratos supondrán un cambio significativo. Simplemente los propietarios, especialmente si son fondos buitre, volverán a subir los precios para asegurarse de que siguen obteniendo las mismas rentabilidades.
Como hemos conocido estos días, el mercado inmobiliario privado tiene un peso fundamental en el entramado empresarial español. La retirada vergonzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a los bancos a pagar las inscripciones hipotecarias, no sólo prueba otra vez el carácter de una justicia rendida a los poderosos, sino la necesidad de confrontar contra aquellos que se enriquecen de un derecho básico de la población. ¡Basta ya de concesiones y de medias tintas! La única solución efectiva para garantizar el acceso a un techo digno para las familias pasa por expropiar las viviendas propiedad de fondos buitre y entidades financieras, y constituir con ellas un fondo público de vivienda con alquileres no superiores al 10% de los ingresos salariales. Todo lo demás es pura charlatanería.
Durante los años de crisis los resultados empresariales no han dejado de crecer y su participación en la renta nacional ha aumentado en casi 4 puntos, es decir, alrededor de 40.000 millones más cada año desde 2008, a costa del empobrecimiento generalizado de la inmensa mayoría de la población. La reforma fiscal que proponen PSOE y Podemos apenas roza este escandaloso incremento de beneficios y como consecuencia las cuantías disponibles para las mejoras sociales más urgentes son absolutamente insuficientes.
Las contrarreformas del PP se quedan
En sus seis años y medio de gobierno, el PP aprobó una batería de medidas legales que fortalecieron la posición de los empresarios y destruyeron conquistas históricas de la clase trabajadora. La privatización de la sanidad y la educación públicas, leyes como la LOMCE o la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, han supuesto una grave regresión social y consagran un giro autoritario que facilita la aplicación de medidas represivas a gran escala.
La exigencia de derogar la LOMCE y la Ley Mordaza ha sido un clamor en estos últimos tres años, pero el PSOE y Podemos han hecho oídos sordos a esta demanda y se limitan a “avanzar en su modificación”, cediendo a las presiones de la patronal privada de la enseñanza y los poderes fácticos.
En conclusión, con el señuelo de unas medidas sociales muy limitadas, que por supuesto serán bien recibidas por los sectores directamente afectados, PSOE y Podemos nos intentan colar la continuidad de las políticas de austeridad que se iniciaron en los tiempos del gobierno Zapatero y que el PP reforzó.
Es difícil prever qué futuro aguarda a los Presupuestos 2019. Aunque Pablo Iglesias ha asumido las funciones de ministro sin cartera, ejerciendo las tareas de muñidor de acuerdos con las fuerzas políticas catalanas y vascas, el Gobierno no tiene, de momento, asegurada una mayoría suficiente para su aprobación. Pero, pase lo que pase en las próximas semanas, los dirigentes de Podemos han dejado bien claro que, como ocurrió en Grecia con Syriza, están dispuesto a demostrar su “responsabilidad” y lealtad al Régimen del 78. Algo que la clase dominante ya está teniendo muy en cuenta.
Desde Izquierda Revolucionaria hacemos nuestro el lema de las extraordinarias movilizaciones de los pensionistas, de las mujeres y los estudiantes: “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”. Al lado de los que luchan por cambiar las bases del sistema, ampliando la movilización y levantando una alternativa revolucionaria, acabaremos con todos los recortes y la austeridad.
