El 7 de octubre el partido ultraderechista Vox celebró un mitin masivo en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Más de 10.000 personas venidas de todo el Estado acudieron al acto de presentación de sus “100 medidas urgentes por España”. En un recinto lleno de banderas rojigualdas y entre gritos de “Puigdemont a prisión” y “a por ellos” fueron desgranando sus propuestas: desde la supresión de las comunidades autónomas y la ilegalización de los partidos “separatistas”, pasando por la derogación de la Ley de Memoria Histórica y de la Ley contra la Violencia de Género y la eliminación del aborto de las prestaciones de la sanidad pública, hasta la aprobación de la cadena perpetua y la “mano dura” contra la inmigración.
Desde la desaparición de Fuerza Nueva en 1982 y la posterior “refundación” de Alianza Popular en 1989, que abrió paso a un Partido Popular supuestamente más “liberal” y “centrista”, la extrema derecha no ha tenido una expresión social y electoral mínimamente significativa en el Estado español. Esto no quiere decir que el minoritario sector de la población que apoyaba esas propuestas se hubiese diluido. Se mantuvieron en formaciones de nostálgicos del franquismo o de grupúsculos violentos sin el más mínimo arraigo social, y muchos más se refugiaron en el PP, cuyos planteamientos políticos, sobre todo desde la segunda legislatura de Aznar, asumen muchos elementos de la ultraderecha.
Pero la crisis económica iniciada en 2007, la agudización de la polarización social y el colapso general del régimen político establecido en 1978 también han acabado por afectar a la representación política tradicional de la burguesía del Estado español que, igual que ocurre en otros países europeos, está atravesando serios problemas.
Las políticas de austeridad y los recortes de los servicios sociales más básicos también han afectado a capas medias y sectores de la pequeña burguesía que tradicionalmente votaban a la derecha o que, dependiendo de las circunstancias, alternaban su voto entre el PP y el PSOE. El malestar de estos sectores sociales, agravado por la interminable ristra de escándalos de corrupción que implicaban de lleno al PP, acabó abriendo grietas entre su electorado y, aunque desde el mundo empresarial y financiero no se escatimaron los medios para organizar una alternativa de derechas más presentable, con Albert Rivera como líder, finalmente la presión de la movilización social hizo caer al gobierno Rajoy, poniendo de manifiesto la debilidad de la derecha española y su incapacidad para formar un gobierno capaz de imponer con mano firme las nuevas medidas de ajuste y recortes que la crisis capitalista exige.
La catalanofobia como paliativo para la desesperación de las capas medias
La caída del gobierno Rajoy y el simultáneo batacazo de Albert Rivera, que vio que de la noche a la mañana sus expectativas de formar gobierno se esfumaban, agudizaron la crisis de la derecha. Conscientes del escaso apoyo social a la continuidad de las políticas de austeridad, ambas formaciones políticas intentaron reagrupar sus fuerzas explotando el nacionalismo español hasta sus últimas consecuencias. El llamamiento a colocar banderas en los balcones languidecía sin pena ni gloria, de modo que había que insuflarle nuevas fuerzas con un discurso de odio hacia los catalanes, hacia el idioma catalán y hacia los dirigentes independentistas encarcelados. Y así, tras la moción de censura, PP y C’s se enzarzaron en una pelea por decir el mayor exabrupto contra el pueblo catalán y contra su libre decisión de separarse del Estado español y proclamar la república. Si el uno exigía un nuevo 155, el otro le adelantaba planteando la ilegalización de las CUP, en una escalada de propuestas represivas que parecía no tener fin… hasta que llegó Vox.
Los dirigentes de Vox son en su gran mayoría antiguos dirigentes del PP, que durante años se mantuvieron incrustados en el aparato del partido o en cargos públicos, como es el caso de su líder, Santiago Abascal, que ha vivido a cuerpo de rey durante años y años gracias a un cargo parasitario creado a su medida en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre. Esta camarilla reaccionaria decidió a finales de 2013, cuando el primer gobierno de Rajoy cumplía su segundo año, aprovechar el descontento del sector de la base tradicional del PP que veía que sus condiciones de vida y su posición social seguían deteriorándose, para lanzar su propia alternativa política con la vista puesta en las elecciones europeas de mayo de 2014.
El rotundo fracaso en esas elecciones y especialmente en las generales de 2015 y 2016 provocaron una grave crisis en Vox, y la mayor parte de sus fundadores lo abandonaron entre acusaciones de corrupción y manejo ilegal de fondos. Vox quedó en manos de su sector más abiertamente fascista, que lo convirtió abiertamente en su medio de vida, hasta que la furiosa deriva españolista del PP y C’s le dio oxígeno y lo catapultó hacia una cierta presencia pública. Los intentos desesperados del PP y C’s por conseguir en Cataluña algo que pudieran hacer pasar por una movilización españolista masiva les forzó a buscar todo tipo de aliados, desde el exsecretario general del PCE Francisco Frutos o el dirigente del PSOE Josep Borrell, hasta grupúsculos nazis o falangistas, pasando por Vox, que gracias a sus antiguos vínculos con el aparato del PP consiguió un lugar de honor en los estrados de las manifestaciones españolistas y, de este modo, la proyección pública que necesitaba para conseguir que la última encuesta del CIS le vaticine un 1,4% de los votos.
Ultraliberalismo y defensa de los poderosos
El programa de Vox, recogido en las 100 medidas urgentes presentadas en Vistalegre, es tan abiertamente antipopular, tan orientado al beneficio de los grandes empresarios y de los especuladores inmobiliarios, que ellos mismos son conscientes de que es difícil que despierte entusiasmo en una buena parte de los sectores sociales a los que se dirigen.
La polarización social que crece día a día también tiene una expresión a la derecha, pero su base social dista mucho de ser homogénea. Entre los empresarios, pequeños, medios o grandes, las propuestas de Vox levantarán oleadas de entusiasmo. ¿Qué otras cosas podrían desear los empresarios que una rebaja drástica del impuesto de sociedades al 15%, la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio, las herencias y las donaciones, la rebaja generalizada y las exenciones de cotizaciones sociales? ¿qué podría atraer más a los especuladores inmobiliarios y fondos buitre que la promesa de liberalizar completamente el suelo? ¿qué podría ser más atractivo para los banqueros que la propuesta de Vox de implantar un sistema de pensiones mixto, con un componente de capitalización que, como ya ocurrió en Chile o Reino Unido, incrementaría sustancialmente los beneficios de la banca?
El coste de estas medidas sería terrible para la clase trabajadora y para los jubilados. Recortes sociales aún más duros, congelación o rebajas salariales en el sector público, caídas drásticas de las pensiones, esas serían las primeras e inevitables consecuencias de la puesta en práctica del programa de Vox. Esas consecuencias alcanzarían de lleno a una parte significativa de sus propios simpatizantes, especialmente a trabajadores autónomos y asalariados, muchos de los cuáles apenas podrían beneficiarse de la prometida rebaja del IRPF, que en realidad solo beneficia a rentas mayores de 60.000 euros anuales, con una mayor proporción de beneficio cuánto más alta sea la renta.
Reivindicando la xenofobia y el machismo para cerrar filas
Para camuflar el impopular contenido de su programa los líderes de Vox necesitan recurrir a todos los resortes de la demagogia populista. A la catalanofobia, algo que comparten con PP y C’s, le añaden una generosa dosis de xenofobia y racismo. Su propuesta estrella en materia de inmigración es desencadenar una ola de acoso y persecución contra la población inmigrante, sea legal, ilegal o incluso con nacionalidad española. Vox busca un chivo expiatorio contra el que dirigir la rabia y la frustración de los sectores más empobrecidos de las capas medias. De paso, aunque no se atrevan a proclamarlo públicamente, estas medidas racistas facilitarán la sumisión de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes ante las más descarnadas formas de explotación laboral y no laboral. Es más que seguro que los más brutales empresarios de la construcción y la hostelería, y por supuesto los propietarios de burdeles, estarán encantados con las propuestas de Vox, en las que ven la promesa de mano de obra barata y resignada, y carne joven para la prostitución.
Por último, para completar su oferta de horrores, Vox hace suyas las peores barbaridades concebidas por el sector más machista y atrasado de la población. Con su promesa de derogar la Ley de Violencia de Género y con su insistencia en la falsedad generalizada de las denuncias por violencia machista, Vox se convierte en el portavoz de los agresores y levanta la bandera de la confrontación directa contra la movilización feminista que desde el 8 de marzo del pasado año sacude al país.
Su ataque a los derechos de la mujer incluye la defensa de la custodia compartida y la eliminación del aborto de las prestaciones de la sanidad pública. Como en los tiempos de Franco, con Vox el aborto solo estará disponible para las mujeres que dispongan de medios económicos para pagarlo y que pueden permitirse tomar uno o dos días libres (o más, si hay complicaciones) a voluntad.
Lo repugnante de las propuestas de Vox no debe ocultar en modo alguno que, en el fondo, su llamamiento a la guerra contra la movilización de las mujeres es compartido por el PP y C’s. La movilización feminista apunta al corazón mismo de este sistema y pone al descubierto la barbarie que en él se encierra. Por eso los partidos de la burguesía se esfuerzan en atenuar y desviar la lucha de las mujeres. Vox, desde su posición minoritaria, no ve necesario disimular y dice a voz en grito lo que el resto de la derecha solo comenta en privado.
¡Solo la movilización podrá pararlos!
Por el momento, los objetivos de Vox se limitan a intentar atraer a un sector desencantado de los votantes de PP y conseguir una mínima presencia institucional que les sirva de altavoz. Pero el ejemplo de los éxitos de la extrema derecha en otros países europeos, particularmente en Italia, puede animar a Vox a intentar seguir sus pasos y extender su orientación hacia sectores sociales que hoy les son completamente ajenos, lanzándose a una campaña en barrios obreros y populares de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
La continuidad de la crisis, la pobreza, el deterioro general de las condiciones de vida y la ausencia de cualquier perspectiva de futuro, empujan a muchas personas a la desesperación. Sectores cada vez mayores de la clase trabajadora se hunden en la precariedad. El acceso a la vivienda vuelve a ser un problema vital que amenaza a cientos de miles de familias. Y todo esto ocurre en un contexto de una relativa mejora económica y de reducción del desempleo. Cuando en el horizonte aparezca de nuevo la anunciada recesión todo este sufrimiento se agudizará y se extenderá a sectores cada vez más amplios. Esta situación podría crear circunstancias favorables a que propuestas como las que plantea Vox alcancen una repercusión que a día de hoy es impensable.
Pero el factor fundamental en este proceso no es la mayor o menor obstinación de los dirigentes de la extrema derecha por llegar al gobierno. Lo decisivo es si desde la izquierda se presenta o no una alternativa sólida y creíble para hacer frente a las consecuencias de la crisis generalizada del sistema capitalista. Y mientras que PSOE y Unidos Podemos sigan sin atreverse a revertir las medidas reaccionarias y antisociales del PP, desde la Reforma Laboral y la Reforma de las Pensiones hasta la Ley Mordaza, y sigan sin hacer frente de forma efectiva a la crisis de la vivienda o al escandaloso aumento de los precios de la electricidad, estarán abonando el terreno para que mensajes reaccionarios como el de Vox calen.
El tiempo transcurrido desde la constitución del gobierno Sánchez no deja mucho espacio a ilusiones. Si queremos parar desde ahora mismo un posible ascenso de la extrema derecha tenemos que volver a llenar las calles para exigir la recuperación de nuestros derechos. La experiencia histórica demuestra que sólo la lucha en la calle es capaz de frenar al fascismo. Sólo la movilización, armada con un programa de transformación radical de esta sociedad desde sus cimientos, puede debilitar y derrotar a la reacción.
