En las últimas semanas se han hecho públicos numerosos informes que coinciden en señalar la misma idea: la tan cacareada recuperación económica es totalmente desconocida para millones de personas, y la brecha social entre ricos y pobres sigue ensanchándose escandalosamente. Los datos son demoledores.
En el Estado español 12,4 millones de personas viven en riesgo de pobreza, el 26,6% de la población, y en riesgo de pobreza crónica, el 13,5%. En el último período, seis millones de personas se han recuperado de forma tan débil y precaria que en caso de una nueva crisis volverían a engrosar las filas de los excluidos socialmente. Hoy, el 33,2% de la población vive en un grado de integración social precario, y el 18,4% sufre de exclusión social moderada o severa.
La pobreza, la exclusión social, la lucha cotidiana por intentar cubrir las necesidades más básicas, afecta a cada vez más sectores de la población, como demuestra el hecho de que más de un millón de titulados universitarios se encuentre en riesgo de pobreza, 320.000 más que hace una década. Si sumamos a los que superaron el Bachillerato y la Formación Profesional, la cifra sube a 2,7 millones.
El fenómeno del trabajador pobre ha llegado para quedarse: más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Que el PSOE, con el apoyo o el silencio cómplice de Unidos Podemos y de las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, se niegue a derogar las reformas laborales es un escándalo, pues sus nocivos efectos son palpables.
Los trabajadores en activo están sometidos a un grado de explotación cada vez más alto y a una pérdida constante de poder adquisitivo. Según la Fundación La Caixa, el 10% de los trabajadores pierde el 25% de renta cada año por la precariedad laboral. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), un 51% tiene jornadas de 40 horas semanales o más, y un 8,3% trabaja 49 horas o más. Según la ley no se puede trabajar más de 40 horas semanales aunque sí se puede hacer horas extraordinarias retribuidas, ya sea con dinero o con descanso. Pero según la propia EPA, aproximadamente un 44% de esas horas extra no se pagan, por tanto son ilegales, pero los empresarios actúan con total impunidad sin ser molestados por los jueces.
Las consecuencias de esta degradación en nuestras condiciones de vida y trabajo son demoledoras. El Informe sobre el bienestar económico y material de la Fundación La Caixa las resume así: “La precariedad económica, el aislamiento social y la tensión familiar se retroalimentan uno a otro, creando un ambiente irrespirable donde el estrés, la ansiedad y los trastornos psicológicos acaban por sepultar a quienes pueblan los números rojos de las estadísticas”. El capitalismo del siglo XXI es horror sin fin para la inmensa mayoría.
En el otro lado de la balanza nos encontramos que el número de ultra ricos —“contribuyentes” que declaran un patrimonio de más de 30 millones de euros— se ha más que duplicado entre 2007 y 2015, pasando de 233 a 549. El sufrimiento de millones de personas es disfrutado por un selecto puñado de parásitos. El 10% de la población más rica pasó de acumular el 44% de la riqueza de todos los hogares en 2008 al 53% en 2014, de acuerdo al informe La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España publicado el pasado mayo por el Banco de España. Por su parte, los beneficios empresariales ascendieron a 26.209 millones de euros en el primer semestre de este año, un 12% más que en 2017.
Esta situación es la consecuencia inevitable de un sistema podrido e injusto con el que es necesario acabar. Hoy más que nunca cobran actualidad las palabras de Engels: “socialismo o barbarie”.
