¡Ni un minuto de tregua a sus políticas reaccionarias!
El pasado 16 de enero, los votos de PP, Ciudadanos y Vox hicieron presidente de la Junta de Andalucía al popular Juan Manuel Moreno. Por primera vez en cuarenta años un presidente no “socialista” ocupa la presidencia autonómica. Mientras, miles de manifestantes se concentraban a las puertas del parlamento mostrando su rechazo a la alianza reaccionaria y denunciando el peligro que supone para nuestros derechos.
Simultáneamente hubo protestas en cincuenta ciudades españolas, enviando un mensaje inequívoco de lucha. Y es que la clave de la resistencia a la política de recortes sociales y democráticos no residirá en el ámbito institucional ni vendrá de la oligarquía “socialista”, acomodada durante muchos años en la administración andaluza y responsable de allanarle el camino a este bloque reaccionario, sino de la movilización en la calle.
Las rentas más altas y los empresarios están de enhorabuena
El presidente de la Junta ha dado a conocer la composición del nuevo Gobierno, reduciendo las consejerías de 13 a 11, con seis consejeros del PP y cinco de Cs. Sin perder tiempo, el Consejo del Gobierno ha dado luz verde a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones. Las herencias por encima del millón de euros, las únicas afectadas por este impuesto, están de enhorabuena. En la misma línea se establecen otras medidas para favorecer también a las rentas más altas y a los intereses del sector privado, como la ampliación de los conciertos con centros sanitarios y educativos —entre ellos los de formación profesional privada, a los que pretenden conectar con el sistema público de enseñanza—, sin descartar la desaparición o privatizaciones de servicios públicos.
El objetivo común de PP, Cs y Vox es el de poner, todavía con más decisión que el PSOE andaluz, las instituciones públicas al servicio de los beneficios capitalistas, profundizando la senda de recortes y privatizaciones. Por eso, aunque este bloque reaccionario ha prometido demagógicamente meter la tijera sin demora a ese entramado de más de 90 empresas y fundaciones creadas durante las décadas de Gobiernos PSOE en la Junta —y al que se le ha dado el nombre de “administración paralela”—, está por ver hasta qué punto lo hará. Desde luego, no usarán esos recursos para satisfacer las necesidades de los trabajadores andaluces.
No podemos obviar que una gran parte de las empresas y fundaciones, además de ser utilizadas por el PSOE para desarrollar una tupida red clientelar, también han servido para subvencionar a empresarios, como parte de las políticas neoliberales llevadas a cabo por los “socialistas” andaluces, que, sin duda, el Gobierno de la derecha llevará aún más lejos.
Además está la cuestión del personal contratado de estos organismos que, sin contar cargos directivos y posibles “enchufados”, ronda los 25.000 trabajadores. Algunos, como la agencia medioambiental Amaya, donde están los bomberos forestales del Infoca, cuenta con 5.000 trabajadores en nómina, o como las ITVs, que suman 1.500 trabajadores, son objeto codiciado de los intereses empresariales para su privatización, o el propio Canal Sur. De momento, han encargado una auditoría de cuentas. Pero no es improbable que puedan encender la mecha de un duro conflicto laboral en el sector de las empresas públicas.
Los nuevos consejeros de la Junta: en guerra contra los servicios públicos
La gestión del señor Moreno como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en el gabinete de Rajoy entre 2011 y 2014, no deja lugar a dudas de cuál va a ser su hoja de ruta. Durante esos años el Gobierno del PP aprobó los mayores ataques a los derechos sociales y laborales que se recuerdan. Como alto cargo del Estado, fue cómplice de estas políticas y responsable directo de los recortes en la partida presupuestaria de la Ley de Dependencia.
El nuevo consejero andaluz de Salud y Familia, Jesús Aguirre, es otro caso paradigmático de las intenciones del tridente de derechas. Afirmó en 2012, siendo senador del PP, que los principios de la sanidad española de “universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad” eran una utopía, destacándose como un firme defensor del copago sanitario. El señor Aguirre ha defendido con vehemencia que en la sanidad pública hay que gastar menos. ¡Y este hombre es el que tiene encomendado sacar a la sanidad andaluza del último puesto en inversión sanitaria por habitante!
Sus declaraciones, poniendo en duda la gratuidad de la sanidad para inmigrantes y turistas, nos demuestran que el discurso xenófobo y clasista de Vox ni es nuevo ni exclusivo de ellos. En la práctica, es compartido por todos los que forman este bloque de derechas. Es evidente que el PP y Ciudadanos no le hacen ascos a la demanda de Vox de expulsar a los 52.000 inmigrantes indocumentados que la Consejería de Salud tendría censados para poder ofrecerles asistencia sanitaria.
Como consejero de Hacienda, Industria y Energía ha sido nombrado José Alberto García Valera. Este personaje fue cesado el verano pasado por Pedro Sánchez como director general de Tributos del Ministerio de Hacienda. La razón: que en el ejercicio de su cargo estaba diseñando la creación de nuevos impuestos al tiempo que preparaba su incorporación a la consultora EY —la antigua Ernst&Young— que presta, entre otros servicios, asesoría fiscal a empresas. Ciudadanos, que hizo mucho ruido denunciándole, ahora no ha tenido problema en aceptar su incorporación al Gobierno de la Junta.
La composición del nuevo Gobierno andaluz es una buena muestra de los auténticos intereses de clase que unen a PP, Cs y Vox. Este Gobierno tiene en su punto de mira los derechos sociales de las y los trabajadores andaluces, y en un más que probable escenario de desaceleración económica, los ataques no se harán esperar. Pero, como vimos durante la investidura de Juan Manuel Moreno, las espadas están en alto y la contestación social y laboral, de las mujeres trabajadoras y la juventud se hará sentir con fuerza.
