Con un saldo de siete detenidos, numerosos heridos e imágenes que nos recordaban la época del Gobierno de Esperanza Aguirre, la Policía Nacional ejecutó el pasado 22 de febrero cuatro desahucios en el edificio de la madrileña calle Argumosa. Tras seis intentos fallidos gracias a la movilización vecinal, hicieron falta decenas de antidisturbios que cargaron salvajemente contra los cientos de personas que pacíficamente intentaron parar el desahucio.
Las órdenes judiciales fueron dictadas desde diferentes juzgados, con menos de 48 horas de antelación y haciendo caso omiso a la resolución del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que suspendía específicamente el desahucio en la calle Argumosa al no haber alternativa ocupacional.
No es casualidad la determinación que ha mostrado el poder judicial en este caso: no hablamos de un desahucio cualquiera. El bloque, ubicado en el céntrico barrio de Lavapiés, ha sido objeto de interés por parte de varios fondos buitre para uso turístico, siguiendo la dinámica a la que se ha sometido todo el centro de la ciudad, y desalojando a la clase trabajadora de sus barrios.
¡Prohibición de los desahucios por ley!
El Ayuntamiento de Ahora Madrid, que llevaba en su programa la prohibición de los desahucios y se apoyó en gran medida en las movilizaciones de la PAH por el derecho a vivienda, no ha hecho más que derramar lágrimas de cocodrilo sin mover un solo dedo por evitarlo. La Policía Municipal bajo su mando facilitaba el dispositivo policial dirigido por la Delegación de Gobierno del PSOE. Asimismo, Rafa Mayoral, parlamentario de Unidos Podemos y antiguo activista de la PAH, tras acercarse a la ejecución del desahucio, se limitó a interponer una pregunta al Gobierno en la sesión de control del 27 de febrero.
Manuela Carmena habla de “dar más magdalenas” a las y los madrileños mientras avala este tipo de atropellos económicos, judiciales y policiales. El asunto se torna aún más peliagudo cuando el Ayuntamiento no tiene ningún escrúpulo en aprobar el pelotazo de la Operación Chamartín, una de las mayores operaciones inmobiliarias de Europa, que supone una carta blanca a un puñado de empresas para especular con enormes terrenos en el norte de Madrid.
En mayo del 2015 la clase trabajadora y la juventud madrileña votaron a Ahora Madrid para desalojar del Palacio de Cibeles al PP de Aguirre, Cifuentes y compañía. Pero mientras ningún gobierno del cambio se atreva a tocar los intereses de la banca y las grandes inmobiliarias, apoyándose en la organización y movilización masiva de los trabajadores, este cambio no será posible.
El Ayuntamiento de Madrid tiene que tomar medidas reales y contundentes en el asunto. Se pueden parar inmediatamente todos los desahucios, pero para ello hay que defender un programa que pase por la expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos y los fondos buitre, la creación de un parque público de viviendas con alquileres sociales que no superen el 10% de los ingresos familiares, la congelación de los alquileres privados a un máximo del 15% de los ingresos y la prohibición de los desahucios por ley en la ciudad. En definitiva, una política consecuente que no acepte que haya casas sin gente, y gente sin casas, que no acepte la lógica del sistema.
