El pasado 17 de octubre Podemos denunciaba que la cámara de seguridad que la Guardia Civil instaló en la vivienda propiedad de Pablo Iglesias e Irene Montero había sido hackeada. Iglesias señalaba este hecho como muestra de que el Gobierno del PSOE no había depurado suficientemente las “cloacas del Estado”, a lo que el actual ministro de Interior, Grande Marlaska, contestaba sin inmutarse que eso era cosa del pasado. Replicaba Iglesias que prueba de la falta de limpieza del aparato estatal era que el inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago —uno de los máximos responsables de la destapada “brigada política” del PP— todavía siguiera “cobrando un sueldo público”.
La “policía política” del Gobierno Rajoy
Fuentes Gago tiene prohibida la salida del país desde el mes de marzo por el juez del caso Villarejo, García Castellón, por su implicación en la Operación Kitchen, operativo policial ilegal que se desarrolló bajo el Gobierno de Rajoy a partir de 2013 y cuyo propósito era sustraer del domicilio de Luis Bárcenas documentación que podía resultar incriminatoria para la cúpula del PP (particularmente las copias de seguridad de los ordenadores borrados en Génova, entre otros documentos). Fuentes Gago actuaba bajo las órdenes de Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo de la Policía y número dos de la Dirección General de la Policía, cuando Jorge Fernández Díaz era ministro de Interior.
Eugenio Pino, hombre clave en la trama de “las cloacas del Estado”, está imputado también por la Operación Kitchen. Para frenar a Bárcenas, Pino se coordinó con el comisario Villarejo y con el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Ambos captarían posteriormente como confidente a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, ofreciéndole dinero de fondos reservados para sustraer la documentación.
Pero la trama de la policía política del PP viene de más atrás. Eugenio Pino impulsaba desde 2013 la Operación Cataluña, con la que se buscaba desacreditar como fuera a los dirigentes independentistas catalanes. Así, el Gobierno Rajoy para luchar contra sus rivales políticos, conforma una brigada política para impulsar operaciones ilegales y montajes policiales en colaboración con medios de comunicación de la derecha como el diario El Mundo, OKdiario, El Confidencial y periodistas como Eduardo Inda, ligados al comisario Villarejo, que servían de altavoz a sus informes falsos. Según el periodista Ernesto Ekaizer, OKdiario fue fundado en septiembre de 2015 por Inda gracias a un crédito de la empresa pública ENISA, dependiente del Ministerio de Industria.
Un aparato estatal mafioso
La detención del excomisario Villarejo en noviembre de 2017 destapa la trama de las cloacas del Estado. Impune durante décadas, protegido por la cúpula de Interior bajo diferentes Gobiernos del PP y PSOE, Villarejo se convirtió durante ese tiempo en empresario multimillonario con sus negocios ilícitos y estando al frente de una red de blanqueo de capitales: un entramado de empresas que suma 25 millones de euros, 92 inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware. Son las maniobras para obstaculizar, entorpecer y bloquear la investigación de los agentes de Asuntos Internos de la Policía que investigaban el caso del Pequeño Nicolás –llegando a grabar una reunión entre policías y miembros del CNI– lo que le llevará a prisión.
¿Qué impulsa a Villarejo a defender por todos los medios al Pequeño Nicolás, a quien tratan de presentar como un estafador de medio pelo, pero que era algo más que un aprendiz de estafador? Como reveló el diario Público en 2015, su agenda personal y el cuaderno de proyectos reflejaban que desde 2013 mantenía reuniones con empresarios vinculados a tramas delictivas: José Luis Balbás, el cerebro del Tamayazo; Juan Untoria, abogado procesado por blanquear dinero de la mafia rusa; y Javier Martínez de la Hidalga, exdirector de operaciones inmobiliarias del Banco Santander. Los apuntes muestran un plan para crear una sociedad de seguridad ferroviaria que sería la tapadera para que capitalistas españoles pudieran repatriar capitales y esconderlos. Entre los implicados está presente Eduardo Zaplana, exministro de Aznar, detenido por ocultar 10,5 millones de euros obtenidos en comisiones en los años 90. El Pequeño Nicolás era, pues, parte integrante de la red de blanqueo de capitales organizada por Villarejo y una nutrida representación de los capitalistas españoles. De ahí el afán del excomisario por liberarle, era un eslabón débil que podría destapar toda la red.
Campaña de bulos contra Podemos: Irán, Venezuela y paraísos fiscales
En los ordenadores personales incautados a Villarejo aparece también una copia del móvil robado en noviembre de 2015 a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Villarejo señala que la copia del móvil le fue entregada por el entonces director de Interviú, Alberto Pozas, que hasta el pasado mes de abril, cuando tuvo que dimitir al calor de estas revelaciones, ha sido Director General de Información Nacional de La Moncloa con Pedro Sánchez. Además, entre 1989 y 1992 fue portavoz de la Secretaría de Estado de Seguridad durante el mandato de Rafael Vera, es decir durante la época de los GAL y el terrorismo de Estado llevado a cabo por el Gobierno de Felipe González. Las trayectorias de Pozas al igual que la de Villarejo ponen de relieve la continuidad de una policía política secreta que corre en paralelo a la propia existencia del Régimen del 78. La relación de Villarejo con Francisco González, expresidente del BBVA, en el caso del espionaje a rivales del banco es otro ejemplo de cómo afecta al corazón financiero de la burguesía española.
La guerra sucia contra Podemos tras su fuerte irrupción en la vida política y los intentos de evitar que llegara al Gobierno tras los resultados de las elecciones generales de diciembre de 2015, fue impulsada por la policía política de Fernández Díaz: el bulo de la financiación iraní, el falso certificado de una cuenta de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal y la financiación venezolana de Podemos fueron intentos de difamar a la dirección de la formación morada, en particular a Iglesias, y dar munición al tambaleante Gobierno de PP y medios afines para contrarrestar el giro a la izquierda.
Lejos de ser un caso puntual, “las cloacas del Estado” muestran el modus operandi del aparato del Estado burgués, incluso de los que tienen una apariencia más “democrática”: son instrumento para defender los privilegios de la burguesía y sus representantes políticos tanto de un modo legal como ilegal. Es una palanca clave de la represión contra el movimiento obrero, sobre todo en momentos críticos para el sistema. El peso de estas cloacas en el Estado español es aún mayor y más escandaloso, ya que es un apartado heredado de la dictadura franquista.
Cualquier organización de izquierdas debería tener en su programa la defensa de reivindicaciones democráticas básicas como la depuración de todos los elementos reaccionarios del aparato policial y judicial, o la supresión de los fondos reservados. Lógicamente, estos puntos chocan frontalmente con los intereses de la oligarquía que detenta el poder económico y político real. Esa oligarquía no tolerará ninguna medida democrática que afecte la capacidad represiva del Estado. Acabar con las “cloacas del Estado”, así como derogar todas las leyes autoritarias que han ido imponiéndose en los últimos tiempos sólo será posible con un potente movimiento en la calle. La única garantía para nuestros derechos democráticos y sociales es la lucha por la transformación socialista de la sociedad, para que el poder económico y político esté bajo control democrático de los trabajadores y los oprimidos.
