Necesitamos un cambio real a la izquierda
El próximo 26 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas y municipales. Que millones de trabajadores y trabajadoras, jóvenes, pensionistas cerremos el paso a la derecha y a la extrema derecha con el voto es un primer objetivo ineludible. Pero también hay que sacar las lecciones de los ayuntamientos “del cambio”, y las expectativas frustradas en la legislatura que ahora termina.
El estallido del movimiento 15-M, la batalla contra los desahucios liderada por la PAH, las huelgas generales, luchas obreras ejemplares como la de la limpieza viaria de Madrid, Coca-Cola o las subcontratas de Telefónica; la marea verde educativa, la marea blanca de la sanidad, la Marcha de la Dignidad que reunió un millón de personas en Madrid en 2014, o el levantamiento del barrio de Gamonal, todo ello se expresó con fuerza en las elecciones de 2015.
El triunfo de Podemos y las candidaturas vinculadas a la lucha y a los movimientos sociales en Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz, Valencia y cientos de localidades más, concretaba las aspiraciones de un cambio profundo en nuestras condiciones de vida, en la situación de nuestros barrios y ciudades. Un cambio para lograr el acceso a viviendas públicas y asequibles para todas y todos, remunicipalizar los servicios sociales privatizados, construir escuelas infantiles y establecer una red de transporte público digno y barato, defendiendo el empleo de calidad y con buenos salarios.
¿Cuál es el balance?
Sin embargo, la mayoría de las promesas y compromisos anunciados por las candidaturas del cambio fueron abandonados rápidamente. Cuando Manuela Carmena llegó a la alcaldía de Madrid la deuda del ayuntamiento era de 5.583 millones euros, en su mayor parte resultado de la obra faraónica de la M-30, y del robo descarado de los recursos públicos mediante los contratos firmados por las administraciones del PP con empresarios y contratistas del sector. Por su parte, Montoro aplicó la “regla de gasto”, que impide a las administraciones aumentar el gasto público en aplicación de las políticas de austeridad y recortes dictadas por la UE y los grandes capitalistas.
En lugar de desafiar estas imposiciones, Carmena optó por cumplir fielmente con las exigencias del Gobierno del PP y de los banqueros, abandonando el programa que le dio la victoria. Los grandes recursos del ayuntamiento, en lugar de ser invertidos en becas de comedor y libros para las familias trabajadoras, en la creación de decenas de miles de plazas de escuelas infantiles, en la mejora del transporte público y su abaratamiento, en un parque de viviendas sociales para combatir la especulación y los alquileres abusivos, en la limpieza de nuestros barrios, en infraestructuras deportivas y culturales gratuitas, en recuperar los servicios privatizados…, todos esos recursos se destinaron al pago puntual de esa deuda con la gran banca.
Carmena, y la mayoría de los concejales de Ahora Madrid, se olvidaron pronto del “no al pago de la deuda ilegítima” de su programa electoral, y ahora presumen de ser el Gobierno municipal que más la ha reducido. En realidad, esos 2.000 millones de euros que han pagado a los bancos se han detraído de invertirlos en favor de las familias trabajadoras.
Por supuesto, Manuela Carmena apela al cumplimiento de la ley, y afirma que los que no quieran empresas y bancos no deberían gobernar ayuntamientos. Este lenguaje nos es muy familiar: es el de la cesión ante los grandes poderes económicos, y el de la renuncia a la movilización social para lograr romper el cerco de hierro de los capitalistas y sus instituciones.
En la Barcelona de Ada Colau las cosas tampoco han ido mejor. La deuda se sigue pagando puntualmente, y hay una actitud casi obsesiva por mantener el equilibrio presupuestario —el año 2018 cerró con un superávit de 7,7 millones de euros—. A pesar de un tímido aumento del gasto social, el deterioro de los barrios obreros de Barcelona sigue su curso, alimentando la desigualdad y la pobreza.
La remunicipalización de los servicios públicos privatizados fue otro de los puntos que más rápidamente abandonaron los equipos de Gobierno de Manuela Carmena y Ada Colau. En Madrid no sólo no se remunicipalizaron los servicios de limpieza sino que la factura a pagar a las grandes empresas que los llevan a cabo (FCC y similares) aumentó en 35 millones de euros mientras el número de puestos de trabajo descendió. Esta es la razón por la que los barrios obreros de Madrid siguen en unas condiciones de suciedad deplorables.
También hemos visto que el fin de los desahucios y la inversión en vivienda pública han quedado en papel mojado. En Barcelona los desahucios alcanzan hoy cifras similares a las de los peores años de la crisis. Miles de familias no tienen una casa a pesar de que los bancos poseen tres millones de pisos vacíos en todo el estado. Mientras tanto se van a construir 10.500 pisos de lujo en Madrid gracias a la Operación Chamartín, un regalo de Carmena al poder financiero y que se aleja totalmente de la política urbanística con la que Ahora Madrid llegó a la alcaldía. Es esta política la que allana el camino para que la derecha recupere las posiciones perdidas en 2015.
Necesitamos romper con la lógica del capitalismo
Si se renuncia a aplicar un programa socialista para enfrentar a la oligarquía económica, y llevarlo a cabo con la mayor movilización social, es imposible hacer una política en beneficio de la mayoría trabajadora.
La banca y las grandes empresas son las que realmente detentan el poder bajo el sistema capitalista. El régimen del 78, siguiendo los dictados de la austeridad y los recortes, legisló para beneficiar al sector financiero, a los especuladores y los grandes monopolios que se han forrado con la privatización masiva de los servicios sociales. Y blindó estas medidas para bloquear legalmente cualquier acción en defensa de las familias trabajadoras, con el apoyo del PSOE y el PP cuando gobernaban la inmensa mayoría de los ayuntamientos.
En estos años, millones de trabajadores y jóvenes hemos luchado tenazmente en las calles con nuestro grito de combate: “Sí se puede”. Sabíamos que los capitalistas opondrían una resistencia encarnizada, así como los medios de comunicación a su servicio y sus representantes políticos. Pero estábamos convencidos de que era posible romper esta resistencia —y seguimos estándolo—, siempre y cuando los ayuntamientos del cambio, aupados por la inmensa movilización y el giro a la izquierda de amplísimas capas de la sociedad, se basaran en esa fuerza, la impulsaran y la organizaran para defender un auténtico programa de transformación social.
Rompiendo con su base social, muchos de estos dirigentes lo apostaron todo al juego institucional, a los tribunales de justicia y a las leyes del Estado capitalista; pasaron del “Sí se puede” al lamentable “no se puede gobernar sin las empresas”, dando la espalda a las aspiraciones de quienes los colocamos en los Gobiernos municipales con nuestra lucha y nuestro voto.
Por eso es fundamental aprender de la experiencia y construir una izquierda combativa que no renuncie a su programa y se base en la fuerza del movimiento. Sólo así conseguiremos un cambio real e impediremos que la derecha vuelva a gobernar.