El Gobierno de PSOE-UP y la crisis sanitaria
Desde el comienzo de la pandemia del covid-19 el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dejado claras sus prioridades. A pesar de envolverse en una fraseología de izquierdas –el “gobierno de la gente”, el “escudo social”, etc.–, no puede ocultar que ha cedido a las exigencias fundamentales de la banca y las grandes empresas, aceptando respetuosamente los límites del régimen capitalista.
Para defender su gestión, el Gobierno, los medios afines, tertulianos, expertos…, han cerrado filas en torno a varios mantras, que podríamos resumir en tres: “nadie se esperaba esto”, “tenemos la mejor sanidad del mundo” y, ante cualquier crítica, “hay que tener cuidado con hacer el juego a la derecha”.
En primer lugar hay que decir que es falso que esta pandemia fuera algo inesperado. Los gobiernos saben que desde hace años los especialistas en epidemias llevan poniendo al mundo sobre aviso tras diferentes brotes como el SARS, MERS y otros virus. Las serias advertencias de lo que podría pasar si no se tomaban medidas preventivas, incluyendo mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la sanidad pública, cayeron en saco roto. El escenario que proyectaron para una posible pandemia resultó ser casi exacto a como se ha desarrollado en la realidad.
El ministro Pedro Duque reconocía el 23 de abril que no se había previsto ningún tipo de plan para hacer frente a la catástrofe actual.
Una gestión desastrosa
En el Estado español la falta de previsión y la carencia de medios han marcado la actuación frente a la irrupción de la pandemia.
Al comienzo de la crisis, los dirigentes del PSOE y Unidas Podemos se consolaban repitiendo que “tenemos la mejor sanidad del mundo”. Una afirmación que ya había sido negada por la realidad de los recortes y la privatización antes de la llegada del Covid-19. Pero lo que hemos vivido estas semanas ha sido sobrecogedor.
Para empezar, la carencia clamorosa de test ha facilitado el contagio y la ausencia de medidas efectivas de cuarentena, de modo que las cifras oficiales de fallecidos y enfermos distan mucho de ser realistas y han sido cuestionadas por numerosos profesionales sanitarios, virólogos, funerarias, registros de defunción y portales de información como Maldito Dato, nada sospechoso de extender los bulos de la extrema derecha. Esto ya es un indicativo de que ocultar, disimular y no decir la verdad ha sido un método que el gobierno ha empleado de manera abusiva con el objeto de tapar la falta de medios materiales, el desbordamiento de la sanidad pública y la dimensión de la catástrofe.
La escandalosa falta de EPI, –mascarillas, batas, guantes, etc.– y el número dramáticamente insuficiente de instalaciones, camas, UCI, etc., ha provocado que haya sido imposible llevar a la práctica las medidas de contención básicas para controlar la expansión del virus en los hospitales. Esto es lo que explica que la cifra de sanitarios contagiados en el Estado español supere los 35.000, un 20% del total –a los que habría que sumar los miles trabajadores contagiados en residencias. Somos el primer país del mundo en este ranking macabro.
Está absoluta irresponsabilidad se puede intentar camuflar de muchas maneras. Pero un Gobierno de izquierdas debe reconocer honestamente los errores y, lo más importante, enmendarlos rápidamente. Nada de eso ha ocurrido sin embargo. Los test siguen sin generalizarse y los sanitarios claman por la falta de protección semanas después del estallido de la emergencia.
El Gobierno tampoco ha llevado a cabo otras medidas que podrían haber contenido la hecatombe. No ha intervenido la sanidad privada ni las residencias de mayores, transformadas por los recortes y las privatizaciones en mataderos. Decenas de miles de ancianos han sido abandonados a su suerte. Por supuesto, la responsabilidad de la derecha en este asunto es de primer orden.
El PP de la Comunidad de Madrid es responsable de convertir la región en la zona cero de la pandemia: de los 8.105 fallecidos hasta el 29 de abril, en torno al 73% vivía en una residencia. Estas son las consecuencias de haber convertido un servicio social esencial, como es el cuidado de nuestros mayores, en un fabuloso negocio entregado a los fondos de inversión y a las familias más ilustres de la oligarquía económica.
Sí, la derecha que ha tomado las medidas más importantes para privatizar el sector y ahora está vertiendo lágrimas de cocodrilo por los fallecidos en estas residencias, solo puede producirnos la mayor de las repugnancias. Pero esto no puede ocultar que el PSOE también ha participado activamente de la política neoliberal, que en muchas comunidades que gobierna los recortes sanitarios y la privatización de las residencias de mayores ha sido la norma.
Se podrían haber sacado conclusiones radicales de lo que ha ocurrido, pero el Gobierno del PSOE-UP no ha tomado ninguna medida para medicalizar estas instalaciones y nacionalizarlas, y que este servicio pase a ser de titularidad y gestión pública en exclusiva.
El 19 de marzo Pablo Iglesias asumió la “coordinación de los servicios sociales”, lo que incluye las residencias de mayores. Seis semanas después, su ministerio todavía no es capaz de ofrecer siquiera una cifra contrastada de los fallecidos en ellas, cuya situación apenas ha variado: siguen sin realizarse test, continúan sin EPI para el personal y con porcentajes inaceptables de plantillas contagiadas o en cuarentena. La investigación que ha abierto la Fiscalía afecta a 86 residencias, 86 de más de 5.000 centros en todo el Estado. Esto no evitará que cuando se produzca el desconfinamiento, la olla podrida se destape y salpique a todas las administraciones implicadas.
En estas semanas hemos tenido otra amarga lección del funcionamiento del capitalismo. Se han sucedido noticias aberrantes, como que el Gobierno ha invertido “116 millones de euros en tres contratos con el proveedor de las mascarillas defectuosas”, que “el Gobierno pagó por adelantado 2,1 millones por mascarillas defectuosas” o que “Sanidad adjudica a una firma sin empleados un contrato de 4,2 millones”. Estos titulares han aparecido en medios como El País, Público o eldiario.es, que no se dedican a esparcir los bulos de Vox sino todo lo contrario.
En medio de una guerra para adquirir material sanitario, el Gobierno tramita sus compras a través de comisionistas y estafadores. A esto hay que añadir los costes de millones de euros en transporte que se llevan empresas como Globalia y DSV. Este espectáculo obsceno se desarrolla delante de nuestros ojos mientras se rechaza nacionalizar ninguna empresa española, y hay muchas, que disponen del aparato productivo y la tecnología para fabricar y transportar los numerosos suministros que se necesitan en una catástrofe sanitaria como la que sufrimos. Las ganancias empresariales están por encima de la vida de la población y, aunque se pretenda aparentar lo contrario, esta máxima capitalista también es observada por el Gobierno de coalición.
La represión siempre, siempre, favorece a la derecha
Desde el minuto uno quedó claro el papel destacado que otorgaba este Gobierno a la policía y al ejército en la gestión de la crisis.
Como si de una pseudojunta militar se tratase, el comité de seguimiento ha estado repleto de uniformados. Pero lo más significativo ha sido el clima de Estado policial generado en seis semanas de confinamiento: se ha sacado a soldados a patrullar calles semivacías y se han impuesto 750.000 multas utilizando la Ley Mordaza, que suponen la misma cantidad que todas las impuestas desde que se promulgó dicha ley en 2015, una barra libre de arbitrariedad policial servida por el mismo Gobierno que en su día prometió derogarla.
Este giro represivo quedó perfectamente expuesto cuando el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, aseguró el 19 de abril que trabajan para “evitar el estrés social que producen estos bulos y minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Antes había remitido una instrucción al respecto el día 15 a todas las comandancias. Que el ministro del Interior Grande-Marlaska saliese raudo en su defensa alegando un lapsus no nos extraña. Lo escandaloso es que Unidas Podemos cerrase filas con el general y con el ministro.
¿Qué tiene que ver todo esto con una política de izquierdas? Como demuestra la experiencia, cualquier legislación que recorte derechos democráticos, sindicales o que abra la puerta a la censura va a ser utilizada contra las movilizaciones de los jóvenes y los trabajadores.
¿Quién le hace el juego a la derecha?
Todo lo dicho no es un ejercicio de demagogia ni infantilismo “izquierdista”. Se pueden cometer errores, nadie está a salvo de ello, pero lo que hemos vivido en estas seis semanas no son “errores”, es renunciar en la práctica a una política realmente de izquierdas. Los 100.000 millones de rescate público al Ibex 35 y la gran banca no nos lo inventamos es lo que ha aprobado el Gobierno. Exactamente igual que los hechos mencionados anteriormente.
Esto es precisamente lo que está dando munición a la derecha. Sí, cuando el PP y Vox propagan bulos y fake news, y utilizan la demagogia reaccionaria para excitar a su base social, están cumpliendo su papel.
Ahora bien, calificar a los que exigimos una política que rompa con los capitalistas y responda a las necesidades de la población golpeada, de las familias trabajadoras y la juventud, como “provocadores que le hacemos el juego a la derecha”, es una infamia. Es el mismo discurso utilizado por los reformistas en la Revolución española en los años 30, en la Transición o, más cerca en el tiempo, cuando se acusa al pueblo catalán de “provocar al fascismo” por protagonizar manifestaciones masivas a favor de la república.
Hay una pregunta muy concreta que deberían hacerse los diputados y diputadas de UP: ¿qué habría ocurrido si en La Moncloa Pablo Casado, al frente del Gobierno, presentará una gestión semejante en los aspectos que hemos mencionado? No hay duda de que la denuncia y la movilización de toda la izquierda habrían sido contundentes.
Seamos claros. El PSOE está cumpliendo resueltamente sus tareas de Estado, al dictado de la patronal y los grandes poderes fácticos, como lleva haciendo décadas. Pero ¿qué han hecho los ministros y ministras, diputadas y diputados de UP? Aceptar todo lo que les ha puesto sobre la mesa el PSOE. Han retorcido el lenguaje para afirmar que se prohíben los despidos cuando no es verdad, o que la sanidad no se ha colapsado cuando es evidente que ha superado todos los límites y solo se ha mantenido por la labor decidida y valiente de sus trabajadores. Y para desviar la atención de sus políticas, llaman día tras día a la “unidad nacional”, ¿unidad con los mismos a los que acusáis todo el día de manipular y propagar bulos? ¿Qué clase de burla es esta?
Esta posición de los dirigentes de UP, y de las cúpulas sindicales tan decididas a firmar un nuevo pacto social, solo conduce a la parálisis del movimiento obrero, al desconcierto, a la desmovilización. ¿Quién ha creado las condiciones para que la derecha esté agitando “por la libertad de expresión” o por las mentiras respecto a las cifras de fallecidos? Los mismos que, a pesar de la retórica, rinden tributo con su política a Amancio Ortega, Ana Patricia Botín, y pretenden salvar los muebles del régimen del 78 en lugar de mandarlo al museo de la historia
Como en otras situaciones excepcionales, solo confiando en nuestras fuerzas, las de la clase obrera, la juventud, los oprimidos…, podremos enfrentar a la burguesía y evitar convertirnos en los paganos de su crisis. Solo el pueblo salva al pueblo.
