La huida de Juan Carlos I anunciada el lunes 3 de agosto, y negociada en secreto durante semanas por la Casa Real y el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido en un escándalo de trascendencia histórica. Como parte esencial de la operación de salvamento de Felipe VI diseñada por el PSOE y los poderes fácticos, no deja de llamar la atención por su desprecio hacia cualquier consideración democrática elemental. Un rey impuesto por el dictador Franco, podrido hasta la médula y que ha acumulado una de las mayores fortunas del mundo actuando como lobysta y comisionista de las grandes empresas y corporaciones españolas, se escabulle hacia un retiro dorado entre las muestras bochornosas de gratitud ofrecidas por los partidos del régimen del 78.
La crisis de la monarquía borbónica no es más que el reflejo de la crisis general del capitalismo español y mundial, y de la enorme polarización política que no deja de agudizarse en el contexto de una debacle económica y social sin precedentes. Por eso el capítulo que se ha escrito con la fuga de Juan Carlos I tiene un gran significado.
Los genios que han hecho posible este movimiento buscan un balón de oxígeno para el reinado de Felipe VI, y restaurar la maltrecha legitimidad de una monarquía que, como el resto de las instituciones del Estado, ha perdido la mayor parte de su crédito ante una población harta de soportar sacrificios, desempleo, precariedad y miseria mientras sus gobernantes exhiben una moral corrupta a prueba de bomba.
Lo que parece que no han calculado bien los autores de esta maniobra es que la forma y el contenido de la misma no solo no logrará el efecto deseado, sino que se volverá en su contrario: provocará aún más distancia, y más furia también, contra un sistema que solo sirve para defender los privilegios obscenos de la élite dominante.
Una decisión de este calado obliga a todos los actores políticos a posicionarse. Desde la derecha, los dirigentes del PP, de Cs y de Vox han vuelto a demostrar lo que se espera de ellos. Se va uno de los suyos, que tantos servicios ha prestado a la oligarquía y la consolidación de los negocios fabulosos que han regado de millones a las familias más insignes de la democracia española, que a su vez eran también las más ricas bajo la dictadura franquista. Al fin y al cabo, Juan Carlos I sintonizaba perfectamente con la cultura del “esfuerzo” y del “patriotismo” de la que hacen gala los políticos de la reacción, y que en realidad significa saquear impunemente el patrimonio y los recursos públicos mediante el robo descarado, las tramas y las comisiones corruptas contando siempre con la protección de la justicia y una legislación hecha a su medida.
Las mismas organizaciones y dirigentes que añoran el franquismo, que se han negado a condenar sus crímenes, no ven el menor problema en despedir con todos los honores a este ladrón. ¿Acaso no están sus filas colmadas de personajes de la misma calaña? ¿Acaso los consejeros de administración de la banca o de las grandes corporaciones no practican, cuando llevan a cabo sus negocios, los mismos hábitos y costumbres que Juan Carlos I?
Nada que objetar. La derecha y el capital son coherentes y llevan hasta sus últimas consecuencias su programa.
La cuestión es que esta fuga ha sido diseñada por el presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez, y sus colaboradores más cercanos durante semanas, tal como las informaciones periodísticas han revelado. Así es como el Gobierno “más progresista” de la historia de España —calificativo empleado por ministros tanto del PSOE como de UP— pretende ventilar un asunto de esta trascendencia. Juan Carlos I además de huir con el botín a buen recaudo, mantiene su titulo de rey emérito, sigue formando parte de la casa real, está aforado ante los tribunales y su seguridad la paga el erario público.
La monarquía como clave de bóveda
Ante el bombazo político que supuso esta noticia, y las aparentes contradicciones surgidas en el seno del Gobierno con declaraciones de Pablo Iglesias hablando de fuga y de acción indigna por parte de Juan Carlos I, o de Irene Montero afirmando que los ministros de Podemos no “habían sido informados” de esta decisión, Sánchez compareció en rueda de prensa el martes 5 de agosto en La Moncloa.
Sus palabras fueron tan contundentes que es difícil encontrar una defensa más rotunda y encendida de la monarquía y del régimen del 78: “El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional (…) en este momento necesitamos estabilidad e instituciones robustas, comprometidas con la ejemplaridad, la transparencia y la regeneración; la línea marcada por la Casa Real en estas últimas horas es la adecuada”. Las informaciones posteriores de los medios indican que el debate también quedó zanjado en el último consejo de ministros, donde Sánchez volvió a remarcar que la monarquía representa la clave de bóveda del orden constitucional que el Gobierno de coalición defiende sin fisuras.
El presidente, en un momento crítico, ha dejado más que claro que el papel del PSOE en estos últimos cuarenta años como garantía política para la burguesía no es un accidente, y advierte a sus socios que esta hoja de ruta es inamovible. Aunque Sánchez no la ha hecho explícitamente, el resto de los dirigentes del PSOE no han tardado en glosar la figura de Juan Carlos I. “El rey que consolidó la democracia”, “cuyo papel en el Golpe de Estado del 23 F fue clave para evitar una nueva dictadura”, “el mejor embajador de la marca España”, y un sin fin de perlas que siguen el guión oficial de la llamada Transición. Encubriendo con violines y lisonjas el papel de Juan Carlos I, también se oculta la nefasta política de la dirección del PSOE para encumbrar a la monarquía.
La llamada Transición de los años setenta se ha convertido en un relato de mentiras históricas al servicio de los intereses de la clase dominante y de aquellos políticos de la izquierda reformista que, con sus renuncias y capitulaciones, asfaltaron el camino para la derrota. Necesitamos despejar la bruma de la propaganda si queremos comprender lo que realmente sucedió entonces y su proyección sobre los acontecimientos actuales. Solo así tendremos una visión de conjunto, en la que es imposible separar los negocios de Juan Carlos I del papel que se le asignó en los Pactos de la Transición y que se formalizó en la constitución de 1978.
Entre 1976 y 1978, los políticos franquistas con mayor perspectiva (Martín Villa, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, José María de Areilza y otros) se convencieron de que continuar sosteniendo la dictadura franquista era un objetivo inviable. La posibilidad de que el ascenso imparable de las huelgas obreras —que entre 1975-1977 tomaron el carácter de un auténtico levantamiento social— se coronara con un triunfo de la revolución socialista, les empujó a intentar un acuerdo estratégico con los partidos obreros más importantes de la época: el Partido Comunista de España encabezado por Santiago Carrillo, que era el más poderoso con diferencia, y el PSOE de Felipe González.
El pacto fue alentado por la banca y las grandes empresas, y respaldado por el imperialismo norteamericano que lo vio como la mejor opción para descarrilar el proceso revolucionario que atravesaba el Estado español, paralelo al desatado en Portugal tras la revolución de los claveles de 1974. Así fue como los políticos franquistas que habían hecho toda su carrera blandiendo el mazo represivo, apoyando sin rechistar cada fusilamiento, tortura, encarcelamiento y exilio, se convirtieron de la noche a la mañana en “demócratas”. Algo que jamás hubiera sido posible sin el respaldo de los dirigentes del PCE y del PSOE que, poniendo en juego toda su autoridad moral y política, dieron una nueva legitimidad a esa casta de reaccionarios y permitieron que un joven Borbón —designado rey por Franco— pasara de ser “Juan Carlos el breve” al monarca de todos los españoles.
Es mil veces falso que los derechos y libertades democráticas las trajeran Juan Carlos I o Adolfo Suárez. Esta burda mentira, que ha adquirido el sello de verdad histórica, no solo ha sido alentada por la opinión pública burguesa, también los dirigentes de la izquierda reformista la alimentaron sin recato. Fue la clase trabajadora y la juventud quienes impusieron por la vía de las huelgas, las movilizaciones y manifestaciones de masas, mediante las ocupaciones de fábricas, las libertades democráticas que hoy podemos disfrutar parcialmente, pues muchas de ellas fueron mutiladas posteriormente bajo los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP. La correlación de fuerzas era tan favorable a la revolución socialista en aquellos años, que ni siquiera la brutal represión que costó la vida a cientos de militantes de la izquierda asesinados por las bandas fascistas y la fuerzas policiales, detuvo la determinación de la clase obrera y la juventud por barrer a la dictadura franquista y el sistema que la había hecho posible: el capitalismo.
El factor decisivo para derrotar aquel movimiento formidable no fue la represión, sino la política de colaboración de clases de los dirigentes del PCE y del PSOE, la misma que hoy se defiende desde el Gobierno de coalición. Con el falso argumento de que “Franco había muerto en la cama” —lo que es un insulto a la memoria de los cientos de miles de luchadores antifranquistas— y ayudados por la retórica cobarde de “una correlación de fuerzas desfavorable” y un posible “golpe de Estado”, los dirigentes del PCE, del PSOE y de los sindicatos cedieron en todas las posiciones, y renunciaron al socialismo cuando más posible era conquistarlo. El resultado de aquellos polvos son los actuales lodos.
Santiago Carrillo y Felipe González aceptaron el régimen monárquico impuesto por Franco, elevaron hasta las nubes la figura de Juan Carlos I, asumieron la economía de “libre mercado” y el poder inviolable de los grandes capitalistas para decidir en todos los asuntos de fondo. Respaldaron con sus votos entusiastas una ley de punto y final que garantizó la impunidad de los crímenes del franquismo y que mantuvo intacto un aparato estatal (judicatura, fuerzas policiales y militares) heredado de la dictadura. Un elemento central en aquel “consenso” fue negar el derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. El texto constitucional se vio obligado a reconocer el sistema de Comunidades Autónomas, pero consagrando la unidad de la “Patria” mediante medidas de excepción (como el artículo 155) y el recurso a la violencia legal del Estado (el Ejército garantiza en última instancia esta unidad forzosa). La España, una, grande y libre quedaba a salvo.
La Constitución de 1978 enmarcó todas estas capitulaciones de la izquierda y les dio la forma de “democracia parlamentaria”. La clase dominante, tras haber acumulado inmensos beneficios gracias a la sangrienta represión ejercida por Franco, impuso que la Constitución de 1978 reservase para Juan Carlos I enormes poderes excepcionales que no estaban sometidos a ningún control. Unos poderes que no son inocuos, y que podían activarse para ser utilizados en períodos de crisis social y política.
Pero el papel de árbitro que la Constitución reserva al rey le serviría de bien poco si no tuviese a su disposición un aparato de Estado forjado y entrenado, durante casi cuatro décadas, para reprimir a la clase trabajadora. La alta oficialidad militar, los magistrados del Tribunal Supremo o el Constitucional, los altos funcionarios del Estado, los mandos de la Policía y la Guardia Civil, y por supuesto la Iglesia Católica mantenida, igual que en tiempos de Franco, con generosos fondos públicos, son los instrumentos para ejercer este control y aplastar cualquier intento legítimo de acabar con este orden social injusto. Los hemos visto actuar en la actual crisis catalana de manera brutal, confirmando ese dicho popular: “lo llaman democracia pero no lo es”.
No es este el espacio para analizar el papel de Juan Carlos I en el fallido Golpe de Estado del 23 F de 1981. Pero la monserga de que su actuación fue decisiva para pararlo es una fantochada más que las investigaciones periodísticas más serias han desmontado hace tiempo. El rey emérito estaba perfectamente informado de los preparativos del Golpe, y sus mentores, los Generales Armada y Milans del Bosch contaban con su respaldo. Obviamente todo se torció cuando otros actores entraron en juego, especialmente los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, que no compartían la visión de que un golpe militar fuera a estabilizar la situación y sí, por el contrario, a desatar un levantamiento revolucionario que podría terminar muy mal para sus intereses. Este factor, el miedo a la reacción de los trabajadores y la juventud, fue lo que empujó a esos elementos decisivos de la clase dominante a imponerse y obligó a Juan Carlos a reprobar el Golpe, claro está muchas horas después de que se pusiera en marcha.
La política burguesa es el arte del engaño y la mentira, y Pedro Sánchez no hace más que recurrir a ella cuando nos vende las bondades de la monarquía en el preciso momento en que su más alto representante, durante casi cuatro décadas, huye del país tras amasar una fortuna que la lista Forbes señaló como una de las más importantes del mundo. Lo que no explica Pedro Sánchez es cómo ha podido llegar Juan Carlos I a enriquecerse de esta manera. Y no lo hace porque su partido, el PP, Cs, Vox y todos los que sostienen este régimen con tanta decisión, actuaron como cómplices y encubridores de una trama de saqueo y latrocinio consentido en aras de la estabilidad del sistema.
La posición de Unidas Podemos
La justificación del Gobierno de coalición por parte de Pablo Iglesias y de otros responsables de Podemos fue que empujarían al PSOE hacia la izquierda. A poco más de seis meses de su constitución, este argumento se ha transformado en su contrario: es el PSOE el que ha arrastrado hacia la derecha a Unidas Podemos. Los hechos son tozudos.
En declaraciones anteriores hemos analizado en profundidad los planes de reconstrucción del Gobierno, cortados a medida de la gran banca y las empresas del Ibex 35 que han recibido 100.000 millones de euros de las arcas públicas, frente a las limitaciones del llamado “escudo social” y los 3.000 millones anuales dedicados al Ingreso Mínimo Vital. La negativa a derogar la reforma laboral —escenificada arrogantemente por Nadia Calviño—, el uso de la ley Mordaza para imponer más de un millón de multas durante el periodo de confinamiento, la negativa a poner en marcha una comisión sobre Juan Carlos I, el entusiasmo manifestado con el acuerdo europeo —un pacto que salvaguarda la continuidad de la austeridad y los recortes—, o que la enseñanza pública se encuentre en un situación de colapso y no se haga nada por rescatarla contratando a decenas de miles de docentes e invirtiendo en medios para garantizar la seguridad de los alumnos y la calidad educativa impartida, subraya lo que decimos. Y respecto a la sanidad, seguimos asistiendo a su desmantelamiento y privatización, a la precariedad que sufren miles de sus trabajadores en un momento de máxima angustia por la nueva oleada de contagios, sin que el Gobierno tome medidas efectivas.
En definitiva, la coalición del PSOE y UP no desborda las reglas impuestas por el gran capital, la CEOE, la UE y los poderes fácticos. Por supuesto que en términos electorales la alternativa es mucho peor, y la clase obrera es muy consciente de que un Ejecutivo liderado por Pablo Casado y Santiago Abascal sería una pesadilla. Pero no podemos esconder la cabeza bajo tierra, hay que ver la realidad tal como es. Y el Gobierno lejos de girar a la izquierda está orientándose cada vez más a la derecha.
Lo sucedido con Juan Carlos I es otra prueba relevante. Y las declaraciones de los dirigentes de Podemos demuestran que, una vez más, no están dispuestos a dar la pelea, que se conforman con la discrepancia retórica pero sin mover un dedo para impulsar la movilización contra la monarquía y a favor de la república.
Ya conocemos este juego. El 3 de agosto Pablo Iglesias no tardó en tuitear que “la propia dignidad de la Jefatura del Estado implicaría que Juan Carlos diera la cara en su país y ante su pueblo”. ¿Qué quiere decir eso? Entendemos que considera un escándalo y un fraude su huida. Pero el vicepresidente del Gobierno no plantea ninguna acción concreta para impedir que este tocomocho se consume. Presenta sus opiniones respecto a la monarquía como un ejercicio de “normalidad democrática”, para limitarse a decir que sus discrepancias con Pedro Sánchez las resolverá de manera discreta y en privado. En otras palabras, no hará nada más respecto a este asunto.
Lo peor de todo, no obstante, son sus declaraciones en video sobre la necesidad de abrir un debate sobre la monarquía y la república, y la manera en que señala a los jóvenes como los responsables de impulsar el movimiento a favor de la república. ¿En qué realidad paralela vive Pablo Iglesias? ¿No se ha enterado del movimiento masivo que ha sacudido Catalunya desde octubre de 2017 a favor de la república, por el derecho a decidir y donde los jóvenes han jugado un papel de primer orden? Claro que se ha enterado, pero en lugar de apoyar esta movilización ejemplar para llenarla de un contenido de clase y socialista, ha renunciado a participar en ella, cuando no ha intentado desacreditarla calificándola de un montaje de las élites, como también ha hecho Alberto Garzón.
Iglesias ha olvidado pronto que Juan Carlos I abdicó el 18 de junio de 2014. Y no lo hizo por voluntad propia, sino presionado por el movimiento de masas que se había desatado a partir del 15M de 2011, de las grandes Mareas que sacaron a millones a las calles en defensa de la sanidad y la educación pública, de las marchas de la dignidad, y del rechazo que provocó la actuación de un monarca que nos daba discursos acerca de la ejemplaridad pública, mientras cazaba elefantes y su yerno era pillado infraganti por lucrase siguiendo sus consejos de experimentado comisionista.
La juventud ha estado en primera línea de la batalla todos estos años, y su opinión a favor de la república no deja de fortalecerse como indican todas las encuestas. La cuestión no es la actitud de la juventud, sino que va a hacer Pablo Iglesias para romper con la lógica del régimen del 78.
Iglesias apela a que la actual correlación de fuerzas en el arco parlamentario no da para impulsar un referéndum sobre la república. ¡Acabáramos! ¿De qué nos intenta convencer? ¿De que el PSOE y la derecha se oponen a este referéndum? Esto es algo obvio. Lo que Iglesias tiene que decir es que medidas va a tomar para impulsar la movilización de masas con el objetivo de levantar tal presión social que el referéndum se imponga por la vía de los hechos.
¿Acaso olvida Pablo Iglesias que la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fue el resultado de la acción revolucionaria de la población, que con sus huelgas y movilizaciones masivas a lo largo de 1930 y 1931 echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera y pusieron a Alfonso XIII rumbo al exilio? Es increíble cómo se puede cambiar tanto de postura cuando en lugar de mirar los hechos a través del prisma de la lucha de clases, se observa la realidad con las anteojeras del sillón parlamentario.
La correlación de fuerzas solo se puede modificar en el curso de la lucha, emprendiendo de manera enérgica la confrontación con los grandes poderes establecidos. ¿No fue precisamente eso lo que vino a decirnos el movimiento del 15M? ¿No fue la lucha de masas y el desafío al orden establecido lo que permitió el surgimiento de Podemos?
Pablo Iglesias y la dirección de UP se encuentran cómodos en la discrepancia literaria y periodística. Y así, por la vía de las renuncias, de la retirada programática, del abandono de la calle, solo se fortalece a los que marcan el paso a la derecha dentro del Gobierno. Cuando llegue el momento, el PSOE prescindirá de los servicios prestados por Podemos con una patada en la boca. Los guiños constantes a Cs y la estrategia de pactar con el PP en asuntos de Estado no son detalles tácticos, sino toda una declaración de principios para un periodo político convulso.
Lo decimos sin ningún sectarismo. Esta línea “pragmática”, que pretende ser realista y alejada de planteamientos utópicos, ya la hemos sufrido en el pasado con resultados catastróficos. El PCE era una organización de masas, con la flor y nata de la clase obrera y la juventud en sus filas, dominaba el movimiento sindical, estudiantil y vecinal, pero la política de su dirección destruyó el partido, desmoralizó a decenas de miles de sus mejores militantes al tiempo que una parte considerable de sus dirigentes engrosaban las filas del PSOE. Si no se quiere repetir esta historia trágica, la dirección de Podemos, y Pablo Iglesias al frente de ella, deben rectificar inmediatamente su política y enfrentarse en los hechos al curso derechista que está emprendiendo el Gobierno. ¿Lo harán?
Levantar un movimiento de masas por la república socialista
Los editoriales de la prensa burguesa en estos días no dejan lugar a dudas. Hay mucho miedo de que la crisis de la monarquía, coligada al colapso económico que vivimos, alimente un periodo de luchas sociales y políticas aún más agudo que el que se inició en 2011.
“Quienes aprovechan la caída en desgracia de Juan Carlos I para reabrir el debate sobre la Monarquía deben plantearse si, más allá de que sea legítima la reivindicación republicana, esta tiene ahora consensos sociales y parlamentarios suficientes para traducirse en una reforma constitucional. Los datos indican lo contrario. Resulta por tanto irresponsable alimentar la crisis institucional en un momento en que el país necesita estabilidad, uniendo todas sus fuerzas para afrontar una crisis económica devastadora que ya ha llegado y una sanitaria que no se acaba de marchar.” Así finaliza el editorial de El País del 4 de agosto, un día después de la fuga del rey emérito.
Es evidente que la clase dominante ve con mucho temor la lucha por la república. Y es así porque la experiencia histórica le enseña que los movimientos de masas a favor de la república terminan por convertirse en movimientos revolucionarios. Por supuesto que si mañana se vieran en la necesidad de soltar lastre y desembarazarse de Felipe VI para mantener en pie el edificio capitalista, muchos de sus prohombres se convertirían en “republicanos de corazón”. Eso fue lo que paso en 1931 con Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Pero la burguesía no quiere jugar con fuego y huye de esa disyuntiva como de la peste. Prefiere apuntalar el régimen actual basándose además en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Desde Izquierda Revolucionaria consideramos que estamos ante una oportunidad histórica. Es el momento de ejercer el derecho a decidir y no blanquear a un rey como Felipe VI que, además de continuar asegurando los intereses de la oligarquía, ha demostrado su compromiso con la represión y el autoritarismo alentando la ofensiva brutal contra el pueblo de Catalunya. Hay que exigir la inmediata convocatoria de un referéndum democrático donde el pueblo pueda expresarse y votar si quiere seguir sometido a esta institución reaccionaria o prefiere una república.
La izquierda real, militante y combativa que con su lucha ha desnudado el auténtico carácter de clase de la monarquía borbónica, debe continuar la batalla contra estas maniobras desesperadas que buscan la supervivencia de la monarquía y el régimen podrido del 78. Hay que levantar un gran movimiento de masas a favor de la república, de una república de los trabajadores y la juventud que rompa con la austeridad y los recortes, y que defienda abiertamente la transformación de la sociedad. Una república socialista es la alternativa frente a la hecatombe social y económica que padecemos. Una república socialista que reate el nudo de la historia y ponga en práctica el legado de los trabajadores y campesinos que se batieron heroicamente contra el fascismo y protagonizaron una revolución que estremeció el mundo.
¡Por la república socialista, abajo la monarquía corrupta!
¡Referéndum democrático ya!
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