El pasado 22 de junio, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de la “Ley de Seguridad Nacional”. Y aunque está pendiente de ser aprobado definitivamente para ser enviado al Congreso, desde entonces, el Ejecutivo ha tratado de presentar la reforma como un medio para garantizar los recursos materiales con los que hacer frente a una situación de crisis similar a la desatada por la pandemia de la Covid-19.
Sin embargo, ni la propaganda lanzada desde Moncloa, ni la demagogia de PP, Vox y la caverna mediática, pueden ocultar el verdadero carácter de esta medida. Se trata de la continuación de la agenda antidemocrática con la que, en 2015, el Gobierno de Rajoy pretendía reforzar la “Ley Mordaza” y que el PP no pudo llevar a término debido al ascenso de la movilización en las calles.
Una medida para resolver una situación de crisis….favoreciendo la explotación de los trabajadores y el “rescate” a la patronal
La pandemia está siendo, con el apoyo de los medios de comunicación, la gran baza del Gobierno a la hora de justificar y tratar de dar una cobertura social a este anteproyecto de Ley. Pedro Sánchez, insiste en que será un mecanismo que permitirá intervenir en la industria privada para regular la producción estatal y así hacer frente, tanto a la carencia de medios materiales, como al desabastecimiento.
Si esto es así, ¿por qué no lo hizo en los momentos críticos de la pandemia? El Gobierno tenía ya mecanismos legales suficientes para haberlo hecho.
Para contar con los recursos necesarios para enfrentar la Covid-19 PSOE y UP deberían haber nacionalizado la sanidad privada, la banca y las eléctricas. De esta forma hubieran quedado blindados los servicios públicos y los recursos existentes hubieran estado realmente a disposición de la lucha contra la pandemia y se hubiera podido evitar gran parte del sufrimiento que el virus está causando.
Nada de esto hizo. A pesar de la fraseología sobre el “escudo social”, es imposible esconder que el Ejecutivo se ha plegado a las exigencias fundamentales de la banca y las grandes empresas y ha dedicado la inmensa mayoría de los recursos liberados a garantizar los beneficios empresariales.
Ahora, la Ley que proyecta el Gobierno pretende abrir la puerta a que en una “situación de emergencia” derivada de una crisis, incluida la económica, las empresas privadas tengan acceso de manera urgente a la adjudicación de contratos públicos sin control, ni condiciones de licitación, ni exigencias.
Es decir, asegurar todavía con más firmeza, que el Estado siga siendo una palanca formidable para que los grandes magnates y monopolios continúen haciendo negocio y acumulando grandes ganancias con dinero público.
Por otro lado el recurso al tono patriótico no es ninguna casualidad. Al igual que en el inicio del confinamiento, con la “Unidad Nacional” que pregona el Gobierno se pretende imponer nuevos sacrificios a la clase trabajadora para que sea esta la que pague la factura de la crisis.
El otro pilar de este plan es que todos los mayores de edad podrán ser movilizados para ofrecer los “servicios personales” ordenados por el Consejo de Seguridad Nacional, erigida como máxima autoridad competente. (1)
Es decir, en vez de ampliar los servicios públicos y las plantillas para cubrir todas las necesidades sociales, en vez de expropiar los grandes medios técnicos, científicos y productivos privados para utilizarlos de manera planificada en servicio de la sociedad, se abre la puerta de par en par a que los y las trabajadoras, por orden militar, podamos ser utilizados como mano de obra por empresas públicas o privadas en cualquier trabajo, sin derechos, sin garantías, sin capacidad de organizarnos y sin poder protestar por muy penosas que sean las condiciones laborales.
Un auténtico regalo a la patronal para el abuso y la sobreexplotación. Tan solo tenemos que recordar que la excusa de hacer esfuerzos frente al virus se ha convertido en una auténtica declaración de guerra contra nuestras condiciones laborales imponiéndonos ritmos inasumibles, exponiéndonos al contagio sin protección o incrementando la carga de trabajo sobre nuestros hombros.
La clase dominante se prepara para librar una batalla contra la lucha en las calles
Esta medida, también persigue imponer la disciplina social y disponer de las garantías para reprimir derechos fundamentales como el de manifestación o huelga, con el pretexto de una situación de “alerta nacional”.
No estamos exagerando. Durante el último año hemos visto como se ha explotado a fondo el “estado de alarma” para ordenar intervenciones policiales contra cualquier movilización social o llevar a cabo detenciones y multas a activistas de la izquierda por el simple hecho de acudir a una manifestación. Tampoco les ha temblado la mano para prohibir actos de protesta como por ejemplo el 8M en Madrid.
La orientación de la reforma de esta Ley que pretende el Ejecutivo está en completa sintonía con esta escalada represiva que el aparato del Estado está implementando y el Gobierno de Pedro Sánchez está avalando e impulsando.
La clase dominante y el aparato del Estado son conscientes de que la profunda crisis social de su sistema está gestando un nuevo estallido de la lucha de clases.
A la par entienden que la necesidad de acelerar la agenda de ataques que los capitalistas precisan para seguir manteniendo sus beneficios (la reforma de las pensiones, es una muestra de ello), puede precipitar que todo el malestar que se ha acumulado, especialmente durante estos meses, estalle.
Para defender sus intereses de clase afilan todas sus herramientas legales para criminalizar la protesta. Con esta nueva Ley el Ejecutivo se pliega, una vez más, a las exigencias del IBEX35, para acometer los nuevos recortes que este demanda, y para fortalecer el marco legal represivo con el que impedir la respuesta de la clase obrera.
¡Necesitamos una izquierda de combate que desafíe al capitalismo!
La deriva autoritaria del aparato del Estado es una seria advertencia de lo que la burguesía prepara para defender hasta las últimas consecuencias sus intereses.
En esta ofensiva el silencio de Unidas Podemos con este anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional vuelve a mostrar la entrega total a la línea política marcada por el PSOE, que no es otra que la defensa de los intereses de los grandes capitalistas.
Pero el endurecimiento de la legislación represiva no es una muestra de la fortaleza del régimen, sino de su crisis y su debilidad para llevar adelante su agenda con una base social de apoyo que le proporciones estabilidad.
La única manera de cambiar los planes que trata de imponer la clase dominante es por medio de la lucha en las calles, como demostraron los trabajadores y la juventud franceses tumbando la Ley de Seguridad Interior de Macron por medio de movilizaciones contundentes.
Necesitamos poner en pie una izquierda revolucionaria y anticapitalista que enfrente esta ofensiva impulsando una rebelión social, denunciando el carácter de clase de las instituciones capitalistas del Estado español, herederas directas de la dictadura franquista y su contenido profundamente antidemocrático.
Hay que enfrentar la austeridad y los ataques a nuestras condiciones de vida construyendo la Izquierda Revolucionaria y defendiendo un programa por la transformación socialista de la sociedad.
¡Únete a la lucha por el socialismo! ¡Únete a Izquierda Revolucionaria!
(1) El artículo 28.1, plantea que "en los casos de situación de interés para la seguridad nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan".
Aunque las empresas no tienen nada que temer ya que podrán acogerse a lo que dispone este anteproyecto respecto a las requisas: "Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados".
