¡La única solución es la expropiación de las empresas eléctricas!
El 14 de septiembre, el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística confirmaba que la factura de la luz se ha incrementado en un 34,9% en el último año, las empresas del oligopolio eléctrico (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo) agrupadas en el Foro Nuclear lanzaban una amenaza a la población del Estado español: si se aprueban las medidas propuestas por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, “sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.
Teniendo en cuenta que el año pasado la electricidad de origen nuclear ascendió al 22,2% del total producido en el Estado español, si el chantaje del oligopolio eléctrico llegara a hacerse realidad serían inevitables o bien cortes de suministro eléctrico o bien la importación masiva de electricidad desde otros países con el consiguiente incremento de la factura.
¿Y cómo responde el Gobierno a este desafío empresarial? Sumisión total por parte del PSOE que, envuelto en la bandera de la unidad nacional, bajo ningún concepto está dispuesto a enfrentarse en lo más mínimo a los intereses empresariales. Y por parte de Unidas Podemos, lanzando primero una ridícula campaña triunfalista en las redes sociales anunciando recortes del 30% en la factura de la luz y, al conocer el chantaje empresarial, reclamando a las empresas eléctricas en palabras de Ione Belarra, que “arrimen el hombro” o, en palabras de Idoia Villanueva, “menos chantajes y más patria”.
Desde luego, no será con invocaciones patrióticas ni sentimentales como se conseguirá doblegar al oligopolio eléctrico. Ni mucho menos con las lecciones de “liberalismo consecuente” que ofrece en Twitter el ministro “comunista” Alberto Garzón a los empresarios y a la derecha. ¿Acaso cree Garzón que los empresarios ignoran sus auténticos intereses? ¿de verdad se cree que las y los votantes de Unidas Podemos lo han llevado al Parlamento para que eduque a los empresarios en el “auténtico liberalismo”?
¿Qué es lo que propone realmente el Gobierno?
A la vista de la gravedad de la amenaza de los empresarios del sector energético podría pensarse que las medidas propuestas por el Gobierno ponen de verdad un freno a sus abusos y limitan sus escandalosos beneficios. Nada más lejos de la realidad.
La medida estrella del decreto del Gobierno es la “minoración temporal del exceso de retribución obtenida por las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista gracias a la repercusión de unos costes de gas que no soportan”. Con este galimatías el gobierno se refiere a los beneficios extraordinarios que obtienen las empresas eléctricas al cobrar toda la electricidad al precio de la electricidad más cara, que es la producida mediante la combustión de gas, lo que se conoce como “beneficios caídos del cielo”.
Pero que nadie se engañe. No se trata, como sería razonable, de que esos beneficios se expropien y se dediquen a rebajar la factura de la luz. Lo que realmente propone el Gobierno es aplazar el cobro de esos beneficios durante algo más de seis meses, hasta el 31 de marzo de 2022. ¿Y después que pasará? Pues pasará que el oligopolio eléctrico nos cargará en la factura durante meses y meses esos beneficios aplazados. Se evitan facturas astronómicas en los meses de invierno, pero al precio de que pagaremos la luz mucho más cara durante mucho tiempo hasta que las eléctricas recuperen los 2.600 millones de euros que se calcula que van a dejar de percibir durante la vigencia del decreto. ¡Una auténtica estafa!
El resto de las medidas son de una tónica similar. Intentan desesperadamente conseguir que la factura no suba de forma inmediata y cumplir así el compromiso de Pedro Sánchez de que los hogares no pagarán más por la luz en 2021 de lo que pagaron en 2018, descontada la inflación. Para ello rebajan impuestos y toman otras medidas que no repercuten en los beneficios del oligopolio eléctrico.
Por ejemplo, se establece para la Tarifa de Último Recurso un mecanismo amortiguador similar al aplicado a la bombona de butano, que impide a las empresas aplicar de golpe las subidas de precio y les obliga a cargarlo en la factura gradualmente. Al final, el consumidor acaba pagando los precios exigidos por el oligopolio, pero lo hace a plazos en lugar de hacerlo de golpe. Pan para hoy y hambre para mañana.
Lo que el gobierno teme es una explosión de protestas en las calles
En ningún momento ha estado en el ánimo del Gobierno poner límites a las abusivas ganancias del oligopolio eléctrico. Precisamente el sector de la energía será, junto con el del automóvil y el inmobiliario, el gran beneficiario de los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación Europeo. Una lluvia de miles de millones de euros llenará las arcas del oligopolio eléctrico en nombre de la Transición Ecológica. Con esta perspectiva ¿cómo es posible que se produzca ahora este chantaje empresarial?
Lo que realmente preocupa a Pedro Sánchez y el PSOE no son los beneficios extraordinarios de las eléctricas, sino que la desmesurada subida del precio de la luz acabe desembocando en una protesta social masiva que reclame medidas efectivas para poner fin a los abusos del oligopolio eléctrico.
El PSOE ha invertido muchos esfuerzos en conseguir un clima de cierta paz social como para arriesgarse ahora a que lo que considera su mayor activo político se venga abajo precisamente en vísperas de la ejecución de los primeros proyectos del Plan de Recuperación que, aunque sea de forma precaria y temporal, reactivarán la economía y generarán un importante volumen de empleo.
Atado de pies y manos a sus compromisos con la burguesía, el PSOE maniobra desesperadamente para amortiguar el impacto social sin lesionar de forma significativa los intereses del oligopolio eléctrico. Pero, inevitablemente, la fórmula de aplazar las subidas del precio de la luz durante un período de varios meses, o quizás de uno o dos años, lleva aparejado un coste financiero que el oligopolio eléctrico no está dispuesto a asumir.
Conscientes de la debilidad del PSOE, y conscientes también de que Unidas Podemos no va a ir más allá de las rabietas en las redes sociales, las empresas del sector exigen bajo cuerda compensaciones al Gobierno por estos “sacrificios” que ahora les imponen. Saben que tienen la sartén por el mango, y no albergan ningún temor a que el Gobierno de un puñetazo en la mesa y ponga fin a sus desmanes. ¿Por qué renunciar entonces a unos beneficios aun mayores? Si el PSOE fracasa, disponen de la alternativa del PP y Vox. ¿Por qué no apretarle las tuercas a un Gobierno que no hace más que ceder y ceder ante las exigencias de la burguesía? ¿por qué no sacar el máximo partido a una situación de excepcional paz social que el PSOE y UP, junto con CCOO y UGT, se han esforzado denodadamente en crear y mantener?
Al oligopolio eléctrico solo lo parará una enérgica movilización en las calles que exija la inmediata expropiación de las empresas del sector y la constitución de una empresa pública de la energía que ponga como primer objetivo satisfacer al menor coste posible las necesidades de los hogares y de las unidades productivas. La energía eléctrica es un bien de primera necesidad que no puede estar subordinada a la exigencia de beneficios de un puñado de inversores privados. Volvamos a las calles, respondamos con contundencia a los chantajes empresariales y construyamos la izquierda combativa capaz de poner fin a las políticas capitalistas.
