A mediados de diciembre la fiscalía suiza decidió archivar la investigación iniciada en 2018 al rey emérito Juan Carlos de Borbón por blanqueo de capitales provenientes del cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca, realizadas por un consorcio de grandes empresas españolas. Este hecho, absolutamente escandaloso, ha puesto de manifiesto por enésima vez el carácter de clase de una justicia hecha a medida de los poderesos.
Por supuesto, desde el PSOE, PP y Vox se han apresurado a utilizar este archivo de la investigación para rescatar la figura de Juan Carlos I y realizar una nueva campaña de apuntalamiento de la monarquía. Pero la resolución de la justicia suiza no significa que no esté formalmente probado el cobro de estas comisiones, ni que el entramado delictivo organizado en torno a la Fundación Lucum, de la que era beneficiario el rey Felipe VI, no haya sido desvelado, ni que haya dudas sobre la participación de la ex amante del rey emérito en este tinglado.
Lo que ha ocurrido es que para sustentar la acusación al rey emérito era formalmente imprescindible la colaboración de las autoridades de Arabia Saudí y de los otros tres países del Golfo Pérsico (Kuwait, Emiratos Árabes y Bahréin) por los que circuló el dinero destinado a Juan Carlos. Como era de esperar, las autoridades de esos países han protegido a su socio de tantos negocios sucios y se han negado a responder a los requerimientos de los fiscales suizos.
En cualquier caso, el manejo de este asunto deja meridianamente claro que los delincuentes de altos vuelos, los que realizan sus turbias operaciones vinculados a la élite de las finanzas internacionales y a los gobiernos dictatoriales de cualquier parte del mundo, operan bajo el manto protector de las leyes del Estado burgués que les otorga total impunidad para sus fechorías y crímenes.
El régimen del 78 prepara el retorno de Juan Carlos
La decisión de la fiscalía suiza prepara el terreno para que las tres investigaciones abiertas por la fiscalía del Tribunal Supremo sobre los negocios ilegales del Borbón sean archivadas en un breve plazo de tiempo. De momento, esas diligencias se han prorrogado seis meses más a la espera de que llegue información solicitada a Suiza, pero, aun cuando esa información se reciba, es un secreto a voces que se procederá a dar un carpetazo definitivo a esta cuestión cuanto antes.
La realidad es que estas investigaciones, junto con las regularizaciones fiscales del ex monarca, tenían precisamente la finalidad de no dejar ningún flanco abierto a posibles futuras denuncias. Más que buscar la condena de Juan Carlos, lo que las autoridades judiciales intentaban era dar una respuesta al enorme malestar social surgido a raíz del conocimiento público de la profunda corrupción que envolvía a la monarquía borbónica. La huida del emérito hacia Abu Dabi, organizada conjuntamente por la Casa Real y el gobierno de coalición, tenía como objetivo contribuir a aliviar la presión, al tiempo que la apertura de diligencias judiciales intentaba crear la apariencia de que “todos somos iguales ante la ley”.
Como explicamos en nuestra declaración de hace un año sobre la situación de la monarquía, la corrupción del monarca no es un asunto individual: es un método de funcionamiento inherente a un sistema en descomposición. El capitalismo español necesitó apoyarse durante casi cuatro décadas en una dictadura que ahogó en sangre los intentos de la clase obrera por liberarse de una opresión secular. Juan Carlos de Borbón, heredero de Franco, jugó un papel clave para que la oligarquía patria, y sus socios de la burguesía internacional, pudieran desembarazarse de un régimen político que ya no servía a sus fines y levantar un nuevo edificio institucional, el régimen del 78, que les ha permitido mantener su posición como clase dominante otros cuarenta años más.
Las fuerzas políticas de izquierda que participaron en los Pactos de la Transición aceptaron correr un tupido velo sobre los crímenes del franquismo. La Ley de Amnistía garantizó una completa impunidad a los verdugos y torturadores franquistas, y también dejo exentos de cualquier responsabilidad a los banqueros y grandes empresarios que fueron los grandes beneficiarios de la dictadura.
Juan Carlos de Borbón ofició como figura rectora de este proceso y sirvió de bisagra entre un estado dictatorial y una supuesta “democracia” que en realidad mantenía intacto el aparato estatal creado por Franco. Ese papel estelar en la transición le permitió reclamar su parte en los inmensos beneficios generados por el sistema que desde su posición como jefe de Estado contribuyó a estabilizar, convirtiéndose así en un socio más de la élite financiera mundial.
La clase dominante ve un enorme riesgo en mantener vivas las acciones judiciales contra el emérito, salvo que sirvan, como está siendo el caso, para declararlo libre de cualquier cargo y para blanquear su figura. Una condena a Juan Carlos, y más en estos momentos en que la rebeldía de los sectores más explotados de la clase trabajadora vuelve a resurgir con fuerza, llevaría aparejada un desplome de la monarquía y agrietaría los cimientos del régimen del 78.
La vuelta de Juan Carlos a Madrid, preparada desde hace semanas desde las más altas instancias de los poderes fácticos y auspiciada por los grandes medios de comunicación, sería una victoria publicitaria para la derecha. La oportunidad de dar un golpe a la protesta social y afianzar su posición de autoridad ante la creciente ola de rebelión social, daría bríos a su base social y la llenaría de confianza.
Siguiendo la estela reaccionaria desencadenada desde el Poder Judicial contra la lucha feminista y LGTBI, siguiendo los pasos de las fuerzas represivas comandada por el ministro Marlaska contra los trabajadores que han participado en la huelga del Metal gaditano, y azuzando una nueva replica del nacionalismo español contra los derechos del pueblo catalán, desde las instituciones del régimen se mueven los hilos para que la vuelta de Juan Carlos a Madrid suponga un nuevo paso en su ofensiva política.
El PSOE cede a la reacción
La actitud hipócrita de Pedro Sánchez ante la campaña para traer de vuelta al rey emérito no es una novedad. El PSOE, protagonista de los Pactos de la Transición, está hipotecado por su pasado de colaboración y ha decidido no actuar y permitir que Juan Carlos I vuelva.
El pacto con el PP para la renovación del Tribunal Constitucional, la pasividad ante el ascenso del sindicato fascista JUPOL en las fuerzas policiales, o el silencio ante la nueva campaña contra el uso del catalán en las escuelas de Catalunya, muestran que el PSOE une su destino a la supervivencia del régimen del 78 y no le preocupa el coste, aunque su propia base electoral lo acabe pagando.
Propiciando el retorno de Juan Carlos, el PSOE da un nuevo paso para intentar taponar las vías de agua que la movilización social ha abierto en el casco averiado y putrefacto del régimen del 78, y esa política solo puede redundar en beneficio de la derecha más reaccionaria.
El PSOE es plenamente consciente de que abrir un debate sobre la monarquía no solo afectaría a la forma jurídica de la jefatura del estado, sino que abriría las puertas a un cuestionamiento generalizado del régimen político vigente y de los intereses que ese régimen protege. Por eso, en alianza tácita con el PP, Vox y el resto de las fuerzas políticas que respaldan el sistema capitalista, el PSOE está dispuesto a tragarse el sapo del retorno de Juan Carlos.
Toda la palabrería de Pedro Sánchez sobre las explicaciones que el ex rey debería ofrecer a los ciudadanos se quedarán en nada, porque Juan Carlos y su entorno no están dispuestos a aceptar una vuelta discreta. Todo lo contrario: quieren un regreso triunfal, que demuestre claramente quienes son los que mandan aquí.
Unidas Podemos: las palabras no son suficientes, hay que pasar a la acción
Desde su entrada en el gobierno de coalición, Unidas Podemos, tanto bajo el liderazgo de Pablo Iglesias como ahora, bajo la batuta de Yolanda Díaz, no ha dejado de retroceder, abandonando uno tras otro los compromisos recogidos en su programa. Pero cada renuncia de Unidas Podemos ha venido acompañada por una campaña triunfalista sobre los “grandes logros” conquistados.
Podemos, en otro tiempo martillo del régimen del 78, esperanza de los millones que se movilizaron en el 15-M, en las Mareas, en las Marchas de la Dignidad… se precipitaria al abismo si acepta ser partícipe necesario en una operación política de legitimación y blanqueo de la monarquía. Limitarse la mera protesta literaria o periodística, pero en la práctica asumir las decisiones del PSOE en apoyo al regreso de Juan Carlos, sería un punto de inflexión.
El intento de hacer volver al ex rey tiene que ser contestado con una movilización masiva contra la monarquía, contra su corrupción y contra el sistema del que se beneficia y que defiende con uñas y dientes. La lucha por la república socialista está a la orden del día, y si Unidas Podemos quiere ser fiel al mandato de sus votantes, está obligada a dar un paso al frente y romper su subordinación al PSOE.
