El pasado día 12 julio, en el barrio de Vallecas, entre diez y doce matones de la empresa Brigada Desokupa, que no es otra cosa que una brigada compuesta por nazis que se lucran generosamente de extorsionar y agredir a personas de clase trabajadora para expulsarlas de sus viviendas, llegaron a la puerta de Amparo, una vecina del barrio, forzándola a abrir mediante intimidación y amenazas que no tenían otro propósito que presionarla para firmar unos papeles sin ninguna validez legal y mal redactados, donde supuestamente ella se comprometía a abandonar su vivienda el 2 de agosto de este año.
La vivienda que Amparo habita es parte de unos bloques de vivienda social del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) que fueron construidos en los años 80 con la finalidad de dar una alternativa de vivienda digna a personas con rentas bajas. No fueron construidas para ser objeto de especulación ni el negocio de unos pocos rentistas. Este proyecto de viviendas públicas y de fácil acceso se puso en entredicho en el momento en el que se abrió la puerta a la adquisición de estas mediante compra y con ello a la privatización de este proyecto.
La ofensiva privatizadora del PP sobre el escaso parque de vivienda pública en Madrid ha supuesto un durísimo retroceso. Fondos buitres que se han hecho con promociones enteras, y propietarios individuales que hacen de estas viviendas sociales un negocio especulativo.
En 2019 dio comienzo la problemática. En plena subida de los precios de la vivienda tanto en hipotecas como en alquileres, subida que se reanudó a finales de 2016 al haber alcanzado su punto más bajo tras la crisis económica que se inició en 2008, la propietaria de la vivienda comenzó a subir sin contemplaciones el precio del alquiler a Amparo, hasta casi 400 euros más con respecto al precio original. Bajo la amenaza constante de expulsarla de la vivienda e incluso de cobrar cada habitación con la intención de alquilar cada una de estas a distintas personas o de que Amparo tuviera que pagar el total de las mismas, la presión en estos años ha sido brutal.
Esta situación de flagrante abuso por parte de la propietaria a una mujer que, además de vivir sola, tuvo que afrontar graves problemas económicos, laborales y de salud, desembocó ese año en una situación de impago debida a la imposibilidad de hacer frente a las desorbitadas subidas del alquiler que la rentista le exigía. En este momento empieza una estrategia de acoso y derribo que ha alcanzado tintes dramáticos con lo sucedido el 2 de agosto, cuando esta brigada fascista irrumpió en el portal de Amparo con la clara intención de expulsarla de la vivienda.
Todo este vergonzoso espectáculo que nos ofrece el capitalismo, al que tuvieron que hacer frente tanto Amparo, como los vecinos y los militantes de los movimientos de vivienda y en concreto los compañeros y compañeras de la PAH de Vallekas que dieron la cara para defender a Amparo, no podría entenderse bien sin comprender el papel del dispositivo policial que allí se desplegó: actuó en completa connivencia con este grupo neonazi, al que escoltó hasta la misma puerta de la vivienda de Amparo sin existir orden judicial ninguna para ejecutar su desahucio y legitimando una actuación completamente ilegal por parte de estos fascistas.
No siendo esto suficiente, priorizaron el acceso a estos matones frente a los servicios sanitarios, a los cuales impidieron el paso cuando acudían a dar atención a Amparo, una mujer de 67 años que posee un elevado riesgo de infarto que esta situación podría haber detonado.
Tenemos que señalar a los responsables de esta miserable actuación policial: la Delegación del Gobierno controlada por el PSOE. Sí, ese partido que tan solo hace unas semanas se arrogaba ser la alternativa para combatir al fascismo en las urnas, pero que a la hora de la verdad envía a todo un dispositivo policial con varias furgonetas a escoltar a una decena de nazis de Brigada Desokupa para sacar por la fuerza a Amparo de su vivienda. Con estas decisiones no solo es imposible frenar a la extrema derecha, sino que se va ensayando con ello la alianza del Estado con estos grupos, para reprimir a la clase trabajadora y defender los intereses de los propietarios y especuladores que se lucran arrebatándole a la gente lo más básico para vivir.
Y es que esta situación no cae del cielo. Las políticas completamente impotentes frente a la especulación inmobiliaria y la ausencia de una estrategia contundente a favor de vivienda pública, de calidad y con alquiler social, es lo que allana los atropellos de los capitalistas y de la extrema derecha. La reciente Ley de Vivienda, incapaz de resolver estas problemáticas y que solo sirve para apuntalar el poder de los fondos buitre, los rentistas y los grandes tenedores de vivienda, es un ejemplo claro de como la izquierda gubernamental se ha plegado a los poderosos y abandonado a la clase obrera en un asunto trascendental.
El derecho a un techo digno sigue siendo pisoteado. Y cambiar esta situación no será fruto de la acción parlamentaria, sino de la lucha de clases, del avance de organizaciones combativas dispuestas a poner el cuerpo, como la PAH y los numerosos sindicatos de inquilinos que se están creando en muchas ciudades y localidades, y de que el movimiento obrero y los sindicatos de clase tomen en sus manos la batalla vital por la vivienda pública y asequible como una prioridad. No hay tiempo que perder.
Únete a Izquierda Revolucionaria para luchar por este programa:
- Por un plan estatal que cree 2 millones de viviendas públicas en 4 años, construidas por empresas públicas que aseguren condiciones dignas para sus trabajadores y cuyos alquileres sociales no superen el 10% del salario percibido.
- Que sean agencias públicas las que gestionen los alquileres sociales, mediante procesos transparentes y que estén controladas por los usuarios y usuarias de esas viviendas, asociaciones de vecinos y organizaciones probadas en su implicación como la PAH.
- Prohibir por ley los desahucios. Poner fuera de la ley a las bandas de mercenarios fascistas de Desokupa y penas y multas máximas a aquellos propietarios que utilicen sus "servicios".
- Expropiación de las viviendas en manos de fondos buitres, bancos y grandes tenedores rentistas, y su inmediata incorporación a un parque público de viviendas para colocarlas con alquileres sociales. Esta es la única estrategia para acabar con la especulación inmobiliaria y conquistar un derecho básico para clase trabajadora.
