El viernes 22 de febrero un complejo residencial de dos edificios en la zona de Campanar de la capital valenciana quedó completamente calcinado en cuestión de horas. Diez muertos, más de 15 heridos y 138 familias que lo han perdido todo, es hasta ahora, el saldo de esta catástrofe.
En cuestión de 10 minutos, el fuego iniciado en una vivienda de uno de los edificios se propagó con una velocidad inusitada por toda la fachada. Como una tea, las llamas consumieron balcón tras balcón y vivienda tras vivienda, como si el edifico completo estuviera rociado de combustible.
Mientras llegaban las unidades de bomberos las llamas del primer edificio, convertido ya en una bola de fuego imparable, se extendieron al segundo con la misma rapidez. Las innumerables imágenes y videos publicadas por los vecinos en las redes lo muestran.
Pero la pregunta es: ¿Cómo es posible que esto haya podido ocurrir y quienes son los responsables?
En las primeras horas los medios de comunicación, con la connivencia de las instituciones, trataron de presentar esta catástrofe como consecuencia de la fatalidad; un dramático accidente, un incendio que las fuertes rachas de viento ayudaron a extender vertiginosamente. Pero profesionales del sector no tardaron en apuntar hacia otro factor como elemento responsable y determinante de las grandes dimensiones alcanzadas por este siniestro.
La promoción, cuya licencia es de 2005 pero de construcción de 2008, fue presentada como vanguardista por la constructora. Los edificios tenían “fachadas revestidas de un innovador material de aluminio” rezaba en su propaganda. Ese material sería, en realidad, poliuretano, un producto altamente inflamable que ha sido la clave de la rápida expansión del fuego por todo el complejo residencial.
Una promoción insignia del boom inmobiliario
Su construcción la comenzó en 2005 FBEX, una de esas miles de promotoras que, aupadas por la burbuja inmobiliaria de principios de los años dos mil, construyeron de forma desaforada gracias a las licencias urbanísticas otorgadas por el PP. Muchos constructores se hicieron de oro en toda la Comunidad Valenciana, y el PP de la corrupción máxima, de Camps y Rita Barberá, se llevaron mordidas suculentas para sus bolsillos y para financiar al partido.
Como es sabido muchos de estos chiringuitos inmobiliarios quebraron cuando estalló la burbuja en 2007. Y eso fue lo que pasó con esta promoción.
Tras la caída de FBEX la obra quedó en manos del Banco Popular y fue esta entidad la que terminó las viviendas en 2008. Como tantas promociones en quiebra que el capital financiero se apropió, la culminación se hizo de la manera más económica posible para sacar el máximo beneficio en el menor tiempo. Para ello se aprovecharon de todos los huecos legales en materia de seguridad.
El testimonio de peritos especializados ha sacado a la luz que el edificio se revistió de polietileno entre el espacio que separa la fachada de ladrillo y la capa de chapas de aluminio voladiza externa. Cuando se retomó la construcción del edificio se empleó este elemento altamente inflamable, aprovechando que la licencia era de 2005 y se podía utilizar el Código Técnico de la Edificación de 1991, mucho más permisivo en materia de seguridad, y así sortear la legislación vigente desde 2006, más estricta a la hora de garantizar el carácter ignífugo de los materiales a utilizar.[1]
Esta negligencia no ha sido la única; entre planta y planta no se instalaron los espacios para evitar la propagación del fuego, lo que se llama “sectorización”. Todas las inspecciones y licencias necesarias lo pasaron por alto.
¿Cómo se puede llegar a construir un edificio que es una antorcha en potencia y que ahora no haya nadie responsable? La respuesta es clara. La legalidad y las instituciones capitalistas solo funcionan para proteger el derecho al beneficio obsceno de unos pocos a costa de la vida de quienes necesitan una vivienda.
Lágrimas de cocodrilo, pero el negocio sigue
Esta tragedia no cae del cielo, el incendio de la Torre Grenfell en Londres en 2017, construida con los mismos materiales y donde hubo centenares de víctimas, o el incendio de la discoteca Teatre de Murcia, donde murieron 13 jóvenes, responde a la misma lógica, la del beneficio rápido a pesar de la vida de la clase trabajadora.
Para colmo de todo, y como una muestra más de la podredumbre de la justicia burguesa, estas empresas o promotoras tienen multitud de mecanismos para borrar su rastro a través de quiebras y otras triquiñuelas legales para seguir haciendo negocios.
Estas torres no son las únicas que se han construido de manera negligente y criminal con materiales inflamables. En el mismo barrio hay otros muchos edificios que se levantaron saltándose la legislación sobre seguridad, y aunque la normativa respecto a estos materiales se cambió y se hizo más estricta en 2019 tras el incendio de la Torre Grenfell, no existe obligación alguna de reformar los edificios con materiales ignífugos, aunque estén habitados y sean un auténtico polvorín.
El Gobierno valenciano ha declarado tres días de luto. El Central también llora lágrimas de cocodrilo ante esta tragedia, pero ambos, PP y PSOE son responsables y cómplices de esta tragedia cuando defienden o permiten que este tipo de promotoras, este modelo urbanístico y de negocio siga campando a sus anchas a costa de la necesidad que tenemos para acceder a una vivienda pública, digna y asequible.
Millones de familias trabajadoras y de jóvenes pagamos alquileres o hipotecas que nos condenan a la miseria en beneficio de unos pocos y encima vivimos con la espada de Damocles de que por favor, nuestra vivienda no sea realmente un horno incinerador.
No queremos gestos protocolarios e hipócritas para salir del paso. Exigimos que los responsables paguen con la cárcel y con su patrimonio para resarcir a las familias estafadas víctimas de este crimen, y soluciones reales y concretas para que nada de esto pueda volver a pasar.
Es necesario acometer un plan para reformar todos los edificios de viviendas y dotarlos de todas las medidas y materiales para hacerlos realmente seguros. El coste deben asumirlo las promotoras y bancos que se vienen haciendo de oro con continuos “pelotazos” inmobiliarios. Cuando esto no sea posible la financiación tiene que ser garantizada por el Estado y sus instituciones.
La vivienda es una necesidad fundamental. El Gobierno PSOE-SUMAR debe crear ya una empresa estatal de vivienda que en primer lugar se haga con un amplio parque de vivienda pública, expropiando a las grandes inmobiliarias, bancos y fondos de inversión, para ponerlas en el mercado a precios asequibles para la clase trabajadora. Esta empresa además, asumirá la revisión de las calidades de las viviendas y de la construcción, garantizando todas las medidas de seguridad de los hogares, edificios e infraestructuras públicas necesarias.
Esta es la única forma de garantizar el acceso a una vivienda digna a la mayoría de la población y que tener cubierta esta necesidad básica no sea una carga insostenible para cientos de miles de familias.
[1]El 10 de diciembre de 2002 se produjo un incendio similar en las obras de la Maternidad de O'Donnell de Madrid.
