La lucha por el acceso a la vivienda se ha convertido en el primer foco de conflictividad para el Gobierno PSOE-Sumar desde que millones de personas tomamos las calles de las principales ciudades contra la especulación inmobiliaria.
Lejos de mejorar, la situación continúa agravándose y ha llegado a un punto crítico. Los alquileres han experimentado una subida histórica del 14% en 2024, unos precios abusivos que ahogan a trabajadores y trabajadoras. Familias que se dejan el 60% de sus ingresos para pagar su casa; la tasa de emancipación juvenil está en sus peores registros, porque la realidad es que cualquier joven que quiera irse de casa de sus padres debería invertir el 108% de su sueldo en un piso. ¿Los responsables? La banca y las inmobiliarias que especulan con el precio del suelo y con la vivienda, que siguen desahuciando familias, los parásitos rentistas que cada día son más ricos, y el Gobierno que lleva en la Moncloa seis años sin poner fin a esta injusticia social.
La vivienda se ha convertido en la principal preocupación para la clase trabajadora y la juventud. Pero gracias a la movilización y a la lucha colectiva, y tras ver la fuerza que tenemos, hemos empezado a transformar nuestra rabia en un conflicto social muy poderoso. Hace meses parecía impensable, pero ahora una idea resuena en la cabeza de millones: la organización inquilina para frenar al rentismo es posible, la huelga de alquileres es posible.
Más incentivos a los propietarios disfrazados de “políticas sociales”
La respuesta social por una vivienda pública, digna y asequible, ha provocado muchos escalofríos a los parásitos sociales que hacen de nuestros derechos un negocio y su lucrativa forma de vida. Y también ha asustado mucho a sus representantes políticos. Por supuesto, el Partido Popular no ha querido desaprovechar la ocasión de echar más leña al fuego y presentar su “plan de vivienda”: potenciar la mano privada en el mercado inmobiliario, avalar a los compradores de vivienda para que puedan alcanzar el 100% de su coste, aumentar el suelo público liberado para privatizar, reducir impuestos a la compra y alquiler de vivienda… y hablar mucho de la okupación.
Que el PP son los fieles servidores de rentistas, bancos y fondos buitre es algo más que evidente. Pero las medidas propuestas por el PSOE son más de lo mismo, lo único que mejor vendidas.
Pedro Sánchez, que parece que no tuvo suficiente con reírse de nosotros al anunciar el regalo de 200 millones de euros a los caseros el día después de la manifestación del 13 de octubre, ha presentado las nuevas medidas del Gobierno en materia de vivienda para intentar “tranquilizar la situación”.
Unas medidas que poco tranquilizan a los inquilinos pero que contentan, y mucho, a los rentistas. Una vez más se demuestra que el vínculo del PSOE con los intereses de los capitalistas y el sector inmobiliario y turístico es tan grande que no están dispuestos a intervenir en lo más mínimo sus actividades especulativas.
El paquete de 12 puntos incluye propuestas que se presentan con guiños al movimiento de la vivienda, como ampliar el parque de vivienda y suelo público o que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio. Sin embargo, todo esto tiene mucha letra pequeña.
Sánchez promete un “alquiler asequible” pero se le olvida el pequeño detalle de decirnos cómo se conseguirá eso. Con los alquileres disparados y frente a la reivindicación de bajar un 50% del precio actual, propone una exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen sus viviendas siguiendo el índice de precios. Un regalo fiscal histórico que supone comprar el aplauso de los rentistas con el dinero de todas y todos. El índice que usará como umbral es una medida de referencia muy generosa con los precios de mercado hinchados por la especulación y va a ser incapaz de bajar los alquileres. Al mismo tiempo, quedan fuera de la ecuación los fondos buitres de cualquier país de la UE. En lugar de sancionar y perseguir con contundencia los alquileres desorbitados, regala otra vez más dinero público a los caseros por si fueran pocas las ayudas fiscales que reciben.
Fomentar la construcción y la nueva Empresa Pública de vivienda fueron las estrellas del debate. Se anunciaron “40.000 viviendas y 2 millones de metros cuadrados para vivienda pública”, absorbiendo 13.000 pisos de la Sareb y una promesa de incorporar 27.000 más. Pero todo está en el aire porque ponerlo en marcha puede llevar décadas. La ministra de Vivienda afirmó que la Empresa Pública tendría una colaboración estrecha con las constructoras privadas –la misma política que nos llevó a la crisis inmobiliaria de 2008. Además, la “prohibición de vender vivienda pública” no se aplicaría sobre toda la que ya existe, sino sobre la próxima que se construya y, tal y como admite el Gobierno “no se obligará a las Comunidades Autónomas a hacer permanentes las viviendas públicas”.
A todo esto hay que añadir que no se hizo siquiera mención a poner fin a la inestabilidad de los contratos del alquiler o las cláusulas abusivas; algo que sufrimos la gran mayoría. No sólo nos obliga a cambiar de hogar cada, como mucho, cinco años, sino que los rentistas lo aprovechan para chantajearnos.
Se nos ha agotado la paciencia. ¡La solución es la expropiación!
La solidaridad a la que apelaba el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda hace unos meses ha quedado demostrado que no existe. No vamos a aplaudir migajas porque esta crisis social nos asfixia demasiado.
El PSOE-Sumar vuelven a recordarnos que están más preocupados por los “problemas” de quienes tienen seis, siete o quince pisos, que por los que nos dejamos el sueldo para poder tener un techo bajo el que descansar cuando acabamos agotados del trabajo.
Ya hemos escuchado muchas promesas y palabrería sobre el derecho a la vivienda. Y todo esto no nos sirve de nada. Por eso tenemos que agudizar la presión desde las calles, la organización inquilina y la lucha colectiva, avanzar hacia la huelga de alquileres, y poner toda nuestra fuerza en tensión para conquistar medidas reales y eficaces para acabar con este problema crónico. El próximo 9 de febrero, una nueva manifestación sacudirá las calles de Madrid. Tenemos que hacer de este día, un nuevo grito atronador.
Desde Izquierda Revolucionaria planteamos que las siguientes medidas son imprescindibles:
- Expropiación de las viviendas en manos de bancos, fondos buitre, especuladores y caseros rentistas, para constituir, junto con las viviendas que aún gestiona la Sareb, un parque de dos millones de viviendas públicas para alquiler social.
- Tope inmediatamente a los alquileres, estipulando un máximo por metro cuadrado. Prohibición de todo tipo de cláusulas abusivas, con sanciones ejemplares a los caseros infractores.
- Establecimiento de contratos indefinidos de alquiler que protejan a los inquilinos e impidan las subidas abusivas.
- Expropiación sin indemnización del suelo urbano y urbanizable en manos de fondos de inversión, bancos y especuladores inmobiliarios.
- Prohibición del alquiler turístico o de temporada en zonas con déficit habitacional.
- Prohibición de los desahucios por ley.
La especulación de la vivienda ha llegado a un punto límite. Es el reflejo de la putrefacción del capitalismo. Nos obligan a trabajar por una miseria, y nos roban nuestro salario con una inflación y unos alquileres descontrolados. ¡No lo podemos consentir!
¡La vivienda debe estar fuera del mercado privado!