El negocio de la sanidad privada supera los 5.200 millones de euros de facturación, de los que el 26,2% proceden de los conciertos con los servicios públicos de salud. La presencia de grupos de capital riesgo a nivel hospitalario (Cinven en UPS o Apax Partners en Capio) ha aumentado en los últimos años, sobre todo en los servicios públicos de salud, debido al elevado margen comercial, que oscila "entre el 17 y el 25%" (www.capiosanidad.es, 07/2008). Este proceso es general. En 2007, las Administraciones Públicas contrataron servicios externos por un valor de 500 millones de euros. "De hecho, la Administración es la que desarrolla un mayor número de acciones de externalización después de las organizaciones financieras" (El País, 26/10/2008).
El negocio de la sanidad privada supera los 5.200 millones de euros de facturación, de los que el 26,2% proceden de los conciertos con los servicios públicos de salud. La presencia de grupos de capital riesgo a nivel hospitalario (Cinven en UPS o Apax Partners en Capio) ha aumentado en los últimos años, sobre todo en los servicios públicos de salud, debido al elevado margen comercial, que oscila "entre el 17 y el 25%" (www.capiosanidad.es, 07/2008). Este proceso es general. En 2007, las Administraciones Públicas contrataron servicios externos por un valor de 500 millones de euros. "De hecho, la Administración es la que desarrolla un mayor número de acciones de externalización después de las organizaciones financieras" (El País, 26/10/2008).
Desde que en 1991 el PSOE encargara al ex ministro de UCD, Abril Martorell, la elaboración de un informe, y se pusieran las bases para la mercantilizacion de la sanidad pública, varios han sido los intentos de la burguesía y la socialdemocracia por avanzar en cambios profundos de la gestión sanitaria pública. El núcleo de este informe radicaba en la separación entre la financiación (pública) y la provisión de servicios (pública y/o privada). Con Aznar llegó la Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión (avalada por el PSOE y CCOO), que admitía cualquier tipo de gestión "admitida en derecho". Una orgía de modelos privatizadores inundó el escenario: sociedades anónimas y empresas públicas en Andalucía (PSOE), fundaciones en Galicia (PP), consorcios en Catalunya (CiU y ahora el tripartit), concesiones administrativas en el País Valencià y Madrid (PP), externalizaciones y conciertos... Desde el año 2000, la entrada de sociedades de capital riesgo para hacerse con la tarta sanitaria, ha generado una feroz competición entre los tiburones capitalistas. "España ha sido uno de los alumnos más aplicados" (Cinco Días, 12/06/2006).
La debilidad invita a la agresión
En Madrid el PP ha puesto en manos de empresas privadas la explotación de ocho hospitales durante treinta años, cuyo objetivo es el reparto de dividendos entre sus accionistas. Estos hospitales, bajo la fórmula de empresas públicas, a excepción del Infanta Elena de Valdemoro (gestión privada), nacen con la privatización de múltiples servicios y escasez de plantillas. El personal no sanitario del Reina Sofía (San Sebastián de los Reyes) pertenece a Acciona, el del Infanta Cristina (Parla) a Sacyr, el del Infanta Leonor (Vallecas) a Begar y Ploder...; en total, millón y medio de madrileños "atendidos" con este modelo. Según UGT, el porcentaje de dinero público destinado a la privada ha pasado del 10,12% en 2007 al 13,3% en 2008. En 2003, prácticamente el 100% de la atención hospitalaria era en centros públicos; en 2007, uno de cada cuatro pacientes se atendía en un hospital privado o de gestión mixta.
Ante la pasividad del PSOE y de las direcciones CCOO y UGT, que se han limitado a declaraciones públicas y alguna manifestación para soltar presión, el PP ha ofrecido en subasta el resto de centros públicos, incluyendo la Atención Primaria. La debilidad invita al ataque. El modelo de concesión administrativa de Valdemoro es el que el PP quiere utilizar en la construcción de cuatro nuevos hospitales. Véase también la adjudicación de toda la atención especializada de un área de salud a la Fundación Jiménez Díaz (Capio), así como la asistencia sanitaria de los centros de especialidades de Pontones y Quintana. Las plantillas se están cubriendo con personal procedente de otros centros, provocando su mayor deterioro. En un círculo vicioso infernal, aumenta la derivación de pacientes y pruebas a centros privados lo cual provoca la infrautilización de los recursos públicos, dispara los costes y facilita una incursión mayor de las empresas privadas. Y, ante la falta de respuesta, se atacan sistemáticamente todos los derechos laborales de los trabajadores, se recortan las plantillas y se restringen recursos.
Los trabajadores de la sanidad madrileña están expresando su profundo malestar y su deseo de luchar contra esta situación continuamente. Cada semana se celebran concentraciones en los grandes hospitales madrileños (La Paz, Doce de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, etc.); cada visita propagandística de Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, es recibida con abucheos de trabajadores y usuarios, etc. Pero es evidente que con acciones de este tipo no se frena al PP y los trabajadores son conscientes de ello. Es responsabilidad de los sindicatos abandonar los escarceos y la "guerra de guerrillas" y organizar una huelga general en la sanidad madrileña como primer paso para pasar a la ofensiva y frenar la política privatizadora del PP en todos los terrenos. Para ello es necesaria la confluencia de todas las luchas existentes en una huelga general, convocada por CCOO y UGT, que provoque la caída del gobierno de Esperanza Aguirre.
Y es que la derecha en Madrid va a por todas. La debilidad e inacción sindical les anima a seguir atacando. Hace pocos días el consejero de Sanidad, Güemes, lanzaba un ataque furibundo contra los sindicatos diciendo: "Hay 918 liberados a tiempo completo, cada madrileño les paga cinco euros, y la verdad es que no hacen falta tantos". Que los trabajadores contemos con sindicalistas que puedan dedicarse a tiempo completo a defender a los trabajadores, es una conquista histórica del movimiento obrero y esto es lo que le escuece a este reaccionario recalcitrante. Lo que no dice este señor es que lo que cada madrileño tiene que pagar para mantener los beneficios de las empresas del sector sanitario que se están lucrando con su política, es significativamente superior.
El impacto de la crisis
Si la crisis va a provocar, como señalan la mayoría de los economistas burgueses, una reducción de uno o dos puntos del PIB, el déficit de financiación de la Sanidad Pública podría oscilar entre 70.000 y 140.000 millones de euros, sin que puedan aplicarse los fondos de compensación entre territorios, agravados por los cambios introducidos en 2001 (Rodrigo Rato, PP) en la financiación autonómica. Si hasta entonces se aplicaba un modelo redistributivo basado en impuestos directos e indirectos, repartidos según la población, desde 2001 se aplica otro basado en los impuestos transferidos (IVA, IRPF, venta de pisos, alimentos, tabaco, gasolina...). Con ello se agrava la situación "de las CCAA con mayores índices de envejecimiento y de dispersión poblacional, que suelen coincidir con aquellas que tienen un déficit crónico de infraestructuras sanitarias, arrastradas históricamente y que se agravaron como consecuencia de los acuerdos de transferencias que no tuvieron en cuenta las necesidades de salud de los ciudadanos" (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, 06/2008). A su vez, a la crisis financiera global se va a sumar las limitaciones de la capacidad de endeudamiento de los Estados y las Comunidades Autonómicas y a la pérdida de los fondos europeos.
Por ello, la presión hacia nuevos procesos privatizadores puede aumentar: "Cuanto más complicada es la situación económica", apunta Cabello, de Indra, -hablando de las externalizaciones y del outsourcing-, "más posibilidades tenemos de crecer, ya que a las empresas les interesa convertir inversiones en gastos corrientes, gastos fijos en variables y, en general, ganar flexibilidad y reducir costes" (El País, 26/10/2008).
Si añadimos el incremento brutal del paro y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, el escenario es explosivo para un aumento de la lucha de clases. Los trabajadores aprenden con la experiencia y en este próximo período van a aprender rápida -y muy duramente- que el capitalismo sólo ofrece miseria y explotación y que la única forma de mejorar nuestras condiciones de vida es luchar por una sociedad socialista.
