La Junta da un tijeretazo a sus “Planes florero”, pero mantiene el Plan de Calidad.

La crisis presupuestaria obliga a la Consejería de Educación a eliminar de un golpe los once planes educativos, incluidos los TICs (nuevas tecnologías) y Bilingüismo, tan cacareados por Cháves en la última campaña electoral.

Una semana antes, como cada año, la Consejería sacaba una nota anunciándolos, para que los colegios fuesen preparando el papeleo, en la que se decía de estos planes que "constituyen una de las actuaciones más consolidadas de la Consejería, que cada año incrementa la dotación destinada con el consiguiente aumento de centros beneficiados". Muchos claustros habían trabajado en estos proyectos, incluso durante el verano, para tener lista la documentación el 15 de Septiembre, día que se derogaba la orden, y se han visto sorprendidos con la boca abierta y la orden en la mano. Ni los colegios, ni los sindicatos, ni los centros de formación del profesorado habían sido avisados.

Es verdad que pocos docentes van a romper una lanza por estos planes, que la Junta sacaba y abandonaba a su suerte, y que suponían un descarado despilfarro presupuestario destinado a fabricar medallas vistosas para la Junta de Andalucía. Todo un despilfarro del que es responsable, no la falta de voluntad renovadora de los claustros, sino la CEJA que una vez dado el programa a un centro lo abandonaba a su suerte. La implantación de estos proyectos carecía de planificación alguna y, como se ha demostrado posteriormente, de planes de seguimiento. Pero también es verdad que los docentes se agarraban a estos planes con las dos manos, como única forma de conseguir un poco de financiación extra para realizar cualquier actividad, y suplir de este modo la falta de recursos económicos (Coeducación, Lectura, Espacio de Paz, o Deporte), o para obtener un desdoblamiento en las asignaturas más básicas (Compensatoria), y arrancar así algún profesor de más a la Consejería, siempre tan ahorrativa a la hora de asignar profesorado.

Dicen que se trata de un cambio de estrategia. Quitar los planes que no han funcionado, y extender los que se consideran "de importancia estratégica" (o sea, los que más adornan). Pero igualmente se nos dice que los que se suprimen pueden conservarse "mediante su integración en el Plan de Centro" (¿Para qué, si no han funcionado?). Lo que la Consejería quiere decir es que se acabará con la asignación económica y con las horas de reducción dadas, lo que supone menos dinero y menos profesores. Las reducciones horarias que suponen los proyectos, suponen también centenares de profesores en los centros. Sin contar con los contratos de unos 800 auxiliares de conversación. Son miles de puestos de trabajo los que están en juego.

Por otro lado, la implantación de los considerados "estratégicos" (de estrategia electoral, se supone), y que incluye por supuesto a los tan aclamados TICs y Bilingüismo, "debe obedecer en el futuro más a un proceso de planificación estructurado". Esto es, que la Consejería abrirá y cerrará el grifo dónde y cuándo a ella le parezca oportuno. Adiós a otro gran eslogan de la Junta. Después de haber proclamado a bombo y platillo que los proyectos se nutrían "de las iniciativas de innovación pedagógica que se generan en los propios centros", y que eran puestos en pie por el propio profesorado, "en función de los intereses que detectaban en su comunidad educativa, haciendo uso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que les reconoce la legislación vigente".

El que sí se mantiene es el recién estrenado Plan de Calidad, a pesar de que ha sido rechazado por el 65% de los centros de Andalucía. Un paquete de medidas que incluye el famoso incentivo de productividad, de hasta 7000 € en cuatro años, vinculado a los resultados escolares, aprobados y promociones, etc. (que muchos docentes entienden como un claro soborno). También incluye unas ampliaciones de plantilla (CCOO, UGT, CSI-CSIF y ANPE, sostienen que esta iniciativa contribuirá a crear 15.000 nuevas plazas de docentes y 2.500 de personal administrativo) que al principio de este curso han sido incumplidas de manera tan flagrante que hasta las direcciones de los mismos sindicatos mayoritarios que firmaron tan vergonzantes acuerdos han tenido que protestar. Ante el escaso éxito obtenido, la Junta trata desesperadamente de ofrecer nuevas facilidades para incrementar de forma sustancial el número de centros adheridos al programa. Se flexibilizan las condiciones para acogerse al plan, reduciéndose los requisitos para su implantación: ahora para su aprobación tan sólo podrán votar quienes estén ocupando un puesto en la plantilla de funcionamiento del centro, no así los docentes que presten servicio en régimen de sustitución, ni los de régimen de contratación laboral. Otra de las novedades más importantes que introduce es que el profesorado que haya disfrutado del correspondiente permiso por maternidad o paternidad podrá percibir los incentivos económicos previstos por el plan. También ha manifestado que quien acusa a la Consejería de intentar comprar aprobados a cambio de incentivos es que no conoce a los docentes andaluces. En respuesta, los detractores declaran que "puede ser que el profesorado no se conozca a sí mismo cuando ha rechazado de plano esta oferta indecente, pero de lo que sí estamos seguros es de conocer suficientemente a la administración educativa y, por eso mismo, declinamos la propuesta de forma mayoritaria".

Sindicatos como CGT, USTEA y SADI, plantean una mejora salarial lineal, la reducción del horario lectivo, el incremento de la plantilla, la estabilidad laboral de los interinos, la disminución de la ratio y el incremento de la inversión para mejorar la calidad de la enseñanza. USTEA informa de que es falso pretender ligar el Plan de Calidad con una serie de medidas, como el aumento de las plantillas o la disminución de las ratios, pues actuaciones de esta índole "no están recogidas en el articulado de la orden" y "basta leérsela para comprobarlo". Con respecto a la ratio, CGT denuncia que la Ley Orgánica de Educación (2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su Artículo 157) "da un derecho claro a la ciudadanía y establece una obligación clara a los poderes públicos en materia educativa para que el número máximo de alumnos y alumnas en un aula no supere los 25 en infantil primaria y 30 en secundaria". Pero claro, este derecho está supeditado a lo que decidan gastarse en educación, ya que el número de unidades escolares determina la ratio, y esta autorización es competencia exclusiva de la Consejería de Educación. El estado de derecho que permite sancionar a la ciudadanía si no cumple con sus obligaciones civiles, penales o fiscales, se dobla como un junco para permitir a la Consejería de Educación ahorrar en gasto social.

El Sindicato de Estudiantes ha propuesto a CGT, SADI y USTEA sumarse a la huelga del próximo 13 de Noviembre. Estudiantes y docentes juntos contra la privatización de la educación. Y es que la nueva orden no sirve ni más ni menos que para seguir retirando fondos a la Enseñanza Pública, mientras que "en consonancia con las estrategias y objetivos trazados por la Unión Europea en materia educativa", se va potenciando la enseñanza privada. Es inaceptable que la Junta de Andalucía trate de cargar sobre las familias andaluzas más humildes y sobre los docentes de la Enseñanza Pública el peso de la crisis económica, mientras se alimenta cada vez más a la Enseñanza religiosa, y mientras los políticos, esos impúdicos gestores de los bancos, regalan a sus amos miles de millones del erario público. Inaceptable.