Auge de las luchas obreras en Pontevedra

La conflictividad laboral se está extendiendo en Pontevedra. Los ejemplos son numerosos y aumentan de día en día. Los trabajadores de la limpieza dieron todo un ejemplo de cómo plantar cara a la patronal. Más de 8.000 trabajadoras de limpieza de edificios y locales en la provincia de Pontevedra (5.000 de ellos, del área de Vigo) secundaron masivamente desde el día 17 al 28 de noviembre una huelga indefinida, convocada por UGT, CCOO y CIG.

Se pedía una subida salarial de 60 euros, para mejorar unas nóminas que rondan la vergonzosa media de 735 euros mensuales, además del 100% de la nómina en caso de baja. Exigían el cumplimiento de un preacuerdo alcanzado en mayo y que la patronal decidió ignorar. Un ejemplo de la actitud empresarial, pero también de cómo los trabajadores responden a sus provocaciones.

El repliegue de los dirigentes sindicales impide un mejor convenio

Hubo encierros en la sede de la Confederación de Empresarios y en la Cámara de Comercio de Pontevedra, manifestaciones diarias y una brutal intervención policial con dos trabajadoras heridas. Los sindicatos denunciaron a 21 empresas por impedir el derecho a la huelga subcontratando esquiroles. La patronal, negándose a reunirse con los trabajadores consiguió echar más leña al fuego. De hecho, los sindicatos dieron un paso más, anunciando la extensión de la huelga a colegios y hospitales, que cuentan con convenio propio, para el 3 de diciembre. La dureza y duración de la huelga reflejaba la disposición a la lucha. Sin embargo, los dirigentes sindicales, justo cuando existía la posibilidad de extender la movilización a más sectores, firmaron un preacuerdo con la patronal que supone retrocesos con respecto al preacuerdo de mayo. Frente a los 60 euros de subida lineal reivindicados, se consigue nada más que 30 en 2008 y 40 para los dos próximos años. Además, la antigüedad pasa a computarse en cuatrienios en vez de en trienios. Los propios dirigentes de UGT y CCOO (los dirigentes de la CIG no firmaron, pero tampoco dieron ninguna alternativa para continuar la lucha) reconocen que es un mal acuerdo, pero que es "el único posible", escudándose en el supuesto desgaste provocado por la huelga.
Realmente podía haberse arrancado un convenio mucho mejor. Sólo el repliegue de los dirigentes sindicales en pleno auge la movilización lo ha impedido por el momento. Esto ha sido percibido por los trabajadores, que rechazaron el preacuerdo en asamblea en Pontevedra y Vilagarcía, mientras que en Vigo fue aprobado por un margen estrecho. Este cierre en falso abre el terreno a futuras movilizaciones.

Aumentan los EREs
en la automoción

En el sector de la automoción, que representa más de 30.000 puestos de trabajo, se han presentado hasta la fecha siete EREs que suponen la destrucción de 2.000 empleos. Ahora se une la proveedora de fundas para automóvil Prevent, que ha decidido cerrar su planta de Mos, trasladando su producción a Marruecos y que dejará en la calle a 150 trabajadores. Una auténtica sangría de desempleo que se va a multiplicar debido a la decisión de la factoría de PSA Citröen de suprimir a partir de diciembre una línea de montaje de las dos que componen el turno de noche, lo que supone la eliminación de 900 puestos de trabajo directos y 3.000 en las auxiliares.
La decisión de la multinacional francesa ha cogido por sorpresa a los dirigentes sindicales, que creyeron firmemente en la promesa de la dirección de la fábrica de que no se eliminaría carga de trabajo. Se recogen los frutos de décadas de inacción sindical en la planta de Balaídos, en las que CCOO, UGT y CIG aceptaron recorte tras recorte en las condiciones laborales, bajos salarios y una tasa de temporalidad altísima (40%). Está claro que la debilidad invita a la agresión. Sin embargo, se han comenzado a producir movilizaciones, las primeras en el sector desde los años 80, protagonizadas por trabajadores de Faurecia Asientos, Copo (20 despidos) e incluso una llamada de la CIG a todo el sector a una manifestación el 4 de noviembre. En este momento urge extender las movilizaciones con la convocatoria de una huelga general en todo el sector. Ya se ve el resultado que han conseguido las llamadas a la reflexión y al diálogo con la Xunta y las directivas empresariales. Las medidas anunciadas por la Xunta, dedicar las jornadas de paro a cursos de formación subvencionados o encargar la fabricación de un coche eléctrico, resultan ridículas, mientras la dirección de Citroën reclama una profunda reforma del marco laboral con el abaratamiento del despido (Faro de Vigo, 26/11/2008).

Sector naval contra la represión

Mientras, el sector naval volvió a la calle el 6 de noviembre con una huelga en protesta por el juicio a 4 trabajadores para los que se piden cuatro años de cárcel por quemar contenedores en la última movilización. Más de 2.000 trabajadores se manifestaron ante los juzgados denunciando lo que es un claro intento de amedrentar al sector más combativo de la clase obrera viguesa. El juicio fue pospuesto al 5 de febrero, fecha en la que habrá una nueva huelga.
Además, entre los trabajadores late de fondo un fuerte descontento ante el incumplimiento sistemático del convenio firmado tras la contundente movilización del metal del 2006 y que provocó una huelga de 12 días en 2007. La patronal no sólo mantiene tasas de temporalidad muy superiores a las establecidas como límite en el convenio, sino que está subcontratando masivamente trabajadores portugueses a los que paga salarios inferiores a los fijados. Muy probablemente asistiremos a una nueva oleada de la lucha de los trabajadores del naval y del metal, conscientes de que sólo manteniendo la presión se puede obligar a los empresarios a respetar los acuerdos arrancados mediante la movilización.
Estas últimas semanas, la crisis está provocando una agudización de la lucha de clases en las calles de Vigo y demostrando el potencial de su clase obrera. La clave para defender los puestos de trabajo y los salarios pasa por extender y unificar las luchas. Hay que exigir a los dirigentes sindicales la convocatoria de una huelga general de 24 horas en todo el Estado.