Por fin ha salido a la luz pública la realidad de muchos centros de protección de menores. ¿Cómo es posible que las delegaciones de Bienestar Social, técnicos de menores, etc., no tuvieran conocimiento de la situación vivida por estos niños? Obviamente lo tenían, y los gobiernos de las comunidades autónomas son responsables de ello.
Son menores con "trastornos de comportamiento" o para que nos entendamos, niños y niñas con situaciones socio familiares penosas, a costa de los cuales muchas empresas privadas han estado enriqueciéndose con dinero público, con el conocimiento por parte de la Administración de los malos tratos a los que se ven expuestos estos niños.
El Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que hace constar, de manera muy contundente, la precariedad, los malos tratos, las vejaciones y las agresiones continuas que estas entidades privadas, disfrazadas de ONGs (por ejemplo: la Fundación O'Belén) provocan de manera continuada.
Esta situación se produce debido a la precariedad laboral en el sector, a la mala gestión de las grandes cantidades de dinero que la administración pública otorga para tener a estos niños en lugares donde no den problemas (vendiéndolos como centros educativos) y, desde luego, a la nula supervisión o incluso el consentimiento por parte de las correspondientes delegaciones, de las actividades, muchas veces ilegales, que se llevan a cabo en este tipo de centros concertados por la administración.
Por todo esto es necesaria la expropiación inmediata de todos los centros privados en los que se maltrata a los menores, la ruptura de todos los convenios de la administración con las entidades responsables y su enjuiciamiento y castigo.