El pasado mes de enero saltaba el escándalo. El periódico El País sacaba a la luz que Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM), poseía su propio servicio de espionaje. Su campo de actuación era muy variado, pero una de sus actividades fundamentales era la de hacer seguimiento de las actividades, públicas o privadas, de toda una serie de personajes, algunos de ellos del propio PP y todos estos afines a Mariano Rajoy o a Alberto Ruiz Gallardón. Los datos con los que cuenta el diario El País son muy detallados, hasta el punto de contar con las anotaciones que los espías hacían sobre los movimientos de los espiados. No cabe duda que la filtración hacia ese periódico viene desde muy dentro de los que estaban al tanto de la trama.

Este escándalo coincide con la batalla que se desarrolla dentro del propio PP por el control de Caja Madrid, cuestión que mantiene duramente enfrentados a Esperanza Aguirre y a Gallardón. Es más que probable que esta pugna por Caja Madrid, tenga elementos de la lucha entablada por distintos sectores empresariales por el control de los recursos de dicha entidad. Pero por otro lado es evidente que en el trasfondo de esta pelea está la lucha política que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo entre estos dos personajes. Por los agrupamientos que se han cristalizado, salta a la vista la relación entre el conflicto en Caja Madrid, la lucha interna dentro del PP y la red de espionaje.

Crisis en el PP, crisis dentro de la burguesía

Como decimos, este episodio de espionaje es un capítulo más de la lucha abierta dentro del PP, que a su vez es la lucha existente entre sectores de la burguesía por la táctica a seguir para doblegar al movimiento obrero. La derrota electoral del PP en las últimas elecciones generales fue un duro golpe para la derecha, del que un sector de la burguesía, muy preocupada, tomó buena nota.
Sacaron la conclusión de que la estrategia de acoso y derribo contra el gobierno de Zapatero, utilizando además los argumentos rancios y reaccionarios tradicionales de la derecha española (cuestión nacional, la familia, la iglesia, etc.) habían tenido como resultado la profundización de la polarización política entre derecha e izquierda y una movilización masiva de la clase obrera en el plano electoral para evitar la victoria del PP.
La ofensiva reaccionaria contra el PSOE podría mantener a sectores importantes de la pequeña burguesía (pequeños tenderos, pequeños campesinos...) apoyando firmemente al PP, sobre todo teniendo en cuenta la política del PSOE, que no solucionaba ninguno de los problemas reales de los más desfavorecidos y que en muchos aspectos, lejos de combatir la ofensiva ideológica del PP, hacía concesión tras concesión, pero provocó que la clase obrera se mantuviera alerta para evitar la vuelta del PP al gobierno.
La burguesía exigió a su partido un cambio de estrategia. Había que cambiar de cara, presentarse como gente razonable y moderna, eliminar a las caras más identificadas con el último gobierno del PP y con la oposición realizada en la legislatura anterior (Zaplana, Acebes, etc), dejar que la acción de gobierno del PSOE fuera desilusionando a los trabajadores para, a través de la combinación de estos factores, conseguir que la clase obrera se desmovilice y que un sector lo suficientemente significativo de trabajadores se abstenga en las próximas elecciones y así poder volver a la Moncloa.
Esto fue lo que se dirimió en el pasado congreso del PP. Estas tesis salieron victoriosas, pero no sin resistencias y tensiones. Esperanza Aguirre sopesó dar la batalla abierta contra este giro táctico. De todos es sabido que al final renunció a ello, pero como ya explicamos en su día, era sólo una retirada táctica; a través de su posición en el PP de Madrid movería sus resortes para fortalecer su posición. Esto es precisamente a lo que estamos asistiendo.

Ofensiva salvaje contra los trabajadores

Por un lado, el gobierno de la CAM desarrolla una política de ataque continuo y salvaje a los servicios sociales y a las conquistas históricas de los trabajadores en educación, sanidad, etc.; a la vez que aplica una política de constante ataque a los sindicatos denunciando el número elevado de liberados, apoya a los empresarios cuando exigen disminución de impuestos y abaratamiento del despido y acusa a los sindicatos de ser una rémora para el crecimiento económico.
Esta estrategia, además de demostrar lo profundamente reaccionaria que es Esperanza Aguirre y su equipo, es evidente que también forma parte de la batalla interna que mantiene dentro del PP; quiere demostrar, a través de su posición en la CAM, a todo el PP y a los sectores decisivos de la burguesía, que la política de la ofensiva constante y sin cuartel es la mejor para defender los intereses de los capitalistas y para volver a ganar las elecciones generales.
Además de su gestión en el gobierno de la CAM, también está utilizando otros recursos. En este sentido, la red de espionaje podría tener el objetivo de recabar todo tipo de información de toda una serie de compañeros de partido en previsión de futuras batallas, para así sumar apoyos o neutralizar a posibles opositores. La filtración a El País parece indicar que es una maniobra del otro sector de la burguesía que quiere contrarrestar los movimientos de Esperanza Aguirre. Por supuesto todos niegan su implicación, todos se declaran indignados, todos aprueban comisiones de investigación, mientras entre bambalinas afilan sus cuchillos y toman posiciones.

Otro ejemplo de cómo a burguesía entiende la ‘democracia'

Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, es necesario destacar, en primer lugar, que el hecho de que un consejero del gobierno de la CAM pueda montar un equipo parapolicial y que este equipo, además, obtenga información a través de los contactos que tiene dentro del aparato del Estado (policía, guardia civil, que les han suministrado direcciones de particulares, propietarios de coches, etc), es un escándalo que saca una vez más a la luz lo que realmente se cuece en la cocina del Estado (o en las cloacas, como en su día comentó Rafael Vera secretario de Estado de Interior con Felipe González) y da la auténtica medida de lo que la burguesía entiende por "democracia" o "Estado de derecho". Hoy utilizan estos métodos para pelearse entre ellos, pero toda la experiencia de la lucha de clases demuestra que estos mecanismos son atizados, y a una escala mucho más amplia, contra el movimiento obrero y contra sus más destacados dirigentes.
Los dirigentes del PSOE, IU, UGT y CCOO, que hasta ahora se están limitando a la denuncia institucional de estos hechos, deberían pasar a una seria ofensiva en las barrios y en los centros de trabajado y de estudio con una campaña que vinculara la exigencia de depuración de todas las tramas parapoliciales y reaccionarias incrustadas en el aparato estatal con la defensa de la sanidad y la educación pública, que está sufriendo un duro ataque del gobierno de Esperanza Aguirre. Esta campaña debería culminar en una huelga general en la Comunidad de Madrid y la exigencia de elecciones anticipadas.