El pasado 4 de marzo, cientos de miles de estudiantes secundaron la huelga general de estudiantes en defensa de la enseñanza pública convocada por el Sindicato de Estudiantes en todo el Estado. Miles de jóvenes de secundaria y universidad salimos a las calles, en más de 30 localidades, para exigir un giro de 180 grados en la política educativa del PSOE y en la forma en que está afrontando la crisis económica.
No es de recibo que un gobierno que se llama a sí mismo socialista regale 150.000 millones de euros de los fondos públicos a la gran banca, mientras aprueba planes de privatización de la educación pública y de la sanidad. Hoy el paro afecta a casi tres millones y medio de trabajadores, los EREs se multiplican y las hipotecas hunden la economía de millones de familias. Es por tanto necesario ampliar la presión y la movilización para obligar al gobierno a realizar una política económica en beneficio de los trabajadores, la juventud y los servicios públicos.
El efecto de las movilizaciones
La convocatoria del 4 de marzo fue planteada como una continuidad de las movilizaciones del Sindicato de Estudiantes (SE) de los pasados 22 de octubre y 13 de noviembre en las que 200.000 jóvenes salieron a la calle en 60 localidades de todo el Estado, precisamente para exigir a al PSOE un cambio en las líneas arriba señaladas. Somos los jóvenes los que estamos más desprotegidos ante la crisis, los primeros en ver cómo nuestros salarios se reducen, cómo nuestros derechos laborales se extinguen poco a poco, y por supuesto, los que menos margen de maniobra tenemos para afrontar esta situación.
Todas estas movilizaciones han tenido un impacto en la sociedad y el efecto evidente de situar el debate público sobre los planes de Bolonia, un gravísimo ataque a la educación pública, a un nivel en que el jamás había estado anteriormente. De hecho, ante la convocatoria del 4 de marzo el gobierno ha dado muestras evidentes de preocupación y se ha embarcado en una intensa campaña, falsa y demagógica, para tratar de presentar lo que es un auténtico plan de privatización de la universidad como algo progresista.
A finales de enero el gobierno aprobó un plan extraordinario de 37 millones de euros para becas universitarias, completamente insuficiente, para tratar de desviar la atención de la subida de tasas universitarias que, según qué carrera, pueden alcanzar hasta los 2.500 euros de matrícula por año de grado, y llegar hasta 5.600 euros en los máster.
Calidad, sólo pagando
Nuestra oposición frontal a estos planes viene determinada por lo que van a suponer la práctica: expulsar a miles de hijos de trabajadores del acceso a la universidad. Este veto a millones de jóvenes será impuesto a través de una criba económica insalvable para las familias trabajadoras. En primer lugar se hará una reforma de la actual estructura de las carreras, sustituyendo licenciaturas y diplomaturas por grados y másters. Este cambio se producirá creando grados de bajo valor académico que no serán ninguna garantía a la hora de encontrar un buen puesto de trabajo, y menos aún de calidad. Quien quiera asegurarse un futuro digno deberá cursar un máster que podrá llegar a costar hasta 5.600 euros anuales. Junto con la subida escandalosa de tasas universitarias, son dos de los puntos más fuertes del ataque que trae consigo la aplicación de los famosos planes.
Pero hay muchos más puntos que hacen que esta medida sea sumamente hostil a los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad. Dentro del segundo bloque de ataques, quizás el más grave sea la renuncia por parte del Estado a la financiación total de las universidades públicas, por lo que serán grandes empresas y multinacionales las que "cubran" este hueco, claro está, llevándose algo a cambio. Y lo que se llevarán no será un aspecto secundario: la capacidad de decidir a qué se deben dedicar los recursos de cada universidad. En la práctica podrán decidir si determinadas carreras son "necesarias" o no, acabando en la práctica con aquellas que no guarden ningún interés con el sector productivo al que se dedique la empresa en cuestión, en última instancia contribuyendo a la extinción de carreras enteras. ¿Qué interés podría tener Repsol, por ejemplo, en que en la universidad que patrocine se impartan carreras como historia, filosofía o humanidades?
Hay que unificar y ampliar la lucha
Cada vez somos más los sectores de la sociedad que estamos en lucha en defensa de nuestras condiciones de vida y trabajo: sanidad, transporte, automóvil, despedidos por EREs... Ante esta realidad es indispensable que los dirigentes de CCOO y UGT convoquen una huelga general en defensa del empleo, de los servicios sociales y para que la crisis la paguen sus responsables: los capitalistas. Los dirigentes de los dos principales sindicatos deben estar a la altura de las circunstancias y pasar de una manera inequívoca a la ofensiva en defensa de los trabajadores y de los servicios públicos.
La lucha del SE en defensa de la educación pública continúa. Ya hemos convocado huelga de estudiantes de secundaria para los días 19 y 25 de marzo en Catalunya y Madrid, respectivamente, coincidiendo con las huelgas de profesores en estas comunidades, para evitar que un derecho tan elemental como es la educación continúe privatizándose, convirtiéndose en un lucrativo negocio para unos pocos y algo inalcanzable para la mayoría de la sociedad. Ese es el camino que debemos tomar, pero no con luchas disgregadas que disipen nuestras fuerzas. Desde el SE reivindicamos la necesidad de aglutinar todas estas luchas y protestas en una potente Huelga General de todo el Estado para que el gobierno del PSOE defienda en la práctica, y no en los discursos, los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad, los intereses de la clase trabajadora.
