Finalmente se ha hecho público el Informe sobre centros de protección
de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad
social, elaborado por el Defensor del Pueblo a raíz de las reiteradas
denuncias que había recibido, entre ellas la presentada por los
compañeros del Sindicato de Estudiantes y de Críticos de CCOO de
Guadalajara. Este demoledor informe no hace sino constatar lo que
numerosos colectivos llevan años denunciando: que en muchos centros de
menores se maltrata a los niños y niñas allí internados.
Finalmente se ha hecho público el Informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, elaborado por el Defensor del Pueblo a raíz de las reiteradas denuncias que había recibido, entre ellas la presentada por los compañeros del Sindicato de Estudiantes y de Críticos de CCOO de Guadalajara. Este demoledor informe no hace sino constatar lo que numerosos colectivos llevan años denunciando: que en muchos centros de menores se maltrata a los niños y niñas allí internados.
Agresiones físicas camufladas como "contenciones", insultos, trato vejatorio y humillaciones de todo tipo escondidas como "medidas educativas creativas", el abuso de psicofármacos, la no escolarización incluso de los menores de 16 años y la utilización de celdas de aislamiento. Sobre estas celdas, citamos palabras textuales de Enrique Mújica durante su comparecencia en el Senado: "Estas salas denominadas -no sin buena dosis de eufemismo- salas de reflexión o salas de baja estimulación, llegan a tener, en algún caso, portones de hierro y paredes forradas de caucho negro, carecen de ventilación, y apenas alcanzan los tres metros de longitud. Algunos menores nos aseguraron, Señorías, que pueden permanecer recluidos en ellas por tiempo indeterminado. La utilización de estas salas es defendida por algunos especialistas, que intentan justificar esta atrocidad pseudocientífica argumentando que se trata de que el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia. Un instante de permanencia en el interior de esas celdas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad que debieran inspirar todos los métodos de intervención terapéutica". Esta es la bárbara realidad que afrontan cada día miles de niños y niñas.
El informe también critica duramente la dejadez de las distintas Comunidades Autónomas ante la falta de supervisión sobre los centros en los que delegan la guarda de los menores que están bajo su tutela. Así mismo señala la inexistencia de mecanismos por los cuales los internos puedan hacer valer sus derechos (que en muchos casos desconocen) y presentar quejas. Ante esta situación, resultan esperpénticas las declaraciones realizadas en rueda de prensa conjunta por Engracia Hidalgo, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ellas, no sólo tienen la desvergüenza de negar la mayor, sino que incluso se atreven a cuestionar la metodología utilizada por los inspectores de la oficina del Defensor del Pueblo ¡porque entrevistan a los internos! Esta ha sido la táctica general, utilizada también por los responsables de la Junta de Castilla - La Mancha y por el propio Emilio Pinto, presidente de la Fundación O´Belen (cuyos centros son los peor parados en el informe): negarlo todo, denigrar al Defensor del Pueblo y tratar de criminalizar a los chavales allí internados tratando de presentarles ante la opinión pública como poco menos que psicópatas. Todos los responsables políticos implicados, y más los que han salido públicamente defendiendo a los empresarios que gestionan los centros, deben dimitir o ser cesados de inmediato.
Por el contrario, el PSM ha pedido en la Asamblea que se rescindan los convenios con O´Belen y se investiguen los hechos denunciados, e IU ha metido el dedo en la llaga, cuestionando la privatización de la atención a los menores en desamparo y con dificultades sociales. Incluso el Consejo General de Educadores Sociales ha denunciado que los requisitos mínimos de contratación son sistemáticamente incumplidos en la mayoría de comunidades autónomas, así como la ineficacia de la supervisión que realizan las administraciones sobre estos centros de menores. A su vez, este colegio profesional ha mostrado su más profunda repulsa por los procedimientos aplicados en estos centros terapéuticos de menores.
Fracaso absoluto del modelo
Más allá de que en unos centros se maltrate de manera salvaje y en algunos otros no (cuestión por otra parte nada secundaria, ya que los responsables directos e indirectos deben ser juzgados y sus víctimas indemnizadas), lo principal es el fracaso evidente del modelo actual. Al menos es así en cuanto a los objetivos declarados del mismo. Otra cosa es la realidad. Los verdaderos objetivos de toda esta red de centros no son tan altruistas como parecen a simple vista. Quienes dirigen la sociedad se enfrentaban a un problema: ¿qué hacer con los "excedentes sociales"? ¿con los excluidos, con los marginados? El capital dio con la solución. Para evitar que se pudieran convertir en un problema de cara al resto de la sociedad, había que esconderlos, encerrarlos. Y como no podían explotarlos como mano de obra, les han convertido en materia prima, la materia prima que necesitan las empresas de la "solidaridad", esas entidades benéficas sin ánimo de lucro. Y para ello, claro, era necesario privatizar los servicios sociales. Así es como surgieron todas esas malditas ONGs que trabajan por el interés superior de los menores. Con dos ejemplos bastará. La Fundación O´Belen fue creada por políticos derechistas de segunda fila y empresarios vinculados al ladrillo y la banca. Dianova simplemente es una secta, cuyo fundador fue condenado en Francia por blanqueo de capitales y al morir tenía pendientes, entre otros, juicios por violar a menores de 15 años.
La lucha tiene dos frentes. El primero es obvio. Luchar contra la privatización de los servicios sociales. Y no sólo de los centros de menores. Necesitamos unos servicios sociales públicos, de calidad y democráticos, controlados por la propia comunidad. El otro requiere un cambio de modelo. Es urgente buscar otras formas de abordar los sin duda graves problemas que sufren los chavales que acaban internos en los centros. Nuevos (y no tan nuevos pero sí conscientemente ignorados) paradigmas de actuación deben ser potenciados. Porque, si bien acabar con la gestión privada de los centros sería un gran paso adelante, esto por sí mismo no nos garantizaría el éxito. La institucionalización prolongada es nefasta para el desarrollo de cualquier niño, más para aquellos que parten de una grave desigualdad social. Y no es una utopía. Existen alternativas viables al internamiento, incluso en nuestra sociedad actual y para aquellos chavales que los técnicos y expertos de todo tipo califican de "irrecuperables". Por ejemplo, las familias de acogida profesionales. Muchas ya funcionan, sin ayudas, con más zancadillas que apoyo desde las administraciones y con mucho más éxito que las instituciones oficiales.
Agresiones físicas camufladas como "contenciones", insultos, trato vejatorio y humillaciones de todo tipo escondidas como "medidas educativas creativas", el abuso de psicofármacos, la no escolarización incluso de los menores de 16 años y la utilización de celdas de aislamiento. Sobre estas celdas, citamos palabras textuales de Enrique Mújica durante su comparecencia en el Senado: "Estas salas denominadas -no sin buena dosis de eufemismo- salas de reflexión o salas de baja estimulación, llegan a tener, en algún caso, portones de hierro y paredes forradas de caucho negro, carecen de ventilación, y apenas alcanzan los tres metros de longitud. Algunos menores nos aseguraron, Señorías, que pueden permanecer recluidos en ellas por tiempo indeterminado. La utilización de estas salas es defendida por algunos especialistas, que intentan justificar esta atrocidad pseudocientífica argumentando que se trata de que el niño toque fondo, de doblegar del todo su resistencia. Un instante de permanencia en el interior de esas celdas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad que debieran inspirar todos los métodos de intervención terapéutica". Esta es la bárbara realidad que afrontan cada día miles de niños y niñas.
El informe también critica duramente la dejadez de las distintas Comunidades Autónomas ante la falta de supervisión sobre los centros en los que delegan la guarda de los menores que están bajo su tutela. Así mismo señala la inexistencia de mecanismos por los cuales los internos puedan hacer valer sus derechos (que en muchos casos desconocen) y presentar quejas. Ante esta situación, resultan esperpénticas las declaraciones realizadas en rueda de prensa conjunta por Engracia Hidalgo, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ellas, no sólo tienen la desvergüenza de negar la mayor, sino que incluso se atreven a cuestionar la metodología utilizada por los inspectores de la oficina del Defensor del Pueblo ¡porque entrevistan a los internos! Esta ha sido la táctica general, utilizada también por los responsables de la Junta de Castilla - La Mancha y por el propio Emilio Pinto, presidente de la Fundación O´Belen (cuyos centros son los peor parados en el informe): negarlo todo, denigrar al Defensor del Pueblo y tratar de criminalizar a los chavales allí internados tratando de presentarles ante la opinión pública como poco menos que psicópatas. Todos los responsables políticos implicados, y más los que han salido públicamente defendiendo a los empresarios que gestionan los centros, deben dimitir o ser cesados de inmediato.
Por el contrario, el PSM ha pedido en la Asamblea que se rescindan los convenios con O´Belen y se investiguen los hechos denunciados, e IU ha metido el dedo en la llaga, cuestionando la privatización de la atención a los menores en desamparo y con dificultades sociales. Incluso el Consejo General de Educadores Sociales ha denunciado que los requisitos mínimos de contratación son sistemáticamente incumplidos en la mayoría de comunidades autónomas, así como la ineficacia de la supervisión que realizan las administraciones sobre estos centros de menores. A su vez, este colegio profesional ha mostrado su más profunda repulsa por los procedimientos aplicados en estos centros terapéuticos de menores.
Fracaso absoluto del modelo
Más allá de que en unos centros se maltrate de manera salvaje y en algunos otros no (cuestión por otra parte nada secundaria, ya que los responsables directos e indirectos deben ser juzgados y sus víctimas indemnizadas), lo principal es el fracaso evidente del modelo actual. Al menos es así en cuanto a los objetivos declarados del mismo. Otra cosa es la realidad. Los verdaderos objetivos de toda esta red de centros no son tan altruistas como parecen a simple vista. Quienes dirigen la sociedad se enfrentaban a un problema: ¿qué hacer con los "excedentes sociales"? ¿con los excluidos, con los marginados? El capital dio con la solución. Para evitar que se pudieran convertir en un problema de cara al resto de la sociedad, había que esconderlos, encerrarlos. Y como no podían explotarlos como mano de obra, les han convertido en materia prima, la materia prima que necesitan las empresas de la "solidaridad", esas entidades benéficas sin ánimo de lucro. Y para ello, claro, era necesario privatizar los servicios sociales. Así es como surgieron todas esas malditas ONGs que trabajan por el interés superior de los menores. Con dos ejemplos bastará. La Fundación O´Belen fue creada por políticos derechistas de segunda fila y empresarios vinculados al ladrillo y la banca. Dianova simplemente es una secta, cuyo fundador fue condenado en Francia por blanqueo de capitales y al morir tenía pendientes, entre otros, juicios por violar a menores de 15 años.
La lucha tiene dos frentes. El primero es obvio. Luchar contra la privatización de los servicios sociales. Y no sólo de los centros de menores. Necesitamos unos servicios sociales públicos, de calidad y democráticos, controlados por la propia comunidad. El otro requiere un cambio de modelo. Es urgente buscar otras formas de abordar los sin duda graves problemas que sufren los chavales que acaban internos en los centros. Nuevos (y no tan nuevos pero sí conscientemente ignorados) paradigmas de actuación deben ser potenciados. Porque, si bien acabar con la gestión privada de los centros sería un gran paso adelante, esto por sí mismo no nos garantizaría el éxito. La institucionalización prolongada es nefasta para el desarrollo de cualquier niño, más para aquellos que parten de una grave desigualdad social. Y no es una utopía. Existen alternativas viables al internamiento, incluso en nuestra sociedad actual y para aquellos chavales que los técnicos y expertos de todo tipo califican de "irrecuperables". Por ejemplo, las familias de acogida profesionales. Muchas ya funcionan, sin ayudas, con más zancadillas que apoyo desde las administraciones y con mucho más éxito que las instituciones oficiales.
Para más información: www.noaobelen.com
